Abogado de Derechos Humanos
En la plácida Bogotá, morada de frailes y juristas,
el general Marshall se reúne con los cancilleres
de los países latinoamericanos.
¿Que nos trae en sus alforjas
el Rey Mago de Occidente,
el que riega con dólares,
los suelos europeos devastados por la guerra?
Eduardo Galeano
En el presente trabajo intentamos determinar cómo la política de “seguridad nacional” norteamericana constituye uno de los ejes articuladores de su política exterior, y en qué medida constituye uno de los problemas fundamentales que afectan la vigencia de los Derechos Humanos en Latinoamérica.
Abordamos el origen del sistema interamericano a partir de la creación de la OEA, que implicó la continuidad de la doctrina Monroe y el triunfo de la diplomacia norteamericana frente a los intentos de generar organismos regionales latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos. La hegemonía norteamericana se articula en forma contradictoria, ya que la invocación de la democracia y los derechos humanos es solo un discurso legitimador de las peores violaciones de los derechos proclamados.
La creación del sistema interamericano en los inicios de la Guerra Fría (Tratado interamericano de Asistencia Reciproca- TIAR- y Organización de Estados Americanos- OEA) supuso un triunfo de la política exterior norteamericana, basada en la doctrina de la seguridad hemisférica y la guerra contra el comunismo. Dicha política se impuso en contra de las tendencias “bolivarianas” expresadas dramáticamente durante la insurrección popular conocida como “Bogotazo” tras el asesinato del líder liberal y candidato presidencial Jorge E. Gaitán.
Bajo la hegemonía norteamericana se implantaron en la región dictaduras militares, se derrocaron líderes populares y se ejecutaron las peores violaciones a los derechos humanos, paradójicamente, en nombre de la democracia y los derechos humanos.
Los desafíos en la actualidad, con regímenes predominantemente democráticos en América Latina (con la excepción de Honduras) implican enfrentar la continuidad de las políticas que dieron origen a la doctrina de la seguridad nacional, aunque ya no subordinadas a la guerra contra el comunismo, sino en las declaradas “guerras” contra el narcotráfico y el terrorismo.
Pero también la emergencia de movimientos políticos y sociales autónomos de las políticas impuestas por el neo- liberalismo en la región expresan nuevas respuestas que permiten un uso contra- hegemónico y una reinvención de los conceptos de democracia y derechos humanos, estableciendo nuevos escenarios donde se desarrolla la lucha por ampliación de derechos en América Latina.
El sistema interamericano y la Doctrina Truman.
No cabe duda que la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Rio de Janeiro, septiembre de 1947) realizada con la presencia del Presidente Harry Truman sentó las bases para la creación de una nueva organización interamericana, poniendo en marcha una organización militar continental.
Esto constituyó una “carta importante de Washington para presionar a los gobiernos que plantearan o bien proyectos nacionalistas y una mayor autonomía respecto a Estados Unidos, o bien posibles proyectos socialistas.”
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el denominado sistema interamericano fueron el resultado de políticas impulsadas por los Estados Unidos, particularmente durante la presidencia de Truman. Este nuevo enfoque consideraba la seguridad de los Estados Unidos como dependiente de la defensa a todos y cualquier gobierno considerado “democrático”, pare evitar la propagación del comunismo explicitando claramente una política exterior en oposición a la subversión y al comunismo desde los inicios de la guerra fría.
Tras el lanzamiento de la doctrina Truman, con el tratado militar aprobado y con la presencia del General George C. Marshall a cargo de la delegación norteamericana, se inicia pocos meses después, entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948 la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá, que debía tratar la creación de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y un mecanismo de resolución pacífica de controversias. También aprobarían un acuerdo de cooperación económica que jamás tuvo aplicación concreta.
Estos instrumentos garantizaban a los Estados Unidos la hegemonía en los inicios de la guerra fría, asegurando tanto desde el punto de vista militar como político y económico la supremacía de sus intereses en la región. En este sentido, se ha dicho que el sistema interamericano de derechos humanos es una continuidad del panamericanismo de Monroe basado en la ficción de la supuesta comunidad de intereses entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.
La delegación norteamericana encabezada por el General George C. Marshall desarticuló todos los reclamos de distintos países latinoamericanos que presionaban para obtener parte del paquete que la potencia hegemónica distribuía en la Europa de la post-guerra a cambio de ceder ante las presiones estadounidenses.
