Se sabe, la familia Ingalls es el estereotipo de familia perfecta, aquella donde los conflictos entre sus integrantes no existen, donde reina el amor, la solidaridad y la falta de rebeldía. Lejos de este ideal ingenuo, el pasado 11 de diciembre una de las familias más importantes de la Argentina manifestó públicamente sus diferencias: la familia judicial.
El disparador del conflicto interno fue un documento difundido el 6 de diciembre pasado, de fuertes connotaciones corporativas, en el que cuatro importantes organizaciones judiciales (en una actitud paternalista) pretendieron respaldar a los integrantes de la Cámara Civil y Comercial en su nefasto tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el texto exhortaron al Poder Ejecutivo a evitar “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia” y solicitaron “que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias (…)”. El comunicado estaba firmado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial; la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.
Cinco días más tarde, alrededor de 200 jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios del Poder Judicial se rebelaron y firmaron una solicitada en respuesta a sus pares: “Muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado”, comenzaron el escrito titulado “Una Justicia legítima”. “Los magistrados –suscribieron los firmantes– también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan”, afirmaron.
La Justicia se enfrentaba a sí misma públicamente
“La finalidad declarada del comunicado corporativo no era defender intereses privados pero objetivamente juega a favor de una de las partes del proceso”, dijo a Veintitrés uno de los firmantes, el fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. “Este conflicto evidencia un panorama que ya existía en el Poder Judicial. Yo celebro que haya habido un hecho que funcionó como catalizador y que haya logrado cristalizar esto –afirmó quien trabaja hace más de dos décadas en la Justicia–. Muchas personas no nos sentimos a gusto teniendo que cargar sobre nuestras espaldas las peores tradiciones. También es injusto sostener que todos somos eso”.
Para Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata y adherente de la segunda solicitada, “todos los jueces declaman ser independientes pero desde lo real, no todos lo son. Hay un sistema de creencias y una ideología que influye de forma determinante”, aseguró quien lleva 21 años como juez de cámara.
Rozanski, quien presidió el juicio al genocida Miguel Etchecolatz, entre otros represores, aseveró que el comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial no lo tomó por sorpresa. “Tengo una idea de cuál es el pensamiento de la corporación –dijo–. Pero me parece valioso que haya una respuesta de los que no coincidimos. En el ámbito de la Justicia ser independiente es ser verdaderamente honesto intelectualmente”, explicó Rozanski, quien no se sintió representado por la Asociación de Magistrados a la que pertenece.
Eduardo Freiler, presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tampoco coincide con la asociación presidida por Luis Cabral, sucesor del controvertido camarista Ricardo Recondo. “Pensar que cuando un poder del Estado critica la actividad de otro poder está queriendo ejercer esas funciones es algo que está desligado de la realidad”, sostuvo. Y agregó: “Gran parte de lo que se ha visto en la primera solicitada responde a esta actitud corporativa de un poder históricamente cerrado, aristocrático, que se renovaba en sí mismo, nutriéndose de sus propios familiares. Que se hagan públicas las diferencias demuestra que el Poder Judicial no está conformado por un pensamiento único”.
Para el fiscal Crous no hay que hablar de presiones y de miedos sino “de identidad ideológica de los jueces con determinados sectores. Nadie presiona a nadie. La matriz del Poder Judicial ha sido cincelada en función de esos intereses. Con la democratización paulatina del Poder Judicial se está equilibrando de a poco la cuestión”.
Rozanski vislumbró que la disputa pública en la familia judicial permitiría cambios de fondo: “Me parece que estamos viviendo un momento de quiebre interesante y positivo. Si hay una corporación que ha convalidado cosas feas, esa fue la corporación judicial: hubo decisiones de gobiernos militares convalidadas por el Poder Judicial. En última instancia esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué tipo de jueces queremos. Quizá podamos rever los parámetros que se usan para nombrar magistrados, incluso si es necesario ir a un sistema de elección popular para que los jueces representen la voluntad popular y no a grupos concentrados”.
En este punto, Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, aseveró: “Yo lamento que esta discusión tan esperada aparezca en una situación tan coyuntural. La discusión profunda sobre los paradigmas del funcionamiento del Poder Judicial debe darse permanentemente. Lo cierto es que el Poder Judicial viene a la zaga de los vientos democráticos”.
Con el final de la dictadura militar, muchos jueces se reconvirtieron y continuaron en sus cargos. Si bien pocos magistrados de aquella época permanecen en el Palacio de Tribunales, muchos funcionarios que hicieron carrera durante el terrorismo de Estado los reemplazaron. El juez Freiler recordó: “No todo el Poder Judicial se ha ido actualizando democráticamente de la misma manera en los últimos 29 años. Había muchos jueces comprometidos con el pensamiento de la dictadura”. Por este motivo, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, insistió con su pedido de democratización, que atraviesa transversalmente a la Justicia. “Pretendemos un Poder judicial de puertas abiertas que esté sometido al control y a la crítica de la ciudadanía”, explicó Auat. Una pretensión que enfadó a la corporación y puso en crisis, por primera vez en décadas, a la gran familia judicial.
______________________________________________________________________
Félix Crous
“No hay que hablar de presiones y de miedos sino de identidad ideológica de los jueces con determinados sectores. Nadie presiona a nadie. La matriz del Poder Judicial ha sido cincelada en función de esos intereses. Con la democratización paulatina se está equilibrando de a poco la cuestión”.
Eduardo Freiler
“Está claro que si una persona es presionable por las críticas que recibe no tiene el equilibrio ni la fortaleza suficiente para ejercer la magistratura. Todos los jueces que han ejercido la función o han tenido causas de relevancia social han estado sujetos al escrutinio público. Se puede presionar sólo al presionable”.
Carlos Rozanski
“Todos los jueces declaman ser independientes pero desde lo real no todos lo son. Hay un sistema de creencias y una ideología que influye de forma determinante. En el ámbito de la Justicia ser independiente es ser verdaderamente honesto intelectualmente”.
Jorge Auat
“Con el comunicado del 11 de diciembre quisimos tomar distancia del primer documento que se emitió el 6 de diciembre porque entendimos que bajo el ropaje de la independencia judicial se encerraba un mensaje corporativo. En ningún momento estuvo afectada la independencia de los poderes”.
(Fuente: Revista Veintitrés, 13 de diciembre de 2012)
