El compañero Torres / Escribe: Viviana Beigel






Hay personas que merecen ser recordadas. Personas como Rosario Aníbal Torres, militante montonero asesinado en el centro clandestino D2 de Mendoza en Junio de 1976, cuando nuestro país sufría la más sangrienta dictadura de la historia.

Rosario Aníbal Torres vivía en San Luis para la época en que Héctor J. Cámpora asumía la presidencia de la Nación. Fue designado comisario de la Policía del Departamento San Martín, de San Luis y formó parte del proyecto político de esos años, con la convicción de generar un verdadero Estado de Derecho que asegurara un país con justicia.

El contexto en el que se desarrolló la labor de Rosario Aníbal Torres en la policía fue aquel que incluía la designación de Esteban Righi como ministro del interior, siendo los primeros proyectos de ley el de amnistía a los presos políticos, la derogación de las leyes represivas de persecución ideológica y el fin de los tribunales especiales, como lo era el llamado “Camarón Federal”. El gobierno se propuso amnistiar todas las violaciones de la ley perpetradas por móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida con el hecho, todo ello en el convencimiento que gracias a la lucha de estos presos había gobierno popular.



Para comprender las bases ideológicas del gobierno de Cámpora y del proyecto político que integraba Rosario Aníbal Torres, resulta ilustrativo el primer discurso presidencial. Allí Cámpora dijo: “Podrá la dictadura llenar las cárceles y los barcos, podrá gasear y apalear, torturar y fusilar, pero no conseguirá doblegar la decisión de un pueblo que quería la paz… La Argentina se ha convertido en un campo de saqueo de los intereses extranjeros… el Régimen se ha sustentado sobre la degradación material y cultural de nuestro pueblo… Esta es la verdadera y única razón de la violencia de los argentinos…”
Cámpora homenajeó en su discurso a “esa juventud maravillosa” y dijo que “en la concepción justicialista de la historia y de la política, el pueblo no es ni un estribo ni un escalón para llegar al poder: es el sujeto y el objeto de la historia y es el dueño de todas las decisiones.”

El 5 de junio de 1973, el Ministro del Interior del Gobierno de Cámpora, doctor Esteban Righi, dio su discurso a la policía federal marcando la impronta que tendrían durante este gobierno las fuerzas de seguridad. En la ocasión -y entre otros conceptos- dijo: ”…el ministro del Interior desea dirigirse a todos los hombres de la Policía Federal, desde el jefe hasta los agentes, para reflexionar con ellos acerca de su misión en esta nueva etapa histórica y poner en claro qué es lo que se debe y qué es lo que no se puede hacer. Existen todavía hábitos, reflejos, que inducen a actuar como si nada hubiera cambiado. Formas de comportamiento que se consideran normales simplemente porque hace muchos años que no se conocen otras.

“Dentro de la estructura de sometimiento que el pueblo padeció en los últimos años, las fuerzas policiales fueron puestas en un difícil papel. Esta realidad la conocen bien los hombres de la Policía, que han corrido todos los riesgos, que han debido hacer todos los sacrificios, en la primera línea de fuego, como brazo armado de un régimen cruel e inhumano. Encerrados dentro de las comisarías, y rodeados de vallas, fueron alejados del pueblo, sin desearlo ni buscarlo. Lo trágico de la situación que nuestra Policía ha vivido es que sus jefes, oficiales y tropas han sido compelidos a enfrentarse con las masas populares de las que surgieron, y que defendían un futuro mejor también para ellos. Es habitual llamar a los policías guardianes del orden. Así seguirá siendo. Pero lo que ha cambiado, profundamente, es el orden que guardan. Y en consecuencia, la forma de hacerlo. Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respaldado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humanos. La función policial no será combatir esas manifestaciones. Sólo encauzadas, ponerles razonables límites, impedir desbordes.

“Los hombres de la Policía pueden sentirse aliviados. Ahora nadie pretende que de sus armas deba salir la solución a los conflictos. Son los grandes movimientos de la sociedad. Los cambios revolucionarios que en ella se irán produciendo apaciguarán esas pasiones. Conseguirán analizar todas las energías hacia la ardua tarea de construir una Argentina justa, libre y soberana.

”¡Cómo vamos a ordenar reprimir al pueblo, si suyo es este Gobierno y en su nombre y por su voluntad actuamos! Dije que la Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable… En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas. Nadie será sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la justicia le imponga. La sociedad debe protegerse del delito, pero será ineficiente si no comienza por comprender que sus raíces no están en la maldad individual sino en la descomposición de un sistema que no ha ofrecido garantías ni oportunidades.

