La justicia federal de La Plata condenó a prisión perpetua a 16 represores y a penas de entre 25 y dos años de cárcel a otros siete por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en seis centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps, y consideró que esos crímenes cometidos "importan la comisión de un genocidio". En su fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 revocó las prisiones domiciliarias y ordenó que las condenas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común. También ordenaron la detención del ex fiscal de Estado de la provincia, Alberto Rodríguez Varela, y que se investigue su responsabilidad en el secuestro y las torturas a los miembros de la familia Graiver. Asimismo, ordenaron enviar los testimonios de Lidia Papaleo, Rafael Ianover e Isidoro Graiver al Juzgado Federal Nº10 de Capital Federal, "donde se investiga el traspaso compulsivo de la empresa Papel Prensa". También enviaron mensajes a tres sectores: el tribunal ordenó investigar la complicidad de funcionarios judiciales y miembros de la Iglesia, y pidió que se analice el rol del diario La Nación durante el desarrollo del juicio (ver aparte).
Luego de 15 meses de audiencia en las que dieron testimonio 400 víctimas y familiares, los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela dictaron sentencia ante una audiencia repleta de público, que aplaudió y festejó por cada represor condenado y por cada investigación o solicitud a otros estamentos de la justicia u otros poderes que ordenaron. El primer estallido de aplausos durante la lectura del veredicto se produjo cuando el presidente del tribunal leyó la calificación de genocidio por los crímenes cometidos por los imputados.
"Las conductas de los imputados al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional importan la comisión de un delito de genocidio", leyó Rozanski, y los aplausos lo interrumpieron. Y continuó: "En cada caso corresponde la condena por tal delito." Sin embargo, los magistrados aclararon que el pedido por genocidio fue introducido en los alegatos, y que aplicarían los tipos penales y las penas previstas en el derecho interno, "todos los cuales son delitos de lesa humanidad", agregaron.
Esos delitos fueron los secuestros y torturas de 280 personas, de las cuales en 33 casos se confirmaron sus homicidios, todos cometidos en los centros clandestinos de detención Comisaría 5ª de La Plata, Brigada de Investigaciones, Destacamento de Arana, Subcomisaría de Don Bosco (Puesto Vasco), COTI Martínez y Brigada de San Justo, todos edificios policiales bajo el mando del fallecido coronel Ramón Camps.
Los condenados a prisión perpetua fueron el abogado Jaime Lamont Smart, el militar Rodolfo Aníbal Campos, y los policías Miguel Osvaldo Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama, Carlos García, Domingo Almeida, Horacio Elizardo Lujan, Luis Vicente Patrault, Norberto Cozzani, Miguel Kearney, Fernando Svedas, Bernabé Jesús Corrales, Raúl Orlando Machuca, Julio César Arguello, Mario Víctor Sita y Roberto Omar Grillo. También condenaron a 25 años de cárcel a los policías Eros Amílcar Tarela y Jorge Antonio Bergés, a 18 años a Roberto Antonio Cabrera, a 15 a Sergio Arturo Verduri, a once años a Pedro Antonio Ferriole y Daniel Jorge Lencinas, y a dos años de cumplimiento efectivo a Santiago Antonini.
En todos los casos, los condenados lo fueron como "autores directos" de los crímenes, ya que en el fallo aclararon que "los delitos perpetrados por funcionarios públicos bajo la protección de un aparato de poder organizado y clandestino constituyen un delito de infracción de deber especial". Esa calificación del accionar de los represores fue solicitada por los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y considera a los autores intelectuales ejecutores del delito.
También por pedido de la secretaría, ordenaron remitir las declaraciones de Lidia Papaleo, Isidoro Graiver y Rafael Ianover y los dichos del imputado Cozzani "al Juzgado Nacional en lo Criminal Correcional Federal Nº10 de Capital Federal donde se investiga el traspaso compulsivo de Papel Prensa".
En el mismo sentido tuvieron en cuenta los elementos surgidos del debate para ordenar la detención del ex fiscal de Estado durante la última dictadura cívico-militar, Alberto Rodríguez Varela, quien según los testimonios "concurrió al centro clandestino de detención Puesto Vasco y entrevistó a personas secuestradas y torturadas pertenecientes al denominado Grupo Graiver".