El Bogotazo
Mientras la conferencia se realizaba, el 9 de abril de 1948 se produce el asesinato del líder colombiano y dirigente del Partido Liberal, Jorge E. Gaitán, favorito para las próximas elecciones presidenciales, con un programa de tipo nacionalista y popular. A partir de este hecho, se produce una insurrección popular conocida como “Bogotazo” en el que los sectores populares salieron a las calles.
“La movilización de repudio apuntó contra Laureano Gómez, canciller colombiano, presidente de la IX Conferencia Panamericana, dirigente reaccionario, filonazi, y futuro candidato presidencial. Fue por este motivo que las masas indignadas atacaron y cercaron el Capitolio Nacional, sede de la conferencia panamericana. Los delegados debieron huir, en muchos casos custodiados por el ejército para evitar ser linchados, incluyendo el Secretario Marshall, quien tuvo que refugiarse en la embajada estadounidense. La rebelión duró varios días y fue desmantelada mediante una cruenta represión, con un saldo de centenares de muertos y heridos. Como se verá más adelante, estas circunstancias fueron aprovechadas por los gobiernos estadounidense y colombiano para cargar contra el comunismo internacional, al que se acusó de dirigir la movilización de las masas –en ese momento se desarrollaba en Bogotá un Congreso Estudiantil Latinoamericano, en el que participaba, entre otros, el joven cubano Fidel Castro– y endurecer medidas contra ese movimiento. La conferencia debió ser suspendida por cinco días, para reanudarse el 14 de abril, en una sede provisoria, hasta que una semana después el edificio del Capitolio fue reparado y volvió a ser la sede oficial.”
Este hecho marca el surgimiento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y una guerra civil en una fase denominada “La Violencia” hasta 1957 e incluso 1965, con mas de 200.000 muertos, situación de conflicto que se extiende hasta nuestros días.
A partir del “Bogotazo” el discurso anticomunista de Marshall se ve reforzado por el Presidente colombiano Mariano Ospina, quien responsabilizó a sectores comunistas del asesinato de Gaitán, como forma de boicot a la conferencia, en particular a la delegación cubana que asistía al Congreso Estudiantil Latinoamericano, entre los que se encontraba un joven Fidel Castro.
La conferencia aprobó la Resolución XXXII, denominada de “Preservación y Defensa de la Democracia en América” (Bogotá, 1948) que manifiesta: “Que por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista, la acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo es incompatible con la concepción de la libertad americana, la cual descansa en dos postulados incontestables: la dignidad del hombre como persona y la soberanía de la nación como Estado, (y resolvía) condenar los métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticos y civiles, especialmente la acción del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo (y) adoptar, dentro de sus territorios respectivos y de acuerdo con los preceptos constitucionales de cada Estado, las medidas necesarias para desarraigar e impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros, que tiendan a subvertir, por la violencia, las instituciones de dichas Repúblicas, a fomentar el desorden en su vida política interna, o a perturbar por presión, propaganda subversiva, amenazas o en cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos a gobernarse por sí mismos de acuerdo con las aspiraciones democráticas.”
Doctrina de la Seguridad Nacional
La escandalosa conferencia de Bogotá constituyó un triunfo de la hegemonía norteamericana que logró imponer la Doctrina Truman a América Latina. Sus consecuencias serían devastadoras, como lo muestran las futuras intervenciones en Guatemala, Cuba, República Dominicana y Granada .
Allí donde existieron experiencias populares nacionalistas que se plantearon alguna autonomía respecto de la hegemonía norteamericana, al margen de la “democracia protegida” fueron sistemáticamente golpeadas por parte de las clases dominantes locales apoyados por Estados Unidos: “Rómulo Gallegos en Venezuela, Calderón y Picado junto a Monseñor Sanabria en Costa Rica, Jacobo Arbenz en Guatemala, la crisis de la revolución boliviana, así como Villeda Morales en Honduras, el descalabro del peronismo en 1955 y el "Bogotazo" de 1948 con el asesinato de Eliecer Gaitán, son ejemplos que pueden corroborar lo expuesto. Igualmente, el golpe de Estado contra Joao Goulart en 1964 en Brasil y la intervención norteamericana en República Dominicana en 1965. Es decir, en el plazo de no más de veinte años se homogeneizaba el proyecto político de la democracia integrada y de defensa anti-comunista .
La destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la asunción de Stroessner en Paraguay en el mismo año, la dictadura de Duvalier en Haití a partir de 1957, y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el denominado Plan Conintes en la Argentina en 1965 constituyeron antecedentes sobre los cuales se comenzaría a implementar lo que se denominó Doctrina de la Seguridad Nacional .
Esta doctrina, continuidad de la doctrina Truman, comenzó a ser difundida por el ejército norteamericano entre los militares de toda Latinoamérica en diversos ámbitos, de los cuales se destaca la Escuela de las Américas en Panamá. La definición de enemigo incluía no solo a los movimientos revolucionarios, sino a todo movimiento populista, religioso o indígena que tuviera como objetivo una transformación igualitaria del orden social.
La Doctrina de Seguridad Nacional se instaló después de la revolución cubana por el peligro que esto implicaba para los Estados Unidos, como se advierte en documentos oficiales: “Latinoamérica es un área que contiene bases y recursos estratégicos de los que dependemos en la paz y en la guerra. La experiencia cubana deja claro que la caída de otra nación latinoamericana bajo el bloque soviético arriesgaría el sistema interamericano en su totalidad, y que el establecimiento de fuerza militar de los poderes del bloque, constituirá una amenaza directa a los Estados Unidos mismos” (United States Department of State. Foreign Relations. 1961-1963. Vol XII. Doc. 76. Draft Paper Prepared in the Department of Defense; las cursivas son nuestras).
No debe desdeñarse la llamada “influencia francesa”, que ya en Indochina y en Argelia había elaborado y aplicado las técnicas de guerra “contra insurgente”, difundidas tempranamente en América Latina (Argentina, Brasil y Chile) por militares franceses posteriormente incorporada a los programas de la Escuela de las Américas. Los militares latinoamericanos asumieron privilegiadamente la doctrina de la seguridad nacional, lo cual se verifica en la primera dictadura de Brasil, entre 1964 y 1985; la Revolución Argentina de 1966, el golpe en Chile contra Salvador Allende en 1973, el golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina y la dictadura en Bolivia (1980/1982), invocando todas ellas “la necesidad de interrumpir la democracia y se auto presentan, como instancia recuperadora de democracias.”
Sin embargo, la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional no se circunscribió a los países donde se instauraron dictaduras militares, sino que su aplicación se extendió también en países donde las autoridades formalmente se regían por la constitución, como por ejemplo el caso de México durante los gobiernos de Gustavo Diaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, a partir de las investigaciones realizadas con motivo de la “Masacre de Tlatelolco” del 2 de octubre de 1968 y el “Halconazo” del 10 de Junio de 1971.
Para tener una idea del impacto de estas políticas en términos de derechos humanos, debe señalarse que el golpe militar en Guatemala (1954) produjo en el primer año alrededor de tres mil asesinatos políticos, prolongándose la dictadura de más de cuarenta años. En dicho periodo fueron asesinadas o desaparecieron más de 200.000 personas, en un hecho caracterizado como genocidio. En Paraguay, durante la dictadura de Stroessner se han denunciado más de cuatro mil asesinatos políticos y otros miles encarcelados y torturados. En Haití, durante la dictadura de Duvalier se calculan 30.000 victimas de los tonton macoutes, grupos paramilitares y 500.000 exiliados. La intervención norteamericana en Republica Dominicana contra el gobierno de Juan Bosch en 1963 fue responsable de miles de dominicanos muertos. El Golpe en Brasil contra Joao Goulart en 1964 provoca miles de víctimas, entre muertos, presos, torturados y exiliados. El golpe de 1964 contra el gobierno del MNR con ocho mil personas ejecutadas por los “escuadrones de la muerte”, entre ellos Ernesto “Che” Guevara. En Uruguay, en 1972 asume Juan María Bordaberry, quien un año después cierra el congreso, con la desaparición y asesinato de cientos de personas y miles de exiliados. En Chile, a partir del derrocamiento de Salvador Allende, la dictadura de Pinochet (1973) produjo más de mil desapariciones y mil asesinatos, además de los miles de presos políticos, torturados y exiliados. En la Argentina, a partir del “Operativo Independencia” en Tucumán (1974) y después durante la dictadura militar (1976-1983) se han denunciado 30.000 desaparecidos, miles de presos y exiliados. Militares argentinos intervinieron después como asesores para la tortura y desaparición forzada en Honduras, Nicaragua y el Salvador. A partir de 1981, Ronald Reagan, revisa la política de derechos humanos de la administración Carter, basado en el concepto de la politóloga Jeane Kirkpatrick –más adelante fue la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas–, que diferenció entre regímenes autoritarios y totalitarios. Mientras se dio apoyó a los gobiernos autoritarios, por regla general derechistas y aliados tradicionales de EE.UU., se combatió categóricamente a los gobiernos llamados «totalitarios», o sea de orientación socialista o comunista.
