El 13 de junio es el natalicio de Augusto Roa Bastos. Escribió buena parte de sus obras exiliado en la Argentina, en las que resaltó el sufrimiento de su pueblo a manos de la oligarquía, los avatares del campesinado y el padecimiento de los mensúes en los yerbatales. No pudo ver el tenue intento de cambio que significó el gobierno de Fernando Lugo, que había prometido la reforma agraria en un país cuyo conflicto principal es la tenencia de la tierra y la soberanía alimentaria. Fue depuesto ilegalmente el 22 de junio de 2012 como consecuencia de la masacre de Curuguaty –también conocida como Marinakue– ocurrida el 15 de junio de ese año durante un desalojo de tierras mediante un procedimiento policial judicial que dejó un saldo de once campesinos y seis agentes muertos.
No fue la única ni la primera masacre, sino el inevitable coletazo de una impunidad instaurada desde antaño, que benefició a amanuenses armados para desarrollar su faena criminal contra los desposeídos. Sin embargo, las implicancias políticas e institucionales -como la utilización del aparato judicial para echar todo el peso sobre el campesinado y, en particular, sobre los acusados, en un proceso atravesado por un cúmulo de arbitrariedades y mentiras– hace de Marinakue un caso singular. Una de las primeras medidas de Federico Franco, sucesor de Lugo, fue la desactivación de una comisión que, con la colaboración de la OEA, investigase las causas. De tal forma, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional y del Ministerio Público, comprometidos en los hechos. La Coordinadora de DD HH del Paraguay (CODEHUPY) elaboró un informe de la situación, sobre la base de testimonios y otras pruebas colectadas, del que se extraen algunos datos relevantes.
El litigio sobre la propiedad del inmueble tiene como protagonistas al Estado paraguayo, La Industrial Paraguaya (Lipsa) y Campos Morombí, de la que Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado, fue su presidente. Se enriqueció durante la dictadura, y, además de comprar tierras a Lipsa, ocupó parcelas fiscales colindantes, desalojando comunidades indígenas. Lipsa había donado tierras a la Armada paraguaya, que asentó en ellas un destacamento de oficiales. Luego de cinco años de que la Armada la abandonara, el Movimiento de Recuperación Campesina de Canindeyú empezó trámites para afectarla a la colonia preexistente, pero días después, Campos Morombí inició un proceso judicial alegando una posesión ininterrumpida de más de 20 años, lo que se resolvió favorablemente gracias a la complicidad judicial que dejó de lado la interrupción por la presencia estatal. La dictadura duró 35 años y dejó un alto grado de concentración de la tierra –un 4% detenta el 90% de la superficie–, deforestación de bosques, graves consecuencias medioambientales, desplazamiento de comunidades, monocultivo, expansión de la frontera agrícola y del latifundio. El proceso de concentración se profundizó a expensas de pequeños propietarios, mientras que el 55% de la población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y un 30% se halla por debajo de la línea de pobreza. En las áreas rurales, casi el 70% de los jóvenes no termina el secundario.
Como contrapartida, la criminalización al campesinado y su represión fue incrementándose –incluyendo ejecuciones y torturas– por medio de la policía y de sicarios pagos por latifundistas. La impunidad fue la sistemática respuesta del Estado. Ya en 2001 la Comisión Interamericana de DD HH (CIDH) advertía que en el Paraguay la tortura seguía siendo "un problema recurrente" y que se mantenía en las fuerzas militares y de seguridad a los principales responsables. En 2007 el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU dijo que la tortura continuaba empleándose durante las primeras horas de detención para extraer confesiones, lo que fue reiterado en 2011 por el Comité contra la Tortura.
Las organizaciones campesinas instalaron en el debate la necesidad de una reforma agraria, utilizando métodos de lucha, como la toma pacífica y ocupación de tierras fiscales que nadie podía reclamar, y Marinakue era de la Armada. La respuesta no se hizo esperar: se agravaron normas del Código Penal y se calificaron de asociación terrorista a los organizadores. Los medios de comunicación prestaron su aporte al desalojo presentando a los ocupantes como violentos, tal como los fiscales afirmaban. El dispositivo policial contó con centenares de efectivos. Se responsabilizó a los campesinos por el origen de los disparos, pero los civiles sostienen que la policía tenía orden de matar, incluso a quienes intentaron huir heridos. Algunos informes dan cuenta de acribillamientos y de falta de asistencia y malos tratos a los heridos, que tuvieron que esconderse en el monte durante el operativo. Los detenidos fueron torturados y los fiscales imputaron indeterminadamente de homicidio a los campesinos, que junto a sus familias, con sus hijos pequeños, clamaban por un pedazo de tierra.
El 22 de junio próximo comienza el juicio oral que se realizará en Asunción con observadores internacionales, contra los campesinos acusados. Pero ningún policía fue investigado o procesado por la muerte de campesinos. El Comité de DD HH de la ONU de 2013 manifestó su preocupación por las irregularidades judiciales y por la falta de imparcialidad de todo el sistema.
Robert Grosse, sociólogo alemán y coordinador del equipo de asesores locales de la ONG alemana MISEREOR, coopera con 50 organizaciones de la sociedad civil y organismos de DD HH en la región. Dijo que "duele mucho y es intolerable que en el siglo XXI y en el corazón del Mercosur persisten y reviven fuerzas, que no acepten las reglas básicas de la democracia, crean y alimentan un sistema judicial extremadamente corrupto. El Estado no garantiza los derechos de sus ciudadanos, sobre todo de su población más vulnerable, que en Paraguay siguen siendo las familias campesinas y los pueblos indígenas. Paraguay es un país donde la institucionalidad está en pleno proceso de erosión. La perversa concentración y extranjerización de la tierra, la creciente influencia de la narcopolítica y la completa ausencia de una regulación de los efectos negativos del extractivismo agrario, combinado con una creciente criminalización de la protesta social, producen esta disasociación sostenida de la sociedad paraguaya con los procesos positivos en el resto de la región, El caso Curuguaty es el ejemplo más emblemático, que pone en clara evidencia todos estos ingredientes".
"Yo conozco el manejo de esas propiedades. Allí la gente no es nada, son animales. La muerte es el pan de cada día", dijo un campesino del lugar, que bien pudo ser parte de un relato de Roa Bastos.
(Tiempo Argentino, domingo 7 de junio de 2015)
