Una densa trama política, judicial y policial ha frustrado las pesquisas sobre organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas en la zona norte del Gran Buenos Aires. Las denuncias tocan altos niveles, como la Fiscalía General de San Isidro y la Procuración General ante la Suprema Corte Bonaerense, acusadas de proteger a las bandas criminales y hostigar y reducir a la impotencia a los funcionarios judiciales que intentan enfrentar aquellas redes de ilegalidad.
El 23 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de dos hombres. El jefe de gabinete provincial Alberto Pérez dijo que se trató de “una venganza vinculada al narcotráfico” y que habían actuado sicarios. Las víctimas fueron los paramilitares colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo otro colombiano, Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por su colega Luis Manuel Angelini. En busca de nexos que ayudaran a esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con dos colegas que llevaban causas similares: Juan Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008) y Analía Córdoba, de la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general adjunto de San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas. Debido a un cruce de llamadas telefónicas Grau y Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, Federal Aviation, que no fue concedido por el juez de garantías Esteban Rossignoli. En enero de 2011 los Juliá fueron detenidos en España con una tonelada de cocaína.
Los trece fiscales
Grau y Angelini padecieron la interferencia del superior común, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar. No es una metáfora: escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa. Uno de los hombres de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales que dependían de él. En octubre de 2009, trece de esos fiscales imputaron irregularidades y delitos a Novo, como la obstrucción al avance de aquellas causas. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declararía incompetente y remitiría la causa a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En ese texto, Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la causa de Unicenter. En agosto de 2009, Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función y distrito asignándolo a causas menores de flagrancia (los delitos con los que la policía se topa en la calle o los que allí fabrica) y dejó paralizada la investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini, quien llevaba el expediente por el asesinato de Galvís Ramírez, pero no tenía ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal ni teléfono celular. Al mismo tiempo le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se tramitaban en la fiscalía de San Fernando, que le asignó. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter con una frase sugestiva: “Si no pudieron los Marines, no vas a poder vos”. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas. Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo absoluto”. Lejos de colaborar con Angelini, formaron parte de la “gran maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento archivó la denuncia de los trece fiscales. Al quedar habilitados a ingresar al legajo, le pidieron los cuerpos originales y las copias. “El expediente había sido utilizado para otros fines.” En esa actitud irregular “comenzó a jugar un papel preponderante un sector de la Procuración General, perfeccionando la simulación y otorgando cobertura” a Novo. Angelini solicitó una auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió. En junio de 2009, Grau pidió que la Fiscalía General le asignara secretarios para realizar once allanamientos simultáneos. Vaiani no suministró ese auxilio pero de todos modos Grau empezó los procedimientos. Vaiani lo interrumpió para preguntarle si había encontrado pruebas contundentes. Su finalidad no era colaborar sino enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gestión, dependiente de la Fiscalía General de Novo. También se evaporó el libro en el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la investigación”. Agrega que “el costoso velero estaba anclado en las marinas que regentea la Municipalidad de San Fernando (sociedad mixta) en ese entonces a cargo de una ex secretaria de gobierno de la anterior gestión comunal”. Durante el allanamiento, el esposo de la mujer, concejal de San Fernando, le pidió explicaciones. Agrega Angelini, que cada vez que él u otros fiscales desoyeron reclamos improcedentes de funcionarios de la Municipalidad, fueron hostigados y la Fiscalía General intervino en forma irregular en contra de ellos. Por eso, sospecha “que durante aquel allanamiento pudieron haber sido varias las instancias políticas que influyeron en que Vaiani mediante engaño y abuso de autoridad me sacara del lugar de la inspección”. Así le impidieron verificar el registro del GPS instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió. El otro adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, le exigió a Grau que informara en forma inmediata, detallada y por escrito las diligencias que se habían practicado en cuanto se produjo el crimen de Unicenter, con lo cual distrajo sus esfuerzos en las críticas primeras horas de una investigación, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”.
Las filtraciones
También con complicidad de un sector de la Procuración, se intentó “obtener información acerca del curso de la investigación por fuera de los cursos previstos legalmente” bajo el disfraz de control de gestión, dice Angelini. Uno de los aspectos más graves es que esos agentes “registraban los datos de los testigos que se presentaban en la unidad, antes de que éstos declaren” en el legajo fiscal reservado o bajo la protección de su identidad e ingresaban una y otra vez en forma intempestiva y sin autorización al despacho de Angelini. Así buscaban “información reservada” y amedrentaban al fiscal. La intimidación se extendió a la única colaboradora de Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La Secretaria General de la Fiscalía General, Melisa Fernández Rey, la interrogó acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal. Angelini acababa de pedir en forma reservada múltiples allanamientos, que no le fueron concedidos pese a las pruebas que aportó. Un instructor enviado por la Procuración reprochó que Angelini solicitara allanamientos sin previo aviso al jefe de la Policía Judicial, Oscar Amorín. “Me ahorro comentarios ante lo grotesco e ilegal del planteo. Si desde un principio los instructores cumplieron defectuosamente mis órdenes, luego de ese hito lo dejaron de hacer definitivamente.” A raíz de la filtración sobre medidas de carácter reservado (como allanamientos y detenciones), Angelini presentó una denuncia penal y pidió que se tramitara en otro departamento judicial. Pero Novo designó investigador a un fiscal subordinado a él, de modo de no perder acceso “a los legajos reservados de la investigación”. Una vez que la Procuración cerró el sumario iniciado contra Novo, el Fiscal General y sus dos adjuntos iniciaron causas civiles contra Angelini, a quien le reclaman indemnizaciones por medio millón de pesos. También presentaron demandas penales y civiles contra Grau, con el propósito de cargarles toda irregularidad o insuficiencia de la investigación y exculpar a la Fiscalía General. Para esas denuncias utilizaron elementos tomados de las presentaciones de los fiscales ante la Procuración General, demostrativas del “diálogo informal” entre altos niveles de las estructuras que comandan Falbo y Novo, con un “designio común que es el del encubrimiento del contexto de narcotráfico que precede a los crímenes”. Un nuevo pedido de juicio político a Novo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Fabián Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también había puesto la vista sobre los hermanos Juliá. Novo es el fiscal general que más denuncias ha recibido de sus colegas y de los jueces de su propia jurisdicción, no por sus modos sino a raíz de “gravísimos delitos”, escribió sobre el protector protegido.
