Apenas dos semanas después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) los medios dominantes han abandonado o relegado al tercer plano el análisis de los resultados que son una expresión muy rigurosa de las preferencias ciudadanas. Su campaña se vuelca a denunciar a funcionarios o dirigentes oficialistas. Relegadas al desván las cuentas bancarias en paraísos fiscales refrescan casos viejos, inventan algunos nuevos. En su afán de criminalizar al kirchnerismo insinúan la existencia de asesinatos políticos, una novedad en su relato. La muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman se encamina a un veredicto que descarta el homicidio (ver págs. 2 y 3 de esta edición), la Vulgata prefiere divulgar exabruptos groseros y deliberados del abogado de la querella. Un criminal condenado a cadena perpetua “revela” hechos que jamás declaró en juicio, cuando ponía en juego su futuro: se toma su dudosa palabra como verdad revelada ya que sirve para enlodar al jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El debate político se minimiza o se judicializa al extremo.
Desacreditar al sistema electoral es un ingrediente de la avanzada: un sesgo que nada tiene de original o novedoso. Numerosas voces opositoras van bosquejando su evaluación a priori del veredicto popular de octubre o de noviembre, según pinte. Si triunfa un candidato opositor será una prueba de la sabiduría ciudadana, un canto a la República, un despertar con mucho de epifanía. Si el Frente para la Victoria (FpV) consigue su cuarto mandato consecutivo, se hablará de fraude, clientelismo, necedad popular, de rebaños de ovejas... hasta del síndrome de Estocolmo. Son artificios de malos perdedores que se curan en salud.
Cero originalidad argenta en la conducta de las derechas o centro derechas nativas. En Brasil están buscando derrocar a la presidenta Dilma Rousseff a un año de su reelección. En Ecuador y Bolivia zozobró el sistema por levantamientos armados cívico-policiales-militares contra los presidentes plebiscitados Rafael Correa y Evo Morales. Se troncharon por la capacidad de esos líderes y el apoyo tan firme como veloz de otros gobernantes de la región. El ex presidente paraguayo Fernando Lugo tuvo menos fortuna o menos destreza o menos poder construido o las tres variables combinadas.
Tampoco es novedad en la historia nacional que atraviesa su más extenso (mejor por antonomasia) período de estabilidad institucional. Se vota cada dos años a nivel nacional, provincial y municipal. El sufragio es universal y obligatorio. La norma constitucional asegura que los sectores populares participen en proporciones ajenas a supuestas grandes democracias del planeta, la de Estados Unidos como ejemplo eximio. El voto voluntario es clasista y censitario en la práctica: participan los más ricos o ilustrados en proporción mayor a su número en la población general. La máxima “una persona, un voto” no se corrobora empíricamente.
El peronismo prevalece en muchas elecciones, lo que es considerado un pecado y un atentado contra la alternancia. No hay tanta en Chile, donde la Concertación primó en todas las votaciones menos una desde la caída de Pinochet. La canciller alemana Angela Merkel analiza postularse para su cuarto mandato consecutivo, en su país suponen que será con éxito. En otros países europeos hay más alternancia ahora porque zozobran electoralmente las administraciones que fracasan. Pero la exitosa en pago propio líder germana, que conduce al país dominante y más poderoso desde fines de 2005, revalida y revalida. En los buenos tiempos, esa “fortuna” le cupo a los españoles Felipe González o José María Aznar o a los británicos Margaret Thatcher o Tony Blair.
La alternancia se activa en buena dosis por la insatisfacción de las respectivas sociedades. No es un don en sí misma ni una gracia divina, ajena a la valoración popular de los gobiernos.
Volvamos a las reflexiones de cabotaje que jamás deberían hacerse sim echar un vistazo a la experiencia comparada.
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70 años y 32 en especial: En más de un sentido el justicialismo surgió antes pero la fe de bautismo indica que está por cumplir setenta años, el próximo 17 de octubre. Ahí nomás Juan Domingo Perón llegó a la Casa Rosada merced a elecciones libres. Desde entonces y con peripecias o excepciones parciales puede afirmarse que el peronismo se caracterizó por su respeto a las reglas electorales. Sus críticos hurgan en el archivo: encuentran una maniobra con las circunscripciones electorales porteñas allá por los cincuenta. Una nadería si se la compara con sus rivales de entonces.
