La hora de los Derechos Humanos / Escriben: Alfredo Guevara y Pablo Salinas

El pasado 12 de octubre suscribimos un acuerdo de solución amistosa con los
representantes del Gobierno de la República Argentina en el caso 1231/04
denominado “Penitenciarías de Mendoza” que tramita ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.



La novedad es que el acuerdo no implicará solo la correspondiente reparación
a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Lo más importante es que
implica un avance fundamental en materia de calidad institucional y derechos
humanos:

● Mendoza tendrá por fin una “Defensoría del Pueblo”, al igual que la
Nación y otras 17 Provincias. Esta institución tendrá por objeto la defensa de
los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. En la designación del
Defensor del Pueblo, como no puede ser de otra manera, deberán tener
fundamental protagonismo las organizaciones de la sociedad civil; y dicha
institución deberá jugar un rol fundamental en la defensa de derechos
individuales y colectivos de usuarios, consumidores, pobladores originarios;
derechos de niños y adolescentes; además de tener legitimación para actuar
como “ombudsman ambiental” conforme a la ley 5961.

● Asimismo, al elevarse al rango de Subsecretaría la actual coordinación
de Derechos Humanos -compromiso asumido en el acuerdo-, incorporamos
el paradigma de los Derechos Humanos al propio Estado Provincial. La
defensa de los derechos humanos pasará a ser una prioridad del Estado, quien
no podrá eludir las obligaciones que le son propias en virtud de la Constitución
y demás tratados internacionales con igual rango.

● La constitución de un “Mecanismo Local” para prevenir la tortura y otros
tratos inhumanos, crueles y degradantes a cargo de un órgano formado por
personalidades independientes del Estado deberá ajustarse a la característica
de autonomía e independencia prevista en el “Protocolo Facultativo”. Este
organismo no puede ser designado por los poderes del Estado, sino que por
naturaleza deberá ser compuesto por las organizaciones de la sociedad civil
que desde hace años realizan tareas similares.

● Por su parte, la “Procuración Penitenciaria”, será también un órgano
independiente, similar al creado mediante ley 25.875 y que rige desde
diciembre de 2003 en el orden nacional. Su objetivo fundamental es
proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
cualquier establecimiento de la Provincia; que será acompañado por una nueva
defensoría de pobres y ausentes que actúe exclusivamente ante los Juzgados
de Ejecución Penal.

● Como medio de reparación simbólica, quedará una placa recordatoria
en la entrada de la Penitenciaría Provincial, destacando los nombres de las
víctimas y las medidas adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.




A pesar de la claridad de los compromisos asumidos algunos de los integrantes
de la gestión que terminó el 10 de diciembre de 2011 se empeñaron en impedir
la participación activa de la sociedad civil en la integración y constitución
de la nueva institucionalidad democrática.

Que no les quepa duda alguna que en ese caso, denunciaremos el incumplimiento ante el conjunto de la sociedad, y ante los organismos jurisdiccionales pertinentes, porque ya es tiempo que en Mendoza llegue la hora de los derechos humanos.

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