El debate sobre la democracia
Las terribles violaciones a los Derechos Humanos que se producen en este periodo y las denuncias internacionales, así como el componente mesiánico e irracional de la propia doctrina de la seguridad nacional (entre otros la defensa del catolicismo y su lucha contra el ateismo) provocaron que el presidente norteamericano James Carter en su discurso al asumir su cargo proclame a los derechos humanos como centro de la política exterior norteamericana. Ya el presidente Gerald Ford bajo la gestión del Secretario Henry Kissinger había apoyado la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile en 1974, como una manera de encubrir la participación de la CIA en el golpe a Allende en 1973, y en un contexto defensivo por la derrota en Vietnam y el Watergate, para evitar el desmembramiento de la OEA frente a las tendencias a la creación de un organismo regional sin la presencia de los Estados Unidos.
A partir de allí cobra protagonismo uno de los órganos del sistema interamericano de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que produce visitas “in loco”, denunciando las violaciones de Derechos Humanos en la Nicaragua de Somoza y la Argentina gobernada por juntas militares.
La dura derrota a los movimientos populares que se planteaban programas revolucionarios en los 60 y 70 del Siglo XX y las consecuencias del terrorismo de estado y la doctrina de la seguridad nacional generaron procesos post dictatoriales donde nos encontramos con democracias muy restringidas. Waldo Ansaldi sostiene que se dieron entonces las condiciones “para la recuperación de las concepciones tradicionales del liberalismo respecto de la democracia política en Latinoamérica. Con particularidades en cada país, y en un contexto de crisis financiera, comienza una etapa de transiciones democráticas, conservadoras y pactadas, sobre la base de la marginación de las masas. El énfasis está puesto en la democracia política, entendida en su forma clásica de democracia liberal representativa o democracia formal. La democracia sustantiva con efectiva vigencia de los derechos para las mayorías populares pasa a ser para algunos una utopía desechable como la revolución en la década de los 60 y 70 … Durante los años 80, la cuestión de la democracia está firmemente instalada en las agendas políticas latinoamericanas, habiéndose convertido- como nunca antes en la historia de la región- en eje de políticas interiores y exteriores, más allá de la retórica usual en los discurso de gobernantes y de dirigentes. No es por cierto, una novedad, pues una apelación fuerte a la democracia también se encuentra en la segunda posguerra, intensificada por la guerra fría. Empero, la de esos años es una apelación cínica e instrumental, empleada como un recurso propagandístico frente a la potencial amenaza comunista, a las experiencias populistas o a las meramente reformistas. Es así como, en nombre de la democracia, esta es violentada precisamente por quienes, como los liberales y el departamento de estado norteamericano, se dicen sus campeones.”.
Una nueva variante de la seguridad hemisférica: narcotráfico y terrorismo
Solo un mandato duró la “primavera”, después de Carter sucedió la administración de Reagan, que tuvo amplio impacto en Centroamérica. La guerra de Reagan contra Nicaragua es un “caso irrefutable, sin la más mínima consideración por el derecho internacional, los derechos humanos, la justicia y otras cosas similares que causó decenas de miles de muertos, arruinó al país, tal vez irreparablemente. En esta política se inscribe la actuación de John Negroponte a principios de los años 80 como embajador de EE.UU. en Honduras apoyando asesinatos en gran escala y de otras atrocidades que estaban siendo cometidas por las fuerzas de seguridad, supervisando la guerra terrorista por la que su gobierno fue condenado por la Corte Mundial y después por el Consejo de Seguridad, en una resolución vetada.”