Se podrá argüir que el apego a las reglas, a despecho de la intrínseca perversidad que le atribuyen ciertos contrincantes, existe porque acostumbra ganar. Tal vez así sea, tal vez la coherencia exprese dos caras de la misma moneda.
Dos gobiernos justicialistas (uno indiscutiblemente progresista y popular, elevador de la condición obrera, otro decadente y violento) fueron derrocados por golpes cívico-militares en 1955 y 1976. El peronismo estuvo proscripto entre 1955 y 1973 lapso en el que se sucedieron gobiernos con presidentes militares y otros con dirigentes políticos electos merced a la proscripción de la mayoría o primera minoría.
En esos tiempos, el desprecio institucional era criterio extendido en el sistema político: nadie se privaba del recurso a los cuarteles o al golpismo.
Esa etapa desdichada, felizmente, tiene corrección desde 1983: democracia continua durante un período inigualado (en más de un sentido). En estos tiempos el peronismo ha primado o sido vencido en provincias e intendencias. A nivel nacional cayó en 1983. Y en 1999, después de las dos presidencias de Carlos Menem. En esa ocasión la entrega del poder al adversario se cumplió en tiempo y forma, “logro” no concretado por los presidentes radicales Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Su respectiva valoración histórica es, a los ojos de este cronista, extremadamente distinta. Esa faceta, empero los asemeja, aunque el primer mandatario democrático pasó el mando con elecciones limpias ya realizadas, habilitando un atisbo de normalidad.
El kirchnerismo enfrenta la decisión popular más reñida desde que gobierna. Un escenario bastante menos rotundo que en 2007 y 2011. El FpV es el favorito conforme lo comprueban los datos duros de las PASO. Pero el final es abierto y, sin ser lo más factible, no es imposible un éxito de sus adversarios. Nadie en sus cabales duda acerca de qué pasaría si eso sucediera: el traspaso del poder se haría conforme las reglas y el calendario prefijados. Y agreguemos: con una herencia en materia de estabilidad política, sustentabilidad económica y ampliación de derechos como jamás se vio desde 1983. Pifiaron lejos quienes vaticinaron que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejaría adrede la tierra arrasada, desvalidos a los trabajadores mejor o peor retribuidos, la economía en default, en quiebra el Banco Central. Las agorerías fueron refutadas por las acciones oficiales. El gobierno sostiene las vigas maestras de su “modelo” económico social lo que incluye una constante inversión y cobertura “por abajo”.
El proyecto kirchnerista es discutible o perfectible, acaso tocó un techo. Sin duda, no atraviesa su tramo más promisorio... pero desde el vamos garantizó una elevación social compartida con predominio para los sectores populares y congregó un apoyo ciudadano envidiable y fácil de explicar.
La fidelidad popular es como un sabroso racimo de uvas para quienes no lo alcanzan, por eso denuncian que están verdes.
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Todo es mejor si se controla: En más de tres décadas se acumularon comicios de todo pelaje en variadas comarcas y niveles. Son centenares, acaso más. El promedio es de veredictos indiscutibles. No hablamos, claro, de la valoración subjetiva de las preferencias sino de la legalidad.
Claro que con tantas experiencias en tantas comarcas se recuerdan tentativas de trampas, “picardías”, maniobras sospechosas o delictivas, denuncias de fraude. Las corroboradas son ínfima minoría.
Sin aspiración de mencionar todas recordamos las muy polémicas elecciones a gobernador en Córdoba de 2007 (Luis Juez versus Juan Schiaretti) o en Chubut 2011. Se pidieron revisiones, se consiguieron solo en pequeña parte.
En 2015 el PRO transformó en rutina la denuncia de fraude. La practicó en las PASO locales y en las de autoridades provinciales en Santa Fe. En las Primarias consiguió reapertura de urnas que reveló que el socialismo acusado había conseguido un poco más de votos que en el escrutinio provisorio y que el paladín amarillo, Miguel Del Sel, un puñado menos. Tras morder el polvo en la disputa por la gobernación pusieron el grito en el cielo pero luego desistieron de la revisión. Sabían que habían perdido, gambetearon el papelón.
