Dulce amor es una telenovela rosa, como las de antes. La protagonizan Sebastián Estevanez y Carina Zampini. Los dos, lindos de ver. Creíbles en sus roles. El rating los acompaña. La verdad, un exitazo televisivo. Es probable que este presente artístico sea una revancha personal para el actor y productor, después de haber estado en la mira de la AFIP que, en marzo de 2002, lo denunció por una supuesta evasión fiscal de un millón de pesos. La noticia fue divulgada entonces por la agencia oficial Télam y recogida por diversas publicaciones periodísticas, entre ellas, la revista La Primera y Clarín Digital. Tiempo después la justicia lo sobreseyó, y Estevanez decidió desquitarse con un juicio por "daños y perjuicios" contra La Primera (del Grupo Vila-Manzano) y el periodista Adrián Murano, el redactor de la nota que había reflejado fielmente lo informado por la AFIP a través de Télam, en lo que constituía un claro y genuino caso de "interés público". Trece años después, la jueza Nora González de Rossello acaba de condenar a Murano y a la revista La Primera a pagarle a Estevanez 50 mil pesos ajustables, más las costas y honorarios del proceso, sin tomar en cuenta que la revista citada dejó de publicarse, su empresa editora está concursada y quien finalmente deberá abonar de su bolsillo por la honra supuestamente afectada de Estevanez es un empleado, el eslabón más débil de una cadena que mueve intereses mucho más poderosos que brillan por su ausencia en los considerandos de la magistrada, de la que pueden rastrearse en Google tres antecedentes: 1) Tuvo una denuncia en el Consejo de la Magistratura, que luego fue desestimada; 2) Obligó a Google y Yahoo a resarcir en 120 mil pesos a la modelo María Belén Rodríguez en una causa por "ciberexposición" indebida, y 3) Ordenó a la ministra de Seguridad Nilda Garré que defienda a Clarín de los piquetes sindicales a sus plantas en el año 2011. Esto último era, hasta ahora, lo más relevante de sus actuaciones que podía recogerse en la red. En adelante, su fallo contra Adrián Murano –hoy periodista de Revista Veintitrés y del Canal CN23– será, quizá, de lo más comentado, porque sienta un precedente grave para el ejercicio de la profesión periodística, el derecho a la comunicación democrática y la libertad de expresión en el país.
En su resolución, la jueza cita jurisprudencia variada, pero la interpreta de modo tal que permite preguntarse si actuó libre de animosidad y prejuicios. Por caso, reconoce que la fuente de la información – es decir, la AFIP– es "pública y fidedigna". Admite, entonces, que Murano, en su afán por informar al público, no inventó nada. Por el contrario, acudió a una fuente insospechable, que le informó sobre algo que había ocurrido. Pero González de Rossello arremete contra los "excesos informativos" que habrían dañado la honra de Estevanez. Señala que el título, volanta y copete de la nota –que son responsabilidad del editor y no del redactor–, y la ausencia de verbos en potencial, constituyeron un desconocimiento del estado preliminar de la denuncia de la AFIP por evasión fiscal. Claro, la jueza mira la nota del 2002 con el resultado adverso del pleito judicial iniciado por la AFIP años después. Eso es como ganar el Prode con El Gráfico del lunes sobre el escritorio de su despacho. Saber si los títulos, volantes y copetes eran más o menos acertados antes de que se conociera el error de la AFIP, no es cosa de periodistas: es de astrólogos. Estevanez estaba en la lista y había sido denunciado por presunta evasión. Eso era lo que se sabía. Eso fue lo que Murano escribió.
En este punto, hay que admitirlo, González de Rossello carga retóricamente con mayor vehemencia por el desopilante delito de falta de imaginación a futuro contra los editores y propietarios de la revista. Sin embargo, algunos párrafos más abajo, castiga al redactor: "De ello se desprende que, ciertamente con menor entidad difamatoria que los títulos y los copetes, la nota redactada por el periodista demandado en su introducción también contenía calificativos y afirmaciones que no guardaban concordancia con su fuente", y luego reprocha que "no (se) utilizó el tiempo de verbo potencial, amén de que ello también permite inferir una evidente despreocupación por la inexactitud de la información".
¿Qué había escrito el periodista? Lo siguiente: "En esta nómina Estevanez Producciones S.A. ostenta una denuncia por 'evasión tributaria agravada', con un monto evadido que se estima por encima del millón de pesos. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro." Es decir, Murano dejó constancia de que se trataba de una denuncia con trámite judicial, sin prejuzgar ni adelantar condena alguna. A Gonzalez de Rossello esto le dejó sabor a poco. Lo acusa de ser un despreocupado por la exactitud de la información. Es evidente que para su fallo no se ubicó temporalmente en el momento de la nota, que es el instante exacto del presunto delito o infracción llevada a juicio, sino en el sobreseimiento posterior que benefició a Estevanez. Hoy las dos cosas son parte del pasado. Pero cuando Murano escribió lo que escribió, con preocupación por la exactitud de la información, según surge cristalinamente de lo publicado, lo primero había sucedido y lo segundo, todavía no. La temporalidad está alterada en la argumentación de la magistrada, y está hecho en perjuicio del periodista. Respecto de la utilización de verbos en potencial, que la doctrina Campillay considera junto al uso de fuentes fidedignas atenuantes de cualquier inexactitud, el haber difundido que se trataba de una causa en trámite, es decir, sin sentencia firme, como hizo Murano en su nota de La Primera, podría interpretarse como reserva ante cualquier eventualidad si el caso es mirado desde una lógica que privilegie el derecho a la información y no desde el prejuicio que procura desalentarlo o lesionarlo bajo la emboscada de los tecnicismos.