Durante los años 1980-1983, se calcula que hubo hasta 30.000 asesinatos en El Salvador, cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad fueron quienes violaron masivamente los derechos humanos, con el apoyo de los Estados Unidos para frenar el avance de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En 1989 se produjo la invasión noarteamericana a Panamá, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentó ó impedir sin éxito la invasión ordenada por George Bush.
Se advierte que después de la guerra fría, la amenaza a la seguridad nacional norteamericana se desplaza del enemigo comunista y se expande a otros sujetos. A mediados de la década de los años 80, y EEUU declaró las drogas ilícitas como una amenaza a la seguridad nacional. Una parte central de la “guerra contra las drogas” ejecutada por EE.UU. ha consistido en el fortalecimiento de las fuerzas armadas latinoamericanas con el fin de llevar a cabo iniciativas antinarcóticos, a través de entrenamiento y equipamiento presionando para la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior, provocando nuevas violaciones a los derechos humanos. Posteriormente es lanzada la “guerra contra el terrorismo”, como respuesta a los atentados sufridos en el 2001, ocupando un lugar preponderante en la estrategia militar norteamericana. Jeffrey Record se refiere a esta declaración de “guerra contra el terror” en los siguientes términos: “La naturaleza y los parámetros de esta guerra, sin embargo, continúan frustrantemente poco claros. La administración ha postulado una multiplicidad de enemigos, incluyendo estados paria, distribuidores de armas de destrucción masiva (WMD); organizaciones terroristas de alcance global, regional y nacional; y el mismo terrorismo. También parece estar superponiéndolos en una amenaza monolítica y, haciendo eso, ha subordinado la claridad estratégica a la claridad moral que busca en su política exterior”.
En esta etapa la política de seguridad nacional norteamericana continúa con implicaciones graves en desmedro de los Derechos Humanos. Además de los cientos de miles de víctimas civiles en Irak y Afganistan, las cárceles de Guantánamo y Abú Graib, en nuestra región se invierten recursos para impulsar políticas de mano dura contra los excluidos de todo derecho y la militarización de la seguridad interna. En esa línea se inscribe el fortalecimiento y aumento de bases militares en el marco del “Plan Colombia”, a la que debe agregarse la intervención norteamericana en Bolivia y la guerra contra el narcotráfico que se libra en México. También se inscriben en esta línea nuevas formas de intervención contra los sistemas democráticos con relativa autonomía de las políticas impulsadas por el Consenso de Washington, ya sea apoyado golpes tradicionales- como el golpe contra el Presidente Chavez en Venezuela (1992) y solapadamente también apoyar el golpe de estado contra Zelaya en Honduras (2009). Asimismo la intervención asume nuevas formas de desestabilización, como los ocurridos en Argentina con un lockout patronal (2008), en Bolivia con el intento sesesionista de la “media luna” (2008) o con el secuestro del Presidente Correa en Ecuador (2010).
Para observar como la percepción de esta “guerra” se traslada a la región es útil revisar la declaración de postura que en el año 2004 realizó el entonces comandante en jefe del Comando Sur, General James Hill, ante el congreso de los Estados Unidos: “No asombrosamente, los grupos radicales islámicos, los narcoterroristas en Colombia, y las pandillas urbanas a través de América Latina practican muchos de los mismos métodos del negocio ilícito…Los terroristas a través del área de responsabilidad del Comando Sur bombardean, asesinan, secuestran, trafican drogas, transfieren armas, lavan el dinero y pasan de contrabando a seres humanos---A estos últimos los denominó “radicalismos populares”, individualizando particularmente al movimiento liderado por Evo Morales en Bolivia.
Algunas conclusiones
Al crear la OEA, América Latina optó por el panamericanismo modernizado y pareció abandonar sus tendencias bolivaristas, es decir, la unidad continental con exclusión de la potencia norteamericana. Esta tendencia parece ser confirmada por la exclusión de Cuba en 1962, bajo la presión diplomática de EE.UU y la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959.
Sin embargo, el debate sobre la democracia instalado en la etapa post dictatorial ha dado un giro inesperado a medida que se recuperaban las fuerzas populares y se planteaban nuevas alternativas a la globalización neoliberal, dando cuenta de la tensión entre capitalismo y democracia, constitutiva del Estado moderno.