El 9 de agosto el jefe de Gobierno Mauricio Macri y sus allegados volantearon denuncias apriorísticas que no trasladaron a Tribunales luego. Aclaramos, por si es menester, que estaban en su derecho o por ahí en su deber si creían en sus propias palabras.
El rebusque es diáfano: se enturbia el acto, después se ve.
El sistema electoral, empero, tiene robustez que se sustenta en un viejo principio alegado por Juan Domingo Perón: todo es mejor si se lo controla. Y en una vieja lógica de las fuerzas nacional-populares: las instituciones son más sólidas con participación ciudadana.
Un primer bastión poco aludido del régimen electoral es el sufragio universal, que produce veredictos masivos que conllevan legitimidad de origen para los elegidos. Es una verdad de Perogrullo, que se soslaya porque queda feo suponer que la masividad es un valor positivo y aún fundacional del sistema político.
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De la mesa al Tribunal: Los controles durante la votación son muchos. Es el único modo para que funcione bien. Las autoridades de mesa son argentinos del común, mayormente con educación secundaria o universitaria, cuando y donde se puede. Se escogen al azar, con sorteo informático del que se excluyen a los afiliados a partidos políticos. Estos cuentan con fiscales que pueden asentarse en cada una de las mesas, vigilar la emisión del voto, participar del primer escrutinio ahí mismo, firmar actas para validarlo y llevarse certificados que las copian como prueba.
El escrutinio del día es provisorio. El definitivo se realiza después. Los fiscales pueden impugnar votantes o votos, según los casos. Se deja constancia y se difiere la evaluación para días posteriores.
Los partidos pueden realizar denuncias luego. Si las sostienen cuentan con acceso a la justicia electoral, estructurada conforme las reglas del federalismo.
O sea, los controles son sucesivos, escalonados, numerosos y realizados por personas diferentes. Gente de a pie que actúa como el primer funcionario, fiscales partidarios, autoridades ejecutivas y el Poder Judicial.
El hecho de que se conserve en papel los sufragios emitidos está puesto en cuestión por la moda del “voto informático” o la “boleta electrónica”. Son avances o cambios dignos de ser debatidos y hasta incorporados. A la hora de rechequear, el papeleo original tiene un encanto que es que el recuento puede ser realizado por personas con competencias similares al argentino que vota.
El itinerario está abierto a cualquiera, quienes gritan como el tero lo saben pero prefieren descalificar porque temen ser vencidos. En suelo patrio no se niega a nadie un faso, un mate o una denuncia propagada en los medios sin sustento material.
La escala acumulativa de controles cruzados es razonable, eficaz y sistémica. Es sensato que se la revise al correr de los años. Seguro que hay rémoras, rutinas mejorables, aportes a tomar probados en otros países.
Y es forzoso estar alerta siempre para sostener un buen sistema. Este no se sostiene sin la intervención conjunta de ciudadanos conscientes, fiscales con vocación y capacitados por sus dirigentes, dirigentes y magistrados responsables. La existencia de contralor no es un recurso estático desde ya.
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El reclamo de Solá: La oposición y su vanguardia mediática apuestan fichas al escándalo antes que a la propuesta alternativa. El escándalo es sencillo, brutal y no requiere comprobación fáctica. Curiosamente o no tanto, la queja del diputado Felipe Solá sobre el escrutinio provisorio en Buenos Aires fue generosamente divulgada pero no con tanto batifondo como podría esperarse. El por qué escapa a la comprensión de este cronista, tal vez tenga que ver con el afán del establishment que es disuadir o apretar al diputado Sergio Massa para que deponga su candidatura a presidente. Si esa es la contradicción principal, los reclamos de Felipe, aunque funcionales a la derecha nativa, son secundarios.
