El jueves 31 de octubre pasado, por la tarde, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió en su despacho un llamado “urgente” del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo. El motivo: durante tareas de limpieza en el subsuelo del Edificio Cóndor habían encontrado material que, creían, podía estar relacionado con la última dictadura. Se trataba de 1500 tomos guardados en dos armarios, dos cajas fuertes cerradas y una estantería de tres metros por dos, olvidados durante treinta años en un pasillo poco concurrido, sucios, húmedos pero rescatables. Lo que dio a conocer Rossi cuatro días más tarde, el lunes pasado, es una parte del contenido de apenas seis del millar y medio de biblioratos descubiertos: las actas completas de la Junta que gobernó el país entre 1976 y 1983, quizás el descubrimiento documental más importante sobre ese período que haya tenido lugar desde el regreso de la democracia. Mientras un equipo de especialistas trabaja calificando y clasificando el material, que el 24 de marzo próximo será de público acceso para todos los interesados, el funcionario recibió a Página/12 para hacer una primera evaluación de la novedad.
“Yo destaco que nosotros hayamos llegado a esta información a través del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Esto le da una dimensión cualitativamente distinta a la noticia: por primera vez no se accede a la información a través de una requisitoria judicial o por una investigación propia o por un anónimo, sino que fue el propio jefe de una fuerza quien se comunicó conmigo cuando lo encontraron –destaca Rossi–. Allí es cuando interviene el Ministerio, con un grupo de trabajo encabezado por la directora de Derechos Humanos, Stella Segado; la directora de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Juan Cruz Fernández; con la subsecretaria de esa área, la doctora Fernanda Llobet, que fueron al lugar a anoticiarse del hallazgo y comenzar a trabajar en eso.”
–¿Qué importancia reviste el descubrimiento?
–Es la primera vez que nosotros tenemos un documento que nos permite conocer qué temas estuvieron a consideración de la Junta Militar, cuáles fueron las posiciones alrededor de cada uno de esos temas, cuál era la mirada que tenía cada uno de los integrantes. Puede ser que haya existido conocimiento de algún acta en términos individuales, en el marco de alguna causa, pero tener las 280 actas de la máxima autoridad del país durante la dictadura, el órgano máximo de conducción, quienes decidían quién era el presidente, es algo inédito. Son 280 actas, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, ordenadas cronológicamente, firmadas por los mismos miembros de la Junta, están las firmas de Videla, de Massera, de Agosti, y un índice temático que permite buscar en qué actas y qué fechas se trató cada asunto. Sin dudas, desde el punto de vista histórico es un descubrimiento importantísimo que aporta muchísimo a quien quiera investigar lo que sucedió en esa época. Y desde el punto de vista político e institucional ahora hay constancia de cuáles eran los temas que llegaban a ser tratados por la Junta Militar.
–¿Cómo es que transcurrieron treinta años de democracia sin que se descubrieran esos papeles?
–Sinceramente, no lo sé. Lo importante es que después de treinta años hay documentos en buen estado de preservación. Aparecieron en un lugar de tránsito no habitual y uso no habitual. ¿Por qué ahora y no antes? No es una pregunta que pueda resolver con certezas. Puedo hacer conjeturas pero no vale la pena.
–¿Está trabajando sobre la hipótesis de que podría existir más material “olvidado” en alguna otra dependencia de las Fuerzas Armadas?
–El lunes pasado firmé una resolución que tiene dos artículos. El primero va en ese sentido: instruí a los jefes de cada una de las fuerzas y al jefe de Estado Mayor Conjunto para que se intensifique la requisa en aquellos lugares de uso no habitual. En segundo lugar, le encomendé a la directora nacional de Derechos Humanos para que en el lapso de seis meses haga una calificación y clasificación de todos los documentos que se encontraron, para hacer un back-up digital de toda la información y que en seis meses pueda estar a disposición del público.
–¿Habrá algún filtro previo, por motivos políticos o de defensa, sobre qué puede publicarse y qué no?
–No, para nada. Una vez que esté ordenado el ciento por ciento de los documentos van a ser de libre acceso para cualquiera.
–Además de las 280 actas de la Junta, ¿qué otros documentos relevantes hay entre los tomos encontrados?
–Estamos todavía analizando el material, pero están, entre otras cosas, las actas de las reuniones previas a las de la Junta, en las que se reunían los tres secretarios generales de cada una de las fuerzas para elaborar el temario que posteriormente trataría la Junta. Están las listas negras que hemos publicado; están las versiones taquigráficas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. También tenemos unos libros donde se consignaban todos los pedidos que llegaban al Poder Ejecutivo por Mesa de Entradas. Ahora hay que esperar a ver qué más aparece.
–Algunos medios cuestionaron que no bien se dio a conocer el descubrimiento, se hizo énfasis en el caso Papel Prensa para perjudicar a Clarín...
–La verdad es que nosotros no hicimos hincapié en el tema Papel Prensa, sino que fue la Junta Militar la que hizo hincapié en el tema Papel Prensa. Entre septiembre de 1976 y noviembre de 1977 aparecen trece actas donde se trata la cuestión. De las 36 actas en total, trece representan más de un tercio de las actas de ese período. Es llamativo. Y también es evidente que para la Junta Papel Prensa se trataba en la misma unidad temática que la detención de la familia Graiver. Esto aparece claramente en las actas.
–¿Se va a instrumentar algún protocolo especial para compartir esta información o cualquier otra que sea de interés en una causa penal en curso con el Poder Judicial?
–A medida que nosotros vayamos clasificando y ordenando la información, vamos a ponerla a disposición del fiscal o juez que así lo requieran.
–Luego del anuncio se especuló con que entre los documentos podría aparecer una lista oficial de detenidos desaparecidos...
–Hasta ahora no encontramos nada. Sobre el tema detenidos-desaparecidos sí encontramos que esa denominación aparece desde las primeras actas pero después, a partir de 1980, yo calculo que luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cambian esa denominación. Sacan una resolución que prohíbe el uso de la palabra desaparecido y lo reemplazan por “averiguación de paradero”.
–Sí aparece evidencia de otros vínculos entre la cúpula militar y socios civiles...
–Sí, se mencionan organizaciones de la sociedad civil, como Adeba, en distintos pasajes. En el caso de los bancos es cuando Díaz Bessone, por entonces ministro de Planeamiento, le presentó a la Junta el plan de gobierno, informa que él recibió aportes de distintas organizaciones. También, durante los preparativos para la ley de radiodifusión, en 1980, aparecen los aportes de las entidades que agrupaban a los dueños de los medios.
–¿Es cierto que el material encontrado ya había sido publicado, como aseguró Clarín esta semana?
–No es cierto que ya se hubiera publicado. Lo que se publicó en 1996 en Clarín fue lo que surgió acerca del Ministerio de Educación de la dictadura en el marco del Operativo Claridad. Pero esto es algo absolutamente distinto. Me parece de mal gusto estar discutiendo quién presentó qué información antes. Fue muy valioso lo que hizo Clarín en el ’96 y también es muy valioso lo que encontramos ahora. No quiero entrar en un debate en esos términos.
(Diario Página 12, domingo 10 de noviembre de 2013)