Durante el año y tres meses de debate fueron ventilados los secuestros de los chicos de la Noche de los Lápices, del director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, de Lidia Papaleo y los miembros de la familia Graiver; también el del testigo nuevamente desaparecido Jorge Julio López, y el ataque a la casa Mariani Teruggi, donde fueron asesinados cuatro personas y robada la bebé Clara Anahí Mariani, la nieta que Chicha Mariani todavía busca, entre otros casos.
"También hay que tocar a otros sectores de la sociedad que estuvieron involucrados o fueron cómplices y se escondieron detrás de argumentos mentirosos, como la Iglesia", sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al culminar la lectura. Es que por pedido de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la abogada Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, el tribunal también ordenó investigar la responsabilidad del vicario castrense "Emilio Gracelli y los funcionarios del Seminario Mayor San José de La Plata". Según se supo, en las audiencias, ese sector de la curia enviaba la comida que, alternadamente, recibían los detenidos desaparecidos de la Comisaría 5ª.
Los jueces también exhortaron al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a que desafecte los edificios policiales donde funcionaron los centros clandestinos y pidieron que esa seccional y el destacamento de Arana sean convertidos en sitios de memoria. También pidieron que las instrucciones de las causas en curso incorporen los delitos sexuales como parte de las torturas que recibían los detenidos durante su cautiverio.
Duro reproche al diario La Nación
En uno de los considerandos de la sentencia, los jueces señalaron las presiones del diario La Nación sobre el tribunal y su intento a través de la publicación de editoriales y notas falaces de mejorar la situación del imputado Jaime Lamont Smart, y advirtieron que esas publicaciones "fueron el soporte de las amenazas dirigidas contra dos miembros de este tribunal para presionarlos sobre el sentido del fallo definitivo". "Considerando los editoriales y notas periodísticas publicadas por el diario La Nación respecto de este juicio oral donde se publicitan de manera falaz los hechos juzgados intentando mejorar la situación procesal de uno de los imputados, corresponde poner en conocimiento de esta maniobra ante la Comisión Nacional de Independencia Judicial de la Corte Suprema de la Nación y de la Comisión Interpoderes", leyó el juez Carlos Rozanski sobre el final del fallo que condenó a los represores del Circuito Camps.
Concretamente, se refería a los editoriales en los que se ejercía la defensa del ex ministro, que luego fueron enviados por correo en una carta de amenaza remitida desde Punta del Este.
Aplausos y dos sillas vacías
Cientos de personas sentadas en la calle 4, entre 51 y 53, de La Plata, celebraron ayer frente a la sede del Tribunal Oral Federal 1, ex AMIA, con aplausos y cánticos cada una de las condenas a los represores que actuaron en el Circuito Camps.
Desde las 18, los organismos de Derechos Humanos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del tribunal para la lectura de la sentencia, ocasión para la que se colocó una pantalla gigante en la vereda. Junto a ellos se movilizaron también movimientos políticos y estudiantiles, como La Cámpora y la Unión de Estudiantes Secundarios.
Un gran aplauso comenzó en la colmada sala del tribunal y siguió en la calle cuando el juez Carlos Rozanski leyó las condenas de dos de los símbolos del juicio oral: Jaime Smart y Miguel Etchecolatz.
La sala del ex edificio de AMIA estuvo repleta de familiares de las más de 280 víctimas aunque dos sillas se dejaron vacías con las fotos de dos testigos centrales, Julio López, desaparecido desde 2006, y Adriana Calvo, quien falleció en 2010.
Entre los presentes estaban la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, así como los nietos restituidos Pedro Nadal y Leo Fossati. Para Carlotto, valió la pena "la paciencia de esperar 35 años para esta satisfacción", y reclamó que se continúe juzgando a los civiles luego de la condena a Smart. Además, celebró que los condenados vayan a una cárcel común "sin ningún privilegio".
En la sala también estuvo María "Chicha" Mariani, aplaudida de pie por el público. Pablo Díaz y Emilce Moler, sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Junto al secretario de Derechos Humanos estuvo el canciller Héctor Timerman sentado en las primeras filas, ya que fue juzgado el secuestro de su padre, Jacobo Timerman. El funcionario subrayó que se haya juzgado el caso Papel Prensa: "Fue el mayor robo de la dictadura y esto demuestra la rapiña que llevó adelante la dictadura. Hubiese sido importante que (Héctor) Magnetto y (Bartolomé) Mitre declaran en el juicio."
(Diario Tiempo Argentino, jueves 20 de diciembre de 2012)
