ARGENTINA / De torturadores a “héroes de Malvinas” / Escribe: Daniel Enzetti

Un grupo de ex soldados no reconocido por el Estado, que presiona al gobierno para cobrar pensiones vitalicias, lo considera “héroe”. El militar participó en operativos de desaparición de personas en la dictadura y su caso no es el único.




La Asociación Civil TOAS (Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur) Plaza de Mayo, formada por ex soldados que durante el conflicto de Malvinas ocuparon cuarteles en la Patagonia, homenajeó hace pocos días al general de brigada Miguel Ángel Arévalo Clodoveo, y lo subió al escalón de “héroe” de guerra, según advirtió la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Arévalo no se trató de un militar cualquiera. La entidad lo señaló como integrante de la patota que en abril de 1976 fue a secuestrar al dirigente del Partido Comunista Floreal Avellaneda a su casa en Munro, y al ver que escapaba por los fondos, se llevó como botín a su mujer Iris Pereyra y al hijo de ambos, también llamado Floreal, “el Negrito”.

Arévalo ocupa un lugar destacado en el sitio web El Malvinense, autodefinido como “el diario de Malvinas más leído del mundo”, y es uno de los cuadros medios partícipes en el terrorismo de Estado más reivindicado por los que levantan el discurso pro belicista vinculado con lo ocurrido en las islas.
El caso es parecido al de Pedro Giachino, represor destinado a la Costa Atlántica durante la dictadura. “Un buzo táctico –arenga El Malvinense– pasó a la eternidad como el primer héroe caído en combate por la Patria en este conflicto. Era el capitán de fragata post mortem Pedro Edgardo Giachino. Según cuentan algunos de sus compañeros este marino siempre había dado muestras de un valor sin igual.”

En una charla mantenida con Tiempo Argentino, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, sostuvo que “en Malvinas hubo efectivos que habían tenido niveles altos de responsabilidad en campos clandestinos de la dictadura, como Pedro Giachino, conocido integrante de los grupos de tareas de la ESMA y la Base Naval de Mar del Plata como ‘Pablo’. Combatir en las islas, e incluso haber muerto allí, no libera a esta gente de sus responsabilidades por las tropelías que cometieron contra sus compatriotas.”
La reciente reivindicación de Arévalo forma parte de una serie de acciones que grupos de ex combatientes vinculados a sectores carapintadas vienen desarrollando en los últimos meses, entre otras cosas, resistiéndose a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación investigue y condene las torturas y vejaciones que, durante la guerra en el sur, cometieron oficiales y suboficiales contra soldados de su propia tropa. Actualmente, la megacausa que estudia el alto tribunal involucra a unos ochenta uniformados, mencionados en más de un centenar de testimonios que hablan de homicidios, estaqueamiento, reducción a la servidumbre y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

La derecha en las islas. La LADH recordó que “Iris y Floreal (hijo) fueron conducidos a la comisaría de Villa Martelli (ver aparte), donde fueron salvajemente torturados. Allí fue la última vez que fue visto con vida Floreal, dado que en sus sucesivos traslados al Campito de Campo de Mayo y la Cárcel de Olmos, Iris no volvió a ver a su hijo, quien aparecería en la Ensenada del Puerto de Montevideo junto a otros cadáveres arrojados al Río de la Plata por los grupos de tareas a los que pertenecía el general Miguel Ángel Arévalo Clodoveo, como quedó debidamente probado en el juicio oral de 2009, donde fueran condenados los generales (Santiago Omar) Riveros y (Fernando) Verplaetsen, junto a otros represores de menor rango militar y policial”. Y agregó: “Si el general Arévalo hubiera sobrevivido a Malvinas y llegado al juicio del 2009, hubiera corrido la misma suerte: condenado por terrorista de Estado y genocida.”

Los activistas de TOAS, entidad liderada por Tulio Fraboschi, acostumbran acampar en la Plaza de Mayo una vez por año, en reclamo de que se les reconozcan “honores” como ex combatientes y, de esa manera, poder acceder a una pensión vitalicia. Lo hicieron durante el mes pasado, clavando en la tierra grandes crucifijos blancos envueltos en banderas argentinas. En la cobertura periodística de la vigilia, el diario Perfil del pro golpista Jorge Fontevecchia llegó a inventar que la presidenta Cristina Kirchner trasladó los últimos actos conmemorativos de Malvinas a Ushuaia para “evitar los reclamos de los ex conscriptos movilizados”, que no pasaban de un puñado.