Mercado y mano de obra
El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital Federal: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar. En cambio, al departamento judicial de San Martín pertenecen algunos de los asentamientos más precarios. En uno se localiza el mercado consumidor de alto poder adquisitivo, en otro la mano de obra barata para la producción y la distribución, por no hablar del sicariato, importado para ciertos trabajos de precisión, pero cada vez con más reclutas locales, muy jóvenes y con sombrío horizonte vital. El código penal de esas organizaciones consta de pocos artículos y el procesal es expeditivo, sin los formalismos que buenos ciudadanos y dirigentes políticos objetan al sistema formal de justicia. Algunos intendentes de esos partidos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido. Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos. El diestro pionero en un esquema de gobernabilidad que incluyera en un todo armónico narcocriminalidad, policía y justicia fue el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. El 12 de octubre de 1995, cerró un seminario para jueces y jefes de policía de todo el país dictado en la escuela de policía de La Plata con el propósito de que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas pasara a manos de policías, fiscales y jueces provinciales, delegándoles el control social y los negocios. Felipe Solá obtuvo en 2005 la ley que el Congreso le negó al precursor diez años antes, y Daniel Scioli convive con sus consecuencias, administradas por su ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, el primer oficial penitenciario que llega al gabinete provincial. El informe de la comisión parlamentaria sobre el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez describe con precisión ese enredo entre comerciantes de sustancias ilegales, policías encargados de reprimirlos y fiscales que en teoría conducen la investigación. La complacencia política es patente: lejos de aplicar las recomendaciones de ese informe, aprobado por amplia mayoría legislativa, Scioli sigue protegiendo al jefe de policía y sus colaboradores, cuya destitución y enjuiciamiento reclamaban los investigadores. El gobernador repite con tono monocorde que sus enemigos son la inseguridad y la droga, pero las cárceles están colmadas de consumidores y pequeños dealers, mientras las grandes organizaciones cuentan con protección de fiscales, policías y políticos.
Hecha la ley
En toda la provincia rige un sistema eficaz por el cual tampoco existen más investigaciones sobre el manejo de los dineros públicos, el financiamiento de las campañas, el sistema de contrataciones de obra pública y las distintas formas de violencia institucional. Inspiradora de la reforma procesal de 1998, por la cual se pasó a un sistema acusatorio en el que el Ministerio Público tiene la llave de la acción penal, Falbo perfeccionó el sistema desde la Procuración General, donde asumió hace nueve años. Como jefa de todos los fiscales define con el Fiscal General de cada departamento judicial qué delitos se investigan. El principio de descentralización establecido en la ley de Ministerio Público intentó acercar la justicia a la ciudadanía, lo que permitió decir a Falbo que la provincia de Buenos Aires ha sido una adelantada de la Justicia democrática. En la práctica, la descentralización ha municipalizado el ministerio público y se ha convertido en fuente de impunidad y negocios espurios de sectores políticos, grandes empresas zonales, policías y penitenciarios. Un caso clave ocurrió en 2006 en Malvinas Argentinas, el único en que la estructura judicial bonaerense comprobó delitos de corrupción cometidos por un intendente. El fiscal general de San Martín Luis María Chichizola y su adjunto Fernando Domínguez consiguieron la detención y procesamiento del intendente Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora que no podía cobrar los certificados de obra porque los cheques se desviaban hacia allegados al intendente. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes Luís Antonio Armella iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que los denunciantes terminaron detenidos por orden del juez de garantías de San Martín, Oscar Quintana, quien también había sobreseído a los funcionarios de San Miguel procesados por la protección de prostíbulos y la trata de personas, durante el gobierno municipal de Aldo Rico. Falbo hizo su parte apercibiendo al fiscal Domínguez “por comprometer el prestigio de la administración de justicia”, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal y Quintana a vocal en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. Armella se hundió el año pasado en el Riachuelo. Chichizola prefirió jubilarse y Domínguez fue desplazado a una fiscalía de primera instancia que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Si a eso se suma la injerencia de los municipios en el Consejo de la Magistratura, no queda espacio para fiscales independientes de los poderes locales. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales de las causas con la mera invocación del denominado “criterio objetivo de distribución de tareas”, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los que en realidad deberían ser llamados fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo.
(Diario Página 12, domingo 31 de marzo de 2013)
