Lo hallamos en el arcón de los recuerdos de estos años de kirchnerismo. Hoy lo compartimos con usted, querido lector de PROYECTARIO. Se trata de un documento histórico que se elaboró desde la organización Carta Abierta y que sienta posición, como es costumbre de ese conjunto político, acerca de uno de los temas sensibles de la agenda nacional.
25 PREGUNTAS CLAVES QUE DEBERÁN RESPONDER LOS SECTORES QUE SE OPONEN AL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1.- ¿Existe en nuestro país una ley más democrática que este proyecto de ley y que haya sido elaborada más democráticamente que esta propuesta, concebi-da conceptualmente por más de 300 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el año 2004, y debatida y consensuada en todo el país en innumerables foros públicos, sociales, académicos y políticos desde entonces?
2.- ¿Es antidemocrático un proyecto que propone distribuir las frecuencias radioeléctricas en un 33% para la gestión privada, otro 33 % para la gestión de organizaciones sociales sin fines de lucro y el ultimo 33 % para la gestión pública, y que pone realmente en pie de igualdad a todos los ciudadanos y a todos los medios de comunicación para poder expresar efectivamente sus opiniones e ideas por diversos medios de comunicación?
3.- ¿Es razonable posponer el tratamiento del proyecto para después del 10 de diciembre, cuando ya se inició la transición del sistema analógico al DIGITAL, sin que existan hoy las previsiones legales necesarias al respecto, teniendo en cuenta que la demora en su sanción podría tener como consecuencia la apropiación de la multiplicidad de señales que se derivarán de una sola frecuencia, por parte de los grupos multimedios, reforzando sus posiciones monopólicas y oligopólicas?
4.- ¿Es verdad que el otorgamiento de las licencias se podrá revocar cada 2 años, cuando el texto del proyecto establece que lo que se hará cada 2 años será revisar las reglas de los arts. 38 y 39, únicamente en relación a la utilización de nuevas tecnologías (principalmente la digital), sin afectar los derechos de los titulares de licencias al momento de la revisión, con el único objetivo de impedir que algunos prestadores se posicionen en forma dominante, concentrada y monopólica?.
5.- El 28 de junio ppdo, ¿se votó por una revocatoria de mandatos legislativos, para que los actuales representantes parlamentarios que adhieren al oficialis-mo finalizaran anticipadamente sus mandatos populares y provinciales?
6.- ¿El Congreso de la Nación cerrará sus puertas hasta el 10 de diciembre y no tratará ningún proyecto de ley?
7.- ¿El P.E.N. ya no está facultado para remitir al Congreso los proyectos de ley que considere necesarios?
8.- ¿Para qué los ciudadanos de la República Argentina les pagamos los suel-dos a los legisladores, si no van a cumplir con sus obligaciones ni resolverán las cuestiones que por mandato constitucional y popular tienen la obligación de resolver?
9.- ¿La dictadura militar estuvo más legitimada que el Congreso Nacional, constituido democráticamente desde 1983, para sancionar normas sobre radiodifusión?
10.- ¿Cuántos representantes parlamentarios por la segunda y tercera minoría política argentina integran el COMFER, actual autoridad de aplicación del Decreto Ley de Radiodifusión nº 22.285?
11.- ¿Cuantos representantes de los megamedios de comunicación (y/o de los medios chicos y medianos) integran de alguna manera algún órgano o consejo del COMFER?
12.- ¿Cuántos representantes de los periodistas integran algún órgano de esa institución?
14.- ¿Cuántos representantes de las provincias, de las Universidades Naciona-les, de las carreras y facultades de periodismo y comunicación social y de o-tros sectores interesados integran algún órgano del COMFER?
15.- ¿Es autoritario y antidemocrático que el proyecto conceptualice y defina la actividad de los medios de comunicación como una Actividad de Interés Público, reconociendo a la comunicación como un derecho humano fundamental?
16.- ¿Es racionalmente cuestionable que el proyecto propicie la creación de un Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, prevea la Protección de la Niñez por Contenidos Delicados, y reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos del derecho a la libertad de expresión, en concordancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño?
17.- ¿Es racional y democráticamente cuestionable que el proyecto promueva la creación de una Defensoría del Público y que garantice la participación ciudadana en la realización de Audiencias Públicas?
18.- ¿Es racional y democráticamente cuestionable que el proyecto fomente la diversidad y los contenidos regionales, que establezca la Cuota de Pantalla del Cine Nacional, que el 60 % de la producción de TV sea de producción nacional, y fije porcentajes mínimos obligatorios para la difusión de la música nacional en los medios radiales y que posibilite la generación de innumerables fuentes de trabajo para los productores y artistas locales de cada provincia?
19.- ¿Es verdad que el proyecto otorga posición monopólica a las empresas de telecomunicaciones, siendo que, al posibilitar el ingreso como nuevos actores del sector a los prestadores de servicios públicos, también podrán ingresar, por ejemplo, los prestadores de servicios de energía eléctrica, etc., que todos esos prestadores deberán tener siempre un 70 % de capital nacional y que, además, limita a 10 la cantidad de licencias de televisión y a 24 de radio que puede tener cada actor, y que nunca podrán cubrir mas del 35 por ciento del total de la población o de los abonados, y que siempre estarán dentro del 33% de las frecuencias asignadas al sector?
20.- ¿Tan buena es la normativa actual de la radiodifusión que los megamedios y la oposición la quieren más a la propiciada en el actual proyecto?
21.- ¿El Decreto ley 22.285, no reposa, acaso, sobre la sangre de todos los periodistas secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados por la dictadura militar?
22.- ¿Si durante 25 años de democracia fallaron todos los intentos de sancionar una nueva ley de radiodifusión, quién garantiza que luego de postergar su tratamiento, tendremos una nueva ley que, como el proyecto actual, adopte una política comunicacional de neto corte universalista, plasmada en una normativa precisa, que permita el máximo aprovechamiento de los medios de comunicación, y de los sistemas de información y comunicación, mediante una administración y distribución equitativa y justa de las frecuencias radioeléctricas (de radio y televisión), y de las señales que permitirán de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que cree para ello un organismo público federalista y democrático de aplicación de la ley, dotado de los recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos necesarios para el desempeño de su rol de garante del cumplimiento de la ley; asegurando en ese organismo la participación de todos los sectores interesados y de la ciudadanía en general?
23.- ¿Es políticamente incorrecto que nuestro país de cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional, mediante la suscripción de los Tratados Internacionales, en todo lo relativo al derecho humano fundamental a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación, al derecho a buscar, a transmitir y a recibir informaciones e ideas y opiniones, de todo tipo, sin limitación de fronteras, y por cualquier medio de comunicación y expresión?
24.- ¿Porqué no habría de tratarse un proyecto de ley que responde plenamente a los estándares internacionales del derecho a la libertad de expresión y que ha sido elogiado por todos los organismos internacionales competentes en la materia como lo mas avanzado en todo el mundo?
25.- ¿Es una mentira afirmar que los multimedios y la mayoría de la oposición al proyecto no participaron ni cubrieron, ni informaron periodísticamente sobre los 24 foros-debate impulsados por el PEN que se realizaron en todo el país?