En la actualidad el barco sigue a la deriva, aunque los horizontes parecen más alentadores que entonces. El fracaso del ALCA en Mar del Plata (2005), y el surgimiento de UNASUR (2008) así como la declaración dejando sin efecto la exclusión de Cuba en la OEA (2009) constituyen intentos de limitar la influencia norteamericana en la región que implica un fortalecimiento del bolivarismo como política exterior y la posibilidad de configurar el viejo sueño emancipador y apostar a un mundo multipolar que equilibre el poder de la potencia norteamericana. Comienza todo un proceso de reinvención de la democracia y los derechos humanos, a la luz de las luchas sociales y políticas, rechazando la versión de la democracia como un conjunto de reglas y procedimientos desprovisto de cualquier contenido específico relacionado con la justicia distributiva o la equidad, que ignora el contenido ético y normativo de la idea de democracia y pasa por alto el hecho de que esta debería ser un componente crucial y de cualquier propuesta para la organización de una “buena sociedad”
Los movimientos populares latinoamericanos han resignificado el paradigma de los derechos humanos y “el paradigma emergente constituye, por tanto, una amplia expansión y dispersión del derecho democrático, de los derechos humanos y de la ciudadanía… El sentido común emancipador de la ciudadanía se basa en el topos del socialismo como democracia sin fin”
Estamos frente a un uso contra-hegemónico de los conceptos de democracia y derechos humanos surgido como respuestas de los pueblos latinoamericanos, en la medida en que se despliegan en la geografía latinoamericana procesos políticos autónomos que generan nuevas institucionalidades, como los procesos constituyentes en Ecuador y Bolivia que cuestionan la racionalidad misma del desarrollo capitalista y pretenden la refundación de los estados como plurinacionales. La concepción tradicional de la democracia liberal sobre la libertad de prensa comienza también a cuestionarse afectándose los intereses de los monopolios informativos en tanto se entiende que el estado debe intervenir para garantizar el derecho a la información y regular los espacios públicos constituidos por las redes y la información donde también se debate la democracia, como ejemplifican las experiencias recientes en Honduras, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil. El juzgamiento a militares y cómplices civiles de la última dictadura militar en Argentina, así como los procesos que se desarrollan en diversos países como Uruguay, Guatemala, El Salvador, Brasil y Chile proponen revisar el pasado desde una perspectiva histórica más profunda, después de décadas de impunidad permiten desde lo simbólico la construcción de identidad con perspectiva emancipadora. Por primera vez desde la etapa de sustitución de importaciones que caracterizó al populismo clásico latinoamericano se produce un proceso de ampliación de derechos que, aunque limitado, permite revertir en parte los indicadores sociales que caracterizan a la región más desigual del planeta.
“Nadie conculca más fuertemente la posibilidad del ejercicio de la democracia política en su forma representativa liberal que la propia política exterior de Estados Unidos.” dijo Waldo Ansaldi , debiendo también considerarse también que Colombia es el país que registra más denuncias por violación de los derechos humanos en los años 90 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la vez que es quien recibe mas ayuda militar norteamericana.
El escenario de la lucha contra el comunismo, el genocidio y el terror al servicio de una declamada democracia y derechos humanos y la consecuente eliminación y persecución de los dirigentes gremiales, políticos, intelectuales, etc., fué condición de posibilidad para aplicar las políticas impuestas por el capital financiero con la apertura de la economía y el endeudamiento como pilares fundamentales. El periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh puso palabras y le dio sentido a tanto terror, en su célebre carta a la Junta Militar que presidía Videla, un año después de instaurada la dictadura, luego de enumerar las terribles violaciones a los derechos humanos cometidos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”
Construir democracias sustantivas donde los proclamados derechos humanos puedan, por fin, incluir a millones de excluidos de todo derecho parece hoy una demanda preponderante en la agenda latinoamericana, a la luz de los procesos políticos que en distinto grado y de maneras diversas surgen con fuerza cuestionando las políticas surgidas del Consenso de Washington. Al mismo tiempo se avanza en la ampliación de derechos, incluso por sobre la distinción entre dimensiones de la ciudadanía civil, política y social realizada por Marshall hacia una ampliación a todos sustentada por Luigi Ferrajoli quien sostiene que el concepto de derechos humanos o derechos fundamentales de la persona es más abarcativo que el de ciudadanía. “Ello es así en tanto los derechos humanos deben ser reconocidos a todos en tanto persona humana, mientras que los derechos de ciudadanía son restringidos a la pertenencia a un estado nación.”
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