Después de casi 40 años, el Vaticano, a cargo del papa Francisco, aportó documentación inédita de violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina. Lo hizo a través del Obispado de La Rioja, que presentó las pruebas durante la primera parte de los alegatos en el juicio por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Los abogados querellantes en la causa calificaron de “histórica” esa audiencia realizada el viernes 13 de junio, cuando se incorporó la carta y el informe en el que el propio Angelelli denunció la persecución que sufrían él y sus compañeros en la misión cristiana por parte del Ejército y la policía. “Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, alerta en su escrito Angelelli, entre descripciones sobre las cárceles provinciales “repletas de detenidos por el solo delito de ser miembros fieles y conscientes de la Iglesia” y la denuncia de torturas a un párroco de la zona. Las cartas, originalmente destinadas al nuncio vaticano, entonces Pío Laghi, y fechadas en julio de 1976, habían llegado en copia a la institución más importante de la religión cristiana en la misma fecha.
“Sabíamos que las denuncias del monseñor habían llegado al Vaticano, pero hasta el momento no teníamos la certeza de la prueba documental”, evaluó la querella del Obispado riojano, quien insistió ante el papa Francisco para la entrega de la documentación y remarcó: “Lo que dicen los documentos se sabe y fue probado en el juicio, lo importante es que prueban que sus denuncias llegaron al Vaticano”. Las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial habían consultado a la Santa Sede, vía Cancillería y antes del comienzo del debate oral, por la existencia de cualquier tipo de documentación remitida por Angelelli. “Es positivo que el Vaticano haya aportado estas cartas, ya que prueban que Angelelli les comunicó lo que estaba pasando. Pero también valen porque prueban que Pío Laghi recibió la información, algo que siempre negó”, expresó Guillermo Díaz Martínez, quien junto a Bernardo Lobo Bugeau representa la querella de las secretarías públicas .
Documentos inéditos
La semana pasada, el Papa entregó al Obispado de La Rioja, a cargo de Marcelo Colombo, dos documentos: una carta y un informe titulado “Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos”, los curas de Chamical asesinados el 18 de julio de 1976. Los escritos habían sido remitidos ese mismo mes de aquel año a Laghi, quien entonces estaba a cargo de la Nunciatura apostólica en Argentina –representante de la Santa Sede–. Las querellas consultadas creen que los documentos llegaron al Vaticano porque Angelelli se preocupó por enviar copias debido a que “desconfiaba de la inacción del nuncio”, mencionó la abogada que representa la querella del Obispado riojano en el juicio, Mirtha Sánchez.
La desconfianza fue acertada. La representante legal aseguró que el Obispado tiene la certeza, debido a documentos archivados en la propia institución, de que Angelelli mantuvo diálogo con Laghi. En el expediente de la causa figuran algunos intercambios epistolares en los que Angelelli le cuenta al entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Zazpe, de su diálogo escrito con Laghi. La carta aportada de manera inédita por el Vaticano refiere a un envío epistolar previo entre ellos. Laghi, sin embargo, negó históricamente saber de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. “La carta incorporada demuestra la mendacidad de Laghi, que tenía pleno conocimiento de las persecuciones a la diócesis de La Rioja, sus curas, laicos y obispo”, alegó Lobo Bugeau la tarde del 13 de junio, horas después de que el Obispado diera a conocer los documentos aportados por el Vaticano y solicitara su incorporación a la causa.
En el libro Nuestra Santa Madre, Laghi se presenta ante el grabador de la periodista Olga Wornat como un nimio ignorante: “¿Cómo iba a suponer que estaba tratando con monstruos capaces de arrojar personas desde los aviones y otras atrocidades semejantes? Se me acusa de delitos espantosos por omisión de ayuda y de denuncia, cuando mi único pecado era la ignorancia de lo que realmente sucedía”, se autoexculpa. Muchos familiares y amigos de desaparecidos durante la última dictadura aseguraron haber recibido silencio y maltratos de su parte cuando acudieron en su ayuda. Laghi falleció en 2009 en Roma. Impune.
Asunto “Costa”
“El motivo de esta carta es para ponerle en conocimiento de lo que pasa por aquí, para que esté informado debidamente”, introdujo Angelelli en el escrito que le envió a Laghi el 5 de julio de 1976. Lo primero que relata allí tiene que ver con “los Cruzados de la Fe de la Costa”, un grupo de terratenientes entre los que figuran Amado y César Menem (familiares del senador y ex presidente Carlos Menem) del departamento de Castrobarros, conocido en la provincia como la Costa riojana. Angelelli los acusó en la carta de haber “cambiado la cabeza de la familia” del padre Virgilio Ferreyra, por aquellos días recién fallecido, razón por la cual había decidido “no celebrar la misa” en su honor.
Para esa época, los Cruzados de la Fe contaban con una estructura de persecución hacia la diócesis de Angelelli ensamblada con el Ejército, la policía y los medios de comunicación: el diario El Sol era su órgano de difusión, a través del que difundían, bajo el nombre de Movimiento Católico Seglar de Formación y Apostolado de La Rioja, solicitadas en las que denigraban a Angelelli llamándolo “Satanelli”, “obispo rojo” u “obispo marxista”. Su odio al entonces obispo provincial había comenzado algunos años antes, durante el reinado de la Triple A. El hecho desencadenante había sido la disputa entre el religioso y aquel grupo por un predio de tierras muy ricas para el cultivo de vid que estaban deshabitadas y habían quedado sin dueño. “El grupo se las quiso apropiar, pero Angelelli las intentó retener para los pobres. No tuvo suerte”, apuntó Sánchez.
Situación general: persecución, represión y cárcel
En su carta, Angelelli también acusó al “jefe militar Osvaldo Battaglia” de haberle quitado la misa radial y ordenado que se realizara en el Casino de Oficiales por el capellán militar Felipe Pelanda López. “Sin haberme comunicado absolutamente”, denunció Angelelli en el texto en el que se quejó: “Este abuso y atropello es causal de escándalo”. La situación no terminaba allí. “Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, advirtió el entonces obispo riojano, quien, además, añadió: “Me aconsejan que se lo diga:nuevamente he sido amenazado de muerte”.
Las torturas que sufrió un sacerdote durante su detención fue otro suceso informado por Angelelli al nuncio apostólico en aquella carta de julio de 1976. “El sacerdote Eduardo Ruiz injustamente detenido fue obligado por los militares de La Rioja a escribir una carta a su obispo (o sea, él) desde la cárcel. Fue moralmente torturado para que la escribiera”, denunció el obispo. Por último, advirtió sobre “una realidad dolorosa”: “Nuestra cárcel está repleta de detenidos. Personas honorables, padres de familia, gente sencilla están dentro muchos de ellos por el solo ‘delito’ de ser miembros fieles y conscientes de la Iglesia”, apuntó y añadió que en el encierro “se tortura asquerosamente”.
El diálogo con Menéndez
Angelelli