“La Inteligencia nacional debe cuidar a los argentinos y no espiarlos.” Con este principio, se dieron a conocer ayer el decreto 1311/15 y dos anexos que fijan la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional. Los puntos clave en los que actuará la flamante Agencia Federal de Inteligencia (AFI) son el terrorismo internacional, las amenazas de estados extranjeros, los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, la criminalidad organizada y las acciones desestabilizadoras mediante corridas bancarias, cambiarias, desabastecimiento o golpes de mercado. En el texto del decreto se ratifica la transferencia de lo que antes era la Oficina de Observaciones Judiciales (Ojota) al Ministerio Público y, tal como informó Página/12 ayer, el traspaso ya se concretó al asumir la fiscal Cristina Caamaño como titular del Departamento de Interceptación (Dicom). En el decreto de ayer se ratificó a Oscar Parrilli como director general de la AFI y a Juan Martín Mena como subdirector general.
El descabezamiento de la ex SIDE, a fin del año pasado, puso en marcha una reformulación de todo lo que tiene que ver con la Inteligencia. Entre otras cosas, fueron desplazados los hombres fuertes del organismo, entre ellos Antonio “Jaime” Stiuso, un hombre de estrecha relación con la Inteligencia de Estados Unidos e Israel, que operaba intensamente sobre el Poder Judicial de acuerdo con posicionamientos que respondían a internas políticas nacionales internacionales. En los últimos tiempos se le descubrieron numerosas intervenciones de teléfonos concretadas a partir de órdenes de jueces en causas groseramente armadas. Incluso en las escuchas del caso AMIA la Cámara Federal denunció que había ediciones graves, en las que se pegaron diálogos mantenidos en una fecha con diálogos llevados a cabo mucho después, con una tergiversación de los contenidos. Hoy por hoy, Stiuso está en una especie de refugio en un complejo emplazado en plena zona turística de la Florida, en Estados Unidos.
“El decreto publicado ayer le da una enorme transparencia a la Inteligencia argentina –señaló el titular de la AFI, Oscar Parrilli–. Por primera vez se publica la estructura orgánica del sistema, de manera que la sociedad sabe cómo se moverá la AFI. A esto se agrega el control parlamentario y la designación de quien ocupa el cargo de titular de la AFI con acuerdo del Senado. Yo diría que es un día histórico para la calidad institucional”.
Por lo que surge del decreto y los anexos, el objetivo de la AFI es crear conocimiento e información. Por ejemplo, habrá investigación sobre las cuevas financieras y cambiarias, pero eso no llevará a que se hagan operaciones policiales. Servirán para, en todo caso, se concreten denuncias penales y en ese caso actúen los jueces (ver aparte).
La AFI se ocupará de producir conocimiento sobre las grandes organizaciones delictivas, como las vinculadas al narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Esa información será utilizada por el Ministerio de Seguridad.
En la nueva organización de inteligencia quedarán algunos de los temas más típicos:
- La información sobre terrorismo. En este tema, el texto además prevé cierta integración con los demás países del Mercosur.
- La información de contrainteligencia, es decir las operaciones ilegales de inteligencia de otros países en la Argentina.
- La ciberseguridad, hoy por hoy uno de los temas que tiene que ver con espionajes al país y a sus autoridades.
- El tráfico de armas también será un objetivo, desde el punto de vista de la información, de la AFI. En buena parte de estos temas, la idea es que se provea de los conocimientos obtenidos al Ministerio de Defensa.
En el texto sobre la nueva doctrina se señala que la inteligencia debe ser profesionalizada y se habla en concreto de que “no debe haber influencia ni manipulación político-partidaria”. Se menciona incluso de que “no debe haber instrucciones informales de las autoridades gubernamentales o judiciales. La subordinación debe ser institucional”. Respecto de la profesionalización, tendrá esencial protagonismo la Escuela Nacional de Inteligencia que ya dirige Marcelo Saín. Todo el personal deberá pasar por una formación mayor a un año en ese instituto.
La nueva doctrina también plantea cuestiones de transparencia: “Los objetivos de Inteligencia y los gastos deben ser públicos, salvo en aquellos casos en que se puede afectar grave o parcialmente el orden democrático o la seguridad nacional, en cuyo caso debe clasificarse como secreto o confidencial”.
Hay una enunciación acerca de lo que se considera materia de la AFI y lo que no. “Es impropio y extraño a todo el Sistema de Inteligencia Nacional la producción de conocimientos de carácter político, económico, cultural o de cualquier otra índole que sean ajenos a las problemáticas defensivo militares o problemáticas criminales de cualquier naturaleza”. En cualquier caso, el texto insiste en que la AFI produce conocimiento y lo aporta a quienes deben tomar decisiones o realizar las correspondientes denuncias judiciales.
En el decreto de ayer se ratifica el pase de las escuchas telefónicas al Ministerio Público. El traslado no es solamente de un organismo a otro, sino que Caamaño prometió absoluta transparencia (ver aparte). Las maniobras con las escuchas han sido escandalosas y no sólo en la causa AMIA, como señaló la Cámara Federal. La ex SIDE tenía la facultad de armar lo que se llamaba precausas. Oscar Parrilli y Juan Martín Mena denunciaron que se encontraron con un expediente de esa naturaleza en que se investigaba a una empresa de seguridad, Dark Star Security, a la que se acusó de realizar espionaje para el Reino Unido. Con esa falsa denuncia consiguieron autorización del juez federal Sergio Torres para realizar escuchas, pero falsearon el objetivo y empezaron a espiar a funcionarios nacionales y de la Ciudad, a médicos relacionados con la salud de la Presidenta, periodistas y políticos. El fiscal Federico Delgado denunció la maniobra y ahora la AFI hizo lo propio ante el juez Luis Rodríguez. También hubo escuchas ilegales en la causa por espionaje en la que está procesado Mauricio Macri. El jefe de Gobierno porteño justamente está acusado de haber participado junto a Fino Palacios, primer jefe de la Policía Metropolitana, de una organización que fraguaba causas judiciales para así poder espiar, por ejemplo, al propio cuñado de Macri, al empresario televisivo Carlos Avila, abogados, protagonistas de una disputa por la transmisión del fútbol y –quien descubrió la maniobra– a un familiar de una víctima del atentado contra la AMIA, Sergio Burstein. Tanto Parrilli como Caamaño ratificaron ayer que no habrá intervenciones de teléfonos, celulares (son casi el 90 por ciento de las escuchas hoy en día) mails o WhatsApp sin precisas órdenes judiciales.
Los decretos y anexos del decreto son una reglamentación pormenorizada de la nueva Ley de Inteligencia surgida tras una crisis en las que se supo tardíamente que las cabezas de la ex SIDE jugaban su propio partido y estaban alineados con otros centros de poder.
(Página 12, miércoles 8 de julio de 2015)