Semanas antes del acampe, un grupo de ex soldados cortó la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y tirando piedras al grito de “¡Viva la Patria!” y “¡Huevo, Huevo!”, también exigieron ser considerados miembros de tropas activas, aunque nunca hayan pisado las islas. En esa oportunidad, TOAS dijo que “no conocía” a los manifestantes, a los que la ministra de Seguridad Nilda Garré acusó por “recurrir a la extorsión para tratar de lograr los mismos beneficios que la Nación reconoce a quienes combatieron en el teatro de operaciones”. Muchos de ellos ni siquiera tenían la edad correspondiente a los movilizados en esa época.

La avanzada de la línea militarista de ex combatientes, que incluso muestra entre sus filas a genocidas conocedores de los campos de concentración y mencionados en varias causas de lesa humanidad, es también una respuesta al kirchnerismo para marcar terreno. O mejor dicho, para no perder el poco que le queda. Sobre todo a partir de la decisión que motorizó el gobierno al normalizar la Comisión Nacional de Ex Combatientes, y nombrar a principios de mayo como máximo referente del organismo a Ernesto Alonso, soldado clase ’62 que participó en el conflicto bélico. Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), es desde 2007 uno de los máximos impulsores de la causa por las torturas que sufrieron sus compañeros. Y desde el Centro, presidido hoy por Mario Volpe, investigó y advirtió sobre la “Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del Atlántico Sur” que, gracias al decreto menemista 866 de 1995, cobraban los represores Mario Benjamín Menéndez, Antonio Pernías y Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, además del general de División Osvaldo Jorge García y los generales de Brigada Juan Ramón Mabragaña y Omar Edgardo Parada.

Durante mucho tiempo, el cuerpo de ex veteranos fue digitado por Mohamed Alí Seineldín, y en la presidencia de Carlos Menem la Comisión estuvo encabezada por César Trejo.

El sector liderado por Trejo, afecto a reivindicar a los carapintadas y exaltar el “heroísmo” de muchos camaradas, cuyo mejor entrenamiento para la aventura de 1982 había sido el terrorismo de Estado, no sólo niega los vejámenes a soldados de parte de sus mismos superiores, sino que además resisten la idea de identificar los 114 cuerpos NN sepultados en el Cementerio de Darwin como parte de las 237 tumbas existentes en el lugar. El reclamo, que comenzó siendo patrocinado por el actual juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue iniciado por el CECIM de La Plata y un grupo de familiares de ex combatientes, entre los cuales se encuentra Norma Gómez, también hoy integrante de la Comisión encabezada por Alonso.

Soldados de mano dura. El pasado 22 de abril, los grupos violentos no se quedaron en la protesta. Cuando el periodista y ex combatiente Edgardo Esteban daba una charla en la Feria del Libro, irrumpieron en la sala en medio de gritos y empujones, para evitar que se desarrollara la actividad. A los pocos días, se supo que la banda era la misma que el 7 de febrero había atacado al diputado José María Díaz Bancalari a la salida de la Casa Rosada, después que Cristina Kirchner anunciara la formación de una comisión especial para investigar todo lo ocurrido en Malvinas.



La elección del agredido no fue casual. Escritor, ex titular de las Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina y jefe de corresponsalía de Telesur en Buenos Aires, Esteban es el autor del libro Iluminados por el Fuego sobre su experiencia en la guerra, base de la película del mismo nombre, dirigida por Tristán Bauer. En 2007, cuando el film se exhibió en Corrientes como parte de una jornada organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, un grupo de ex soldados emocionados se le acercó al subsecretario Vassel, y le hicieron una confesión. “La película es excelente, pero se queda corta”, le dijeron a Vassel. El abogado no entendió qué era quedarse corto frente a las escenas que habían visto. “Nos referimos a las torturas. ¿Usted sabe que muchos de nosotros fuimos torturados por nuestros superiores?” Fue la primera vez que un funcionario se enteró de los vejámenes sufridos por los conscriptos, historias que ni siquiera se habían animado a contar a sus propias familias. Ahí mismo surgió la idea de grabar aquellos testimonios, que sirvieron como primer paso para la actual megacausa que tramita en la Corte Suprema. Desde ese momento, Esteban fue otro de los que militó con más fuerza para que la querella avanzara, y se condenara a los culpables.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 2 de junio de 2012)

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