Como sea, Solá cumplió un rito habitual. Primero se quejó ante los medios, de modo altisonante. Habló de un fraude descomunal que lo privó de casi 200.000 votos. Implicó en la movida al FpV a Cambiemos y a sus propios fiscales. La debilidad del reclamo en términos formales es la falta de sustento escrito: no tiene un certificado de un fiscal del Frente Renovador (FR) que contradiga los datos del escrutinio. En términos políticos, o Solá no cuenta con militantes-fiscales o éstos lo defraudaron. Es un traspié, que contradice su ingenioso discurso socarrón cuando se burló de los rezongos macristas y les remarcó que para competir hay que contar con fiscales avezados.
Volvamos a esta semana. Ya frente al fiscal electoral Jorge Di Lello, el ex gobernador matizó o atenuó algo sus reclamos. Habló de fraude o de errores posibles, que no es lo mismo. Y redujo el montante del prejuicio a algo así como 150.000 que siguen siendo un tocazo.
La base argumental es comparación entre cifras oficiales. Solá arguye que hay números inconsistentes: mesas sin votos a su favor por un lado. Y por otro, una diferencia inexplicable entre el total que obtuvo y el que acompañó a su presidenciable, Massa. El gap es, para Solá, exorbitante e inverosímil si se coteja con el de las boletas de otros partidos.
Di Lello, que había hablado de la denuncia antes de conocerla (lo que siempre arriesga ser una metida de pata, en el foro y en los medios), la consideró digna de estudio. Dictaminó que se abrieran urnas para corroborar, recontando voto a voto. El número no es baladí, piénsese que el FR pudo obtener algo así como 70 u 80 votos en mesas con 350 personas inscriptas... para llegar a un faltante de más de cien mil hace falta una gran masa de urnas. La referencia torna menos creíble una conjura multitudinaria entre autoridades independientes de mesa y fiscales del palo. Los compañeros renovadores de “Felipe” lo dejaron solo en la protesta, salvo los que lo criticaron acerbamente.
Los tribunales electorales, en tendencia, son refractarios a la apertura a granel de urnas sin que hayan mediado protestas escritas tempestivas: el día del comicio o el posterior. Hay una lógica en eso que es garantizar información en un plazo sensato. Y no dejar en suspenso el escrutinio definitivo, máxime ante denuncias sin fundamento documentado.
La certeza es un valor alto en “la Justicia”, a veces en exceso. La seguridad jurídica gravita más que la equidad, el Poder Judicial es conservador en esencia.
Este cronista, conociendo la jurisprudencia y sus razones no despreciables, es y ha sido partidario de hacer recuentos voto a voto cuando se pone en cuestión con cierta base la credibilidad de los resultados. En concordancia con lo escrito en párrafos anteriores, supone que un virtual exceso de control es menos grave que dejar instalada una sospecha. El dictamen de Di Lello (que no “compra” la denuncia sino que la habilita) le resulta sensato, aunque la posición contraria reconoce antecedentes firmes. El juez federal Laureano Durán deberá resolver. Si deniega, todo indica que se apelará y que la Cámara Nacional Electoral sentenciará en definitiva.
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Seguidillas: Los griegos votarán tres veces en un año. Una cantidad que asombra al mundo aunque es irrisoria para los hábitos de los argentinos. Eso sí, el contexto es sideralmente distinto: dependencia, debilidad de un gobierno de origen popular, poderes foráneos que lo ponen de rodillas. La Argentina está en otra situación que dista de cualquier ideal pero que debe sopesarse comparada con experiencias foráneas o con los precedentes nacionales.
Un oficialismo que cuenta con alta aprobación, gane o no. Una presidenta que se retira con liderazgo y buena imagen. Una fuerza nueva de centro derecha que consigue la mejor marca de esa prosapia en comicios libres. Síntomas de vivacidad y fortaleza... aunque a cualquiera le placen más unos que otros.
Valorar lo conseguido, defenderlo o mudar de preferencias será la decisión del pueblo soberano. Menoscabar su pronunciamiento, despreciar a las mayorías, reprobar a los ciudadanos cuando contradicen los criterios del intérprete son costumbres viejas, mezquinas, interesadas, antidemocráticas apenas se raspa un poco. Siguen en boga pero no hay motivo honesto para acompañarlas.
(Página 12, domingo 23 de agosto de 2015)
