La Secretaría de Derechos Humanos, querellante de la causa por la apropiación ilegítima de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar, solicitó ayer nuevamente al juez federal Julián Ercolini que se indague de forma inmediata a quienes se encuentran acusados en esa causa desde el año 2010.
El Estado reiteró el pedido de declaración indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos, Reinaldo Gregorio Bandini y Raimundo Podestá. Además, solicitó que se indague a todos los que de la investigación resulten ser autores, cómplices, o instigadores de los delitos denunciados.
La presentación judicial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación; Martín Fresneda, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén; y los abogados patrocinantes, Claudio Orosz y Pablo Barbuto, se fundó en la jurisprudencia que reiteradamente ha expresado que "la denegación a citar a los imputados podría impedir una conclusión definitiva, causando un agravio para el ejercicio de la acusación de imposible reparación ulterior", según se informó. Este pedido es una retieración de otros dos formulados con anticipación por la Secretaría de Derechos Humanos. El primero, en diciembre de 2011, estuvo a cargo del fallecido ex secretario Eduardo Luis Duhalde, y se produjo cuando Ercolini acababa de ser designado al frente de la causa, tras un conflicto de competencia entre su par Daniel Rafecas y el juez federal bonaerense Arnaldo Corazza.
El segundo pedido data del 4 de diciembre de 2012 y fue presentado por Fresneda y Alen. En aquella oportunidad, además de una serie de medidas de prueba, los funcionarios pidieron la prohibición de salida del país para los empresarios acusados por la querella.
A partir de las instrucciones impartidas por la presidenta Cristina Fernández, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como parte querellante en 2010, denunciando que los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón sostuvieron las posiciones de la Junta Militar y sus funcionarios civiles, incluso desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que luego, asociados ilícitamente con la dictadura, se apropiaron ilegalmente de la empresa Papel Prensa.
La Secretaría presentó pruebas sobre la metodología utilizada para la apropiación en las que asegura que se utilizaron amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones, en un proceso que continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos y el sometimiento a torturas de los secuestrados.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 12 de octubre de 2013)
