MENDOZA / Inseguridad y políticas sociales / Escribe: Héctor Eduardo Garófoli

Hay ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que creen que está mal que el Estado lleve adelante las denominadas “políticas sociales”, como el Plan para Jefas y Jefes de Hogar, la Asignación Universal por Hijo, asignaciones especiales a mujeres embarazadas, distintos planes para personas desocupadas, pensiones no contributivas, incorporación de abuelos y abuelas al sistema jubilatorio, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y otras, todas concebidas como políticas de inclusión social, y al mismo tiempo reclaman ofuscadamente por la inseguridad, sin advertir que así incurren en una contradicción insalvable que, si se tradujese en políticas gubernamentales (es decir, si se omitieran esas políticas), agravarían significativamente los problemas de la inseguridad ciudadana. Esa creencia reposa en la falta de conocimiento de lo que son las políticas sociales y sus efectos, al menos en su sentido actual.



La primera cuestión a tener en cuenta es que el Estado, por mandato constitucional, por sentido humanitario y por imperativo moral, está obligado a promover el bienestar general hasta el ideal de que no exista ninguna persona desamparada en nuestro país. Estas tres razones deberían ser más que suficientes para nadie tenga motivos para oponerse a esas políticas sociales.
Otro aspecto a considerar, además del precedente, es que, tal como lo dijo la señora Presidenta de la Nación, también se trata de una cuestión de “inteligencia económica”. Con los recursos que ingresan a las personas y familias en situación de pobreza o de indigencia, éstas no solo ven cubiertas parte de sus necesidades básicas sino que ingresan en el sistema económico, generando demanda de mercaderías y servicios, lo que contribuye al aumento de la producción y, en consecuencia, del empleo, poniendo en movimiento un círculo virtuoso de la economía. Ese dinero no va a parar a ningún paraíso fiscal ni a ninguna cuenta bancaria secreta de Suiza, que es lo que suelen hacer muchos de nuestros grandes, geniales y patriotas empresarios; se queda en el barrio, en la provincia, en nuestro país.
Y, a los fines de esta nota, el aspecto más relevante es el impacto de las políticas sociales sobre la seguridad ciudadana. Las causas de los problemas de la inseguridad son múltiples y complejas; no hay una causa única, ni unas pocas. No obstante ello, podemos identificar dos que tienen una influencia significativa en la producción de los delitos que preocupan a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Una es el tráfico de drogas ilegales y otra, la reincidencia. El narcotráfico necesita reclutar vendedores y producir consumidores. Las familias de padres y madres desocupados y abandonadas por el Estado (o sea, por toda la sociedad integrada al sistema económico, político y social), quedan sumidas en las más dramáticas y terribles condiciones de vida, o más precisamente en vías de muerte por inanición y, por lo tanto, son presas de la desesperación. En esos contextos, el narcotráfico encuentra principalmente en los adolescentes, ante la enormidad de sus padecimientos y necesidades esenciales, un inmenso caudal de reclutas que terminan cumpliendo cualquiera de los dos roles (consumidores y/o vendedores) o los dos juntos. El adicto tiene que consumir; para consumir tiene que pagar; para pagar debe tener dinero y para obtener dinero en situación de exclusión social y desamparo absoluto -desquiciado y sin dominio de su voluntad-, no encuentra otra alternativa que robarlo donde sea y como sea, a cualquiera y en cualquier lugar, con o sin violencia, con o sin matar. Se altera profundamente el orden familiar. En posición de vendedores, el dinero no lo traen los padres, sino sus hijos adolescentes. Estos se convierten en el sostén de la familia y consecuentemente, en muchos casos, en jefes de hecho del hogar. Los padres pierden totalmente su autoridad y deben resignarla por imperio de la extrema necesidad en que se encuentran, provocada por la brutal y acelerada exclusión laboral construida por el modelo económico neoliberal de los 90, cuyas consecuencias demandará mucho tiempo terminar de erradicar. Dicho de otra manera, las políticas económicas de los 90, tal vez conscientemente, fueron funcionales a la expansión del narcotráfico, de las adicciones, del delito y de la inseguridad que hoy padecemos.
Por otra parte, en la reincidencia en el delito de las personas que recuperan su libertad, influye la ineptitud y la incomprensión de una sociedad que no está dispuesta a ofrecerles trabajo. Por más que se prepare e instruya a las personas privadas de libertad para el desarrollo de actividades laborales, cuando están en condiciones de lograr la reinserción social y laboral, se encuentran con un mundo que se las niega.



Las políticas sociales, y especialmente las que se vienen manteniendo e implementando desde el año 2003, ayudan a paliar las graves situaciones de vulnerabilidad social de los sectores poblacionales afectados, brindando protecciones y amparos vitales para garantizar niveles mínimos de dignidad humana, asegurando la vigencia de derechos humanos fundamentales. Entre las funciones más importantes de las políticas sociales están las que restituyen el orden familiar, les devuelven la autoridad moral a padres, madres y abuelos, cubren necesidades elementales, atenúan los padecimientos, facilitan la escolarización, satisfacen mínimos niveles de dignidad, y evitan que tanto niños y adolescentes, como quienes recuperan la libertad, sean reclutados por el narcotráfico o impulsados a reincidir.
Entre quienes cuestionan las políticas sociales, algunos afirman que solo sirven para mantener vagos. Supongamos, en el peor de los casos, que con algunas personas ocurra eso. Sin embargo, debemos reconocer que no es lo mismo un haragán satisfecho que un haragán desesperado. Aún en estas circunstancias se produce una gran diferencia que influye sobre la antinomia existente entre seguridad e inseguridad.
Las políticas sociales le restan mano de obra al narcotráfico y constituyen un freno a la expansión del delito.
En definitiva, las políticas sociales son también efectivas políticas de seguridad.
¿Se imagina usted cómo sería hoy la situación, si en los últimos nueve años no se hubiesen realizado esas políticas sociales que algunos objetan?
Imagínelo; será un provechoso ejercicio mental.

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