Tal vez la proximidad de la conclusión de esta segunda etapa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se ventilan en la jurisdicción de la justicia federal en Mendoza, hace pocos días se hizo un paréntesis. Al reanudarse las jornadas -jueves y viernes- como es habitual, los testimonios que se escucharon, la mayoría de ellos de víctimas de la oscura y tétrica dictadura cívico militar del 76, provocaron profundas emociones en los oyentes que llenaban el salón del Tribunal Oral Número 1.
En uno de los tramos de las jornadas se escucharon testimonios sobre las desapariciones de Angeles Gutiérrez, Miguel Pointeau, Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo y Mario Camín, Manuel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Raúl Sosa. Fue importante lo que expuso Raúl Rizzi, mediante video conferencia desde la embajada argentina en Estocolmo, Suecia. Contó el periplo de su calvario: "En esa época bastaba con que uno repartiera un panfleto para que lo hicieran desaparecer". Fue detenido el 21 de octubre de 1976 y llevado al D2. Allí se encontró con Miguel Pointeau. "Yo estaba contiguo a su celda, hablábamos a veces muy bajo. En algún momento escuché cómo su cuerpo golpeaba contra el suelo... a la media hora vinieron varios guardias y en total silencio se lo llevaron... Nunca más lo vi. Yo tenía una militancia reducida, en la Juventud Universitaria Peronista. Estuve detenido hasta el 18 de octubre de 1979".
Por los varios interrogatorios y sesiones de torturas a que fue sometido, pudo reconocer al que denominaban "Mechón Blanco", o sea Manuel Bustos Medina; al "Caballo Loco", o sea Mario Torres, y a uno que hacía de "bueno", o sea Eduardo Cía Villegas, reconocimientos realizados por las fotografías del personal actuante del D2 que le fueron expuestas. Fue por ello un testimonio de gran importancia, como lo fueron también los de José Marcial Suárez, Donato Lázaro Mamaní y Juan Carlos Pedot, que vinieron especialmente de Buenos Aires, donde están radicados desde aquellas épocas, afirmando haber sido víctimas del "exilio interno". Entonces habían sido simpatizantes o militantes del socialismo en sus versiones más avanzadas, como el Partido Socialista de Vanguardia. "Yo he venido por los compañeros y compañeras desaparecidas con quienes formábamos una gran fraternidad", por eso, según los dichos de Mamaní y Pedot, en gran parte hacían trabajos sociales, con un gran sentido solidario: "éramos militantes políticos y solidarios con los necesitados y por eso nuestra tarea... no hacíamos uso de armas... nunca tiramos ni una piedra, todos los trabajos que hacíamos eran a cara descubierta porque no teníamos nada que esconder... muchos de los desaparecidos estaban confiados en que por ello nunca los iban a tocar", dijeron. Algunos de ese grupo eran de otras identidades políticas, como Neloy Camín, ingeniero, del partido comunista; Oscar Gómez, del Partido Obrero y Juan José Galamba, que estaba en Montoneros.
Los testigos también coincidieron que el Partido Socialista ya estaba diezmado, tal lo que ocurría con la mayoría de las agrupaciones políticas y estudiantiles que habían tenido una definida identidad popular, nacional y antiimperialista.
OTRAS CLAVES
El testimonio de Ana María Bakovic aportó claves sobre el secuestro de Oscar Daniel Iturgay y de su marido Oscar Ramos. Ella estuvo detenida entre 1975 y 1979, y cuando hacía unos pocos meses había dado a luz un hijo, fruto de su pareja con Julio Carlos Ramos. Fue internada -presa- en el D2 y luego fue enviada a Devoto. Su hijo fue bautizado con el nombre de Ernesto Sebastián. Estando en Devoto tuvo la noticia de la desaparición de Ramos, su compañero.
A su hijo lo entregó en custodia a Angel Felipe Miranda y su señora. Ramos, antes de caer, tuvo contacto con los Miranda y les pidió ver a su hijo. Miranda le dio una cita y le entregó el chico a su padre. Nunca más supieron de ambos. Cuando recupera su libertad, Ana se dedica empeñosamente a la búsqueda de su hijo. Realiza gestiones ante varios niveles oficiales, especialmente en la justicia de familia, juzgado a cargo de la jueza Dávalos (¿Avalos?), con muchas trabas, indecisiones, incluso omitiendo la calificación correspondiente a una verdadera expropiación de niño quien, además de haber cumplido ya los 9 años, tenía como apellidos Bustos Chiecher, es decir, una clara expresión de la metodología de expropiación ilegal.
Queda en claro, una vez más, la esencia exclusivamente represiva y asesina de los componentes del terrorismo de Estado, que no tuvo límites aún cuando el llamado "enemigo subversivo" ya había sido vencido. La cuestión era exterminar, matar, hacer desaparecer, torturar.
(Fuente: LA QUINTA PATA)