Hasta acá, un fallo que va a traer polémica, seguro. Porque basándose en la supuesta afectación del honor de una persona involucrada en una denuncia real, lo que en realidad promueve es la autocensura del periodista para que en adelante no informe aquello que a su entender es noticia relevante y de interés público, bajo amenaza de castigo económico. La Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y todas las leyes protectivas del ejercicio periodístico y la libertad de expresión garantizan lo que este fallo pone indudablemente en peligro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado Nacional por sentencias como la de González de Rossello. Basta con revisar el "caso Kimel".
Cuando jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial se reúnen en la Biblioteca Nacional "Por una Justicia Legítima", se entiende que están en la búsqueda de un cambio, tratando de adecuar sus fallos y resoluciones a la demanda de la sociedad democrática por una justicia que sea lo más justa posible. Lejos de las corporaciones y más cerca de la percepción ciudadana. El de Marita Verón y la extensión sin límite de las cautelares que benefician a grupos económicos como Clarín son episodios judiciales vergonzosos que consagran la desigualdad ante la ley y producen un descreimiento generalizado en la magistratura.
En su fallo contra el periodista Murano, la jueza incurre en una igualación de desiguales, que es algo así como el colmo de la inseguridad jurídica. Dice así: "Ambos demandados (la empresa editora de La Primera y el periodista) deberán responder en forma concurrente por los daños inferidos al accionante." Como si ambos fueran lo mismo, tuvieran la misma responsabilidad editorial e idéntico patrimonio. Con un dato que agrava el asunto: al momento de la sentencia, La Primera ya no existía como revista y el Grupo H SA –propiedad del Grupo Uno de Vila-Manzano– se encuentra concursada, hecho que la propia jueza reconoce. En resumen: a pesar de considerar que el texto del autor tiene "menor entidad difamatoria" que los títulos adjudicados al editor, es el redactor el único que deberá responder frente al demandante, porque la empresa se encuentra "concursada".
Por lo tanto, el eslabón más débil de la cadena tiene que pagar, como si en vez de empleado, se tratara de un socio o accionista de la empresa. Para que eso tuviera alguna lógica, Murano debería haber participado de las ganancias en partes iguales con Manzano durante el tiempo que mantuvieron relación laboral. No parece haber sido así. La empresa no le puso ni siquiera un abogado para defenderlo. La legislación argentina permite que haya empresarios ricos con sociedades quebradas, y cuando una jueza como González de Rossello dice hacer justicia, hace recaer toda la responsabilidad económica de su sentencia en un empleado. No se trata de tener una mirada clasista, pero callar que la misma justicia que castiga a un periodista como Murano es impotente para sentar en el banquillo a los verdaderos barones del negocio por desidia, indolencia o facilismo, sería sumarse a una maniobra escandalosa.
Estevanez es un empresario exitoso. La AFIP, que no pudo probarle la evasión, es un organismo público superavitario. La empresa que empleaba a Murano no paga porque dice estar quebrada. Conclusión: el que tiene que pagar los 50 mil pesos ajustables, las costas y los honorarios, es un trabajador de prensa que vive en un PH después de 25 años de oficio. No es una novela feliz, como Dulce amor.
Acá no hay besos, ni abrazos, ni finales rosas.
Es la película de la injusticia. Que en 30 años de democracia aún no pudimos sacudirnos de encima.
Pasado y futuro
Casi 100 mil personas participaron del acto por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, el último 24 de marzo, bajo la consigna "Por una justicia democrática". Los enviados de medios de prensa extranjeros, presentes en la Argentina detrás del Francisco Tour que inauguró la entronización de Jorge Bergoglio en el Vaticano, se toparon con una ceremonia colectiva que no estaba en sus cálculos. Se los veía realmente sorprendidos por la multitud movilizada. No era para menos. Además, desde el escenario, hablaba la abuela Estela de Carlotto que hace 35 años busca a 400 nietos en poder de los genocidas apropiadores, que el Poder Judicial corporativo todavía no pudo encontrar ni devolver al seno de sus familias. Carlotto denunció, una vez más, a la pata civil de la dictadura cívico-militar: empresas como Loma Negra, La Veloz del Norte, Socma del Grupo Macri, Ledesma y Clarín, entre otras. Fue suficiente. Un día después, la titular de Abuelas, intentó ser asociada a la lucha armada desde Clarín. La campaña buscó enlodar una lucha y una trayectoria de integridad y coraje democrático que conoce el mundo entero. Una semana antes, el mismo diario había acusado a La Cámpora de armarse con el Renar de cómplice. Se ve que el diario que fue oficialista del Terrorismo de Estado pierde credibilidad, pero no las mañas. Ayer y hoy, contra la juventud, que siempre es peligrosa. Ayer y hoy, contra las Abuelas, que son las víctimas de una historia trágica que tuvo a Ernestina de Noble y Héctor Magnetto como beneficiarios concretos con Papel Prensa. Hubo casi 100 mil personas en la plaza. Esa foto dio la vuelta al mundo, al igual que las palabras de Carlotto contra el poder económico. Para Clarín, la noticia fue un forcejeo entre un grupo kirchnerista y el Partido Obrero. Esa misma semana, los gerentes de la empresa Ford eran sentados en el banquillo para que respondan por los trabajadores desaparecidos en la automotriz estadounidense, gracias a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que impulsa el gobierno democrático.
Clarín no está nervioso, solamente. Ahora tiene miedo. De lo que hizo o dejó de hacer en el pasado y de las consecuencias que eso tiene para su propio futuro. Por eso ataca a las Abuelas y a los jóvenes como lo hace.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 31 de marzo de 2013)
