Acusan a Loma Negra de colaborar con la desaparición de un abogado / Escribe: Franco Mizrahi

Amalia Lacroze de Fortabat, “la dama del cemento”, falleció nueve días después de que comenzase, en Tandil, el juicio que investiga la desaparición del abogado laboralista Carlos “El Negro” Moreno, y que arrojará luz sobre los vínculos que mantuvo la empresa Loma Negra con la última dictadura militar. Con ella se fueron muchos secretos del poder.

El Negro Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría, a metros de su estudio jurídico, cuando representaba a obreros de la cementera que habían contraído una enfermedad llamada silicosis, afección que se origina en la alta exposición al cemento y que hizo mella, fundamentalmente, en el sector Embolsado de Loma Negra. Había regresado a su ciudad natal para ejercer la profesión, luego de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata. “Mi viejo tenía un compromiso social muy grande –describió a su padre, Martín, su hijo menor–. Por la situación social de sus clientes, muchas veces recibía por pago unas gallinas”, relató. Moreno era militante de la Juventud Peronista y también tenía entre sus clientes a la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina.



Si bien aún no hay imputados de la empresa dirigida por Amalita, Matías Moreno, el hijo mayor del letrado, fue contundente: “Loma Negra y algunas empresas del sector tuvieron una responsabilidad grande en el secuestro y asesinato de mi padre”, afirmó. “Era más barato matar al Negro que arreglar el problema de la silicosis”, denunció su viuda, Susana Lofeudo, durante el juicio. Por esa enfermedad, muchos de los trabajadores de la empresa no llegaban a jubilarse.

“Fallecían a muy temprana edad –explicó Martín a Tiempo Argentino–. Como él logró avanzar en las razones de esas muertes, molestó a los poderes económicos. Si se difundían las causas de la enfermedad, indefectiblemente debían transformarse los modos de producción. Ante ese escenario, los empresarios preferían directamente matar a alguien o hacerlo desaparecer. Les resultaba más fácil. Eso está quedando en evidencia en todas las audiencias que se están desarrollando”, agregó a este diario.

Las afirmaciones de los hijos de Moreno tienen sus fundamentos. Según ellos, hay archivos de inteligencia de un organismo provincial que confirma que Loma Negra solicitó que se le envíe Personal de Inteligencia para controlar a quienes obstruyeran el buen funcionamiento de sus negocios. Así, el ex comisario Miguel Ángel Fuster, temido miembro de la Delegación local de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –a quien se le atribuye el asesinato de otro conocido abogado laboralista, el doctor Norberto Centeno– viajó a pedido de la empresa para hacer seguimientos. Entre los objetivos de Fuster estaba Moreno.

De acuerdo a esos mismos archivos, los vínculos de la cementera con las fuerzas de seguridad tenían un largo historial. Según los informes de inteligencia se desprende que la empresa contó con los servicios castrenses –infiltración en asambleas y hostigamiento al personal– por unas cuatro décadas. Curiosamente, en esos papers se observa que los agentes no sólo investigaban a los obreros y al gremio, sino que también analizaban el funcionamiento de la empresa y al personal directivo. Este material, será puesto a consideración de los jueces durante las audiencias.

“En aquella época, la misma seguridad interna de la empresa estaba a manos de la policía y los militares”, describió Martín Moreno, para explicar el vínculo estrecho que existió entre la cementera y la dictadura. Una aceitada relación que el terrorismo de Estado repitió en un sinfín de fábricas. No es novedad que los militares acudiesen al llamado de ciertas firmas para intervenir las plantas y hacer de-saparecer a los trabajadores, sindicalistas y abogados “molestos”.

Un entramado cívico-militar que, esperan los Moreno, se vaya develando a lo largo del juicio. Las primeras audiencias hacen hincapié en las complicidades que se dieron en Tandil. Así, las personas que serán juzgadas en el juicio son los hermanos Julio y Emilio Méndez –los civiles que proveyeron la quinta que sirvió de centro clandestino de detención– y tres miembros del Ejército: el mayor Roque Ítalo Pappalardo, el coronel Julio Alberto Tomassi y el suboficial José Luis Ojeda.

Si bien los civiles llegaron a la sala en libertad, ambos fueron detenidos en la primera audiencia, mientras que a los tres militares les revocaron el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaron hasta los primeros días de febrero. El transcurso del juicio promete ahondar en los oscuros intereses que vincularon a Loma Negra con el terrorismo de Estado.

(Tiempo Argentino, domingo 19 de febrero de 2012)

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