Sin sorpresa, y después de varios meses quieto, el Juez Griesa vuelve a darle rienda suelta a las excentricidades de los reclamos de los fondos buitre. Intentando una rabona, después de un pase de Paul Singer en orsay, hace magia e intenta arrinconar al gobierno con otra extraña interpretación sobre igualdad entre acreedores ("pari passu") y rebuscadas disquisiciones sobre cómo distinguir deuda externa de deuda doméstica.
En mayo pasado, los demandantes habían solicitado extender al bono BONAR 2024 el alcance del fallo "pari passu" dispuesto por Griesa. Este impide al país realizar pagos de deuda externa hasta no haberles liquidado a los fondos buitre los títulos en situación de default -que compraron a precios de remate- y que el juez pretende que se calculen al 100% de su valor nominal.
Es decir, la idea de Griesa en complicidad con los fondos buitre es seguir dictando fallos contradictorios y ambiguos –en este último no se habla expresamente del BONAR- para evitar que nuestro país continúe cumpliendo con sus obligaciones de deuda y así impedir que la economía se mantenga funcionando normalmente como hasta ahora, aun con el fallo adverso que ya cumplió más de un año. Recordemos que todavía el juez tiene retenidos pagos a bonistas restructurados desde el año pasado, que Argentina depositó en bancos del exterior y locales. Conocido el fallo de junio de 2014, nadie dudaba que los bonos del canje bajo ley argentina en dólares no estaban alcanzados por el mismo.
El propio juez se ocupó de aclararlo expresamente al Citibank en una audiencia, pero posteriormente el fondo Elliott le pidió que reconsidere su decisión de excluirlos. Como amigos son los amigos, el juez cambió su postura y a fines de julio de 2014, los bonos ley argentina emitidos en los canjes de 2005 y 2010, también estuvieron alcanzados por las órdenes del tribunal y tampoco podrían pagarse esos vencimientos.
Pero como nuestro país siguió sin acordar en los términos buitre y, además, emitió deuda en dólares en forma exitosa, la alianza estratégica Griesa-buitres, sale de la quietud y ahora va por los títulos que no formaron parte de los canjes 2005 y 2010 –en este caso el BONAR 24-, emitidos posteriormente y con los que se compensó la expropiación a Repsol y de los que volvieron a realizarse nuevas colocaciones en diciembre de 2014 y abril de 2015.
En abril, los fondos buitre quisieron bloquear la emisión, como no lo lograron, ahora intentan impedir el pago de los intereses. La pelea legal ahora va por la distinción entre deuda externa o deuda doméstica. La posición argentina es clara en definir al BONAR 24 como deuda doméstica por estar regido por legislación argentina y porque el destino del financiamiento será para infraestructura en el país.
Existen diferentes criterios de clasificar la deuda pública, uno de ellos es en términos de la legislación extranjera o doméstica a la cual el contrato se somete, explica Juan Matías de Lucchi en el Documento CEFIDAR nº 53 de enero de 2014 (Macroeconomía de la Deuda Pública). Este es un criterio legal, y en algún sentido geopolítico.
"A diferencia del criterio del balance de pagos que diferencia entre residentes y no residentes de un país, la clasificación según la legislación provee al deudor una información inalterable, en forma ex ante, independientemente de los cambios de manos entre el sector privado residente y el resto del mundo".
El documento explica que si una emisión de títulos públicos se realiza bajo jurisdicción legal doméstica –en este caso argentina- la deuda se computará como 'interna' independientemente de la denominación monetaria del contrato (U$S) y de la residencia del acreedor, tanto en el mercado primario como secundario. Como se explicara más arriba, cuando Griesa resolvió bloquear los pagos de los bonos en dólares regidos por ley argentina, argumentó que lo hacía porque se trataba de bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y porque constituían "deuda externa" conforme la definición del contrato Fiscal Agency Agreement.
Los BONAR 24 no son ninguna de las dos cosas: no son bonos de los canjes porque fueron emitidos por primera vez en 2014 y tampoco son deuda externa porque fueron ofrecidos exclusivamente en la Argentina y bajo legislación local. No obstante, ahora Griesa les permite a los buitres una grieta para seguir acosando al país, aun a costa de contradecir sus fallos anteriores. Para que el juez pueda bloquear los fondos del BONAR 24, los fondos buitre deberán demostrar que se trató de una colocación de deuda internacional, que participaron bancos como el Deutsche Bank y que su objetivo no fue el de obtener fondos para la concreción de obras de infraestructura.
La orden autoriza a NML Capital a buscar y presentar esas pruebas para imposibilitar el pago futuro de estos títulos. Por el contrario, Argentina sostiene que esos bonos están eximidos de cualquier inhibición judicial ya que la serie fue emitida bajo legislación local, lo que impide la injerencia del juzgado de Nueva York. Por lo que todo indica que viene una nueva apelación ante el tribunal superior al juzgado Griesa.
Esta operación buitre, festejada por nuestro círculo rojo imposibilitado de poder ganar las elecciones de este año en elecciones democráticas pero siempre presto a esmerilar al gobierno, seguramente se complementará con una nueva ola de rumores sobre la posibilidad de que Griesa bloquee también el pago del BODEN 15, el vencimiento más pesado del año para las arcas argentinas (U$S 6500). Quédense y lo verán.
(Tiempo Argentino, sábado 18 de julio de 2015)
