(viene de la edición de ayer)
Aunque una de las estrategias aplicadas por la SIP fue insistir en un supuesto complot contra la libertad de expresión orquestado por gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo cierto es que como revela Capriles:
“En los países de gobierno dictatorial existió de hecho un acuerdo tácito entre gobiernos y medios difusivos sobre la base de situaciones previas de entendimiento, lo que demuestra de paso que los medios comerciales no estaban exigiendo democracia o libertad, sino defendiendo privilegios oligopólicos para su actividad publicitaria, actividad que en cambio consideraban amenazada en aquellos países de régimen de democracia formal, por el hecho de ser en estos —o al menos en algunos de ellos— donde se había planteado el tema de las políticas de comunicación, como elemento necesario para un avance o perfeccionamiento de la democracia”. (Capriles, 1996, p. 57)
Algunos de los acuerdos de esa reunión de Costa Rica consistían en crear una agencia latinoamericana y caribeña de noticias, establecer formas de cooperación para el desarrollo de las comunicaciones rurales, formar un consejo latinoamericano de comunicación social, exigir una circulación equilibrada de comunicación e información en el plano internacional y reconocer el derecho a la comunicación como derivado del derecho universal de expresión. Sin embargo, todos estos propósitos fueron abandonados por los gobiernos ante la fuerte presión mediática.
Particularmente en Venezuela, la SIP encontró el apoyo de la patronal Fedecámaras, que el 3 de agosto lanzó una declaración en la cual hablaba sobre la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y alertaba contra el peligro totalitario.
Desde entonces hasta ahora, la SIP se ha mantenido actuando contra los intentos de reivindicación del derecho a la comunicación y a la información veraz. Es por ello que a finales de los noventa, acusó al gobierno de Rafael Caldera de tener tentaciones totalitarias, buscando impedir que presentara su propuesta del derecho a la información veraz en la VII Cumbre Iberoamericana, reunida en la isla de Margarita, en 1997.
En aquella cumbre, a pesar de la violenta oposición de la SIP, se aprobó por primera vez un párrafo que habla sobre garantizar el derecho a la información veraz, en el acuerdo 38 de esa conferencia, que aún está vigente. Este principio encontró luego caminos más firmes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra en el artículo 58 el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.
El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa?
En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar conceptos que legitiman su comportamiento y la autoerigen en un referente a la hora de definir qué es la libertad de prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién no. No obstante, cuando hace esto, está incurriendo en la usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta en nombre de quiénes actúa verdaderamente esta organización patronal. Veamos algunos ejemplos:
• La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas, pero como hemos visto, se trata de una organización empresarial que sólo representa a los dueños de los medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del gremio periodístico, como lo han denunciado periodistas de todo el continente.
• La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y quién respeta la libertad de expresión.
Como advierte el periodista Ernesto Vera, la libertad de expresión es un derecho individual, del cual se deriva la libertad de prensa, pero en el tiempo de los medios masivos se convierten en un derecho colectivo.
Es entonces un derecho de la sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo efectivamente en sus manos, es como si confiáramos que el derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las grandes clínicas privadas.
Oswaldo Capriles, en su libro “Poder político y comunicación”, señala también que la SIP utiliza la libertad de prensa para presionar en la opinión pública.
Al presentarse como los encargados de definir en cuáles países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la opinión pública con un valor que no tienen.
Recuerda además que se nos oferta la concepción dominante de la libertad de expresión como un exclusivo privilegio de los dueños de los medios.
En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de expresión, sino la sociedad?
Es por eso que se denuncia con frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad de prensa con la libertad de empresa, que no es más que la defensa de su capacidad de realizar negocios, tal y como lo expresa la Felap:
Siendo esta sociedad una agrupación nucleada con base en propietarios y editores de periódicos, la libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que la libertad de empresa que necesitan sus miembros para participar en el comercio de la prensa y utilizar la noticia con una mercancía u objeto de consumo (2006, p. 28).
• La SIP pretende definir, sin la participación de otras instancias de la sociedad, qué es la libertad de expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del cual se han apropiado a partir de su poder económico.
Esta pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración de Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un concepto de libertad de prensa que pretende una prerrogativa de los medios de difusión.
La organización empresarial inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente asegura que los diez puntos establecidos en la Declaración se han establecido como “el estándar reconocido mediante el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y expresión”.
(continua en la edición de mañana)