“La violencia ha sido una constante en el país en los últimos años porque el mal ejemplo vino de arriba. La ilegalidad ha gobernado en la Argentina porque el poder estuvo divorciado de su única fuente de legitimidad que es la soberanía popular, manifestada a través de sus instituciones establecidas en la Carta Magna… El castigo despiadado al infractor complementaba el ciclo. El aumento de la criminalidad de todo tipo y la vigencia paralela de formas extremas de represión, fueron la traducción del gran proceso de despojo y marginación de todos los argentinos. El gobierno del pueblo actuará sin pausas en la remoción de este cuadro aterrador, que hizo de cada habitante una víctima o un culpable.

“Cuando el gobierno del pueblo jura solemnemente que defenderá sin claudicaciones los derechos humanos, no está repitiendo una abstracción de liberalismo hipócrita. Piensa en hombres y mujeres concretos, a quienes permitirá disponer de un techo y un trabajo. De educación para sus hijos y cuidado para su salud. De bienes materiales pero también de objetivos espirituales. La Policía y las cárceles suelen ser mejores espejos de un gobierno que las palabras de los gobernantes. Queremos que en la Policía argentina también se refleje la transformación que ya comienza a vivir el país. Arbitraremos todos los medios para que así sea, y seremos inflexibles con quienes no lo entiendan. Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista. Esa es nuestra convicción y nuestra mejor garantía. Seamos dignos de ella”.

Al asumir en San Luis el Gobernador Elías Adre, en 1973, perteneciente al peronismo progresista, designó Ministro de Gobierno al abogado Julio Eberto Suárez. Una de las primeras medidas fue introducir una reforma policial amplia, que intentaba depurar sus filas de elementos asociados al delito y proclives a actuar contra el gobierno popular.

En San Luis, por Ley Orgánica policial, el gobierno de Adre creó cargos en los que instaló a civiles con jerarquía policial, y seleccionó para ello a hombres de su confianza. Rosario Aníbal Torres había sido candidato a diputado, pues era un reconocido dirigente peronista de base y era el hombre de mayor confianza del Ministro Suárez. Fue designado Jefe Departamental de San Martín.

En 1974, se produjo un hecho judicial con mucha difusión de prensa -en realidad se trató de una fuerte operación contra el gobierno de Adre en busca de la intervención de la Provincia, como ocurrió en Mendoza con Martínez Baca- y allí fue detenido Rosario Aníbal Torres. Luego fue liberado pero también destituido. Tuvo que pasar a la clandestinidad y trasladarse a Mendoza.

En 1976, Rosario Aníbal Torres fue secuestrado y asesinado. Esto no fue un hecho aislado sino que se inscribió en el operativo que tuvo por finalidad la eliminación de la organización montoneros.

Una mirada de cada hecho durante los días de junio de 1976, nos advierte que hubo una operación planificada y ejecutada desde un aparato organizado, poderoso y destructivo, con sus objetivos previstos y con los medios que posee el Estado. El golpe a la conducción de Montoneros se dio cuando estuvo perfectamente armado, los movimientos represivos fueron precisos, con información actualizada, se produjo en cadena y no de un modo fragmentado que pudiera dar la pauta de datos parciales obtenidos de eventuales militantes torturados. En pocos días, se eliminó a toda la conducción, y los militantes de base que no fueron detenidos quedaron aislados, sin referentes políticos, sin recursos.



Rosario Aníbal Torres, compañero militante del peronismo de base y luego montonero fue perseguido por sus ideas, secuestrado y salvajemente torturado con un ensañamiento especial, por haber sido policía. Fue asesinado en manos de los torturadores del centro clandestino D2 en las peores condiciones de sometimiento y terror, pero a pesar de su estado denostó a los carceleros. Por su condición de ex policía, le gritaban “traidor” y el respondía “no soy traidor, soy peronista”. Cuanto más lo golpeaban más gritaba “viva Peron”, demostrando valentía hasta el último momento de su vida.

Por este asesinato fueron condenados Juan Agustín Oyarzábal y Eduardo Smaha Borzuk en el juicio por delitos de lesa humanidad que culminó el año pasado. Pero sabemos que muchos ejecutores directos de la tortura siguen gozando de impunidad.

La justicia será plena cuando sean juzgados y condenados todos los responsables del Terrorismo de Estado en Mendoza. Es una deuda pendiente con el compañero Torres y con todos los compañeros detenidos y desaparecidos por razones políticas, en nuestra Provincia.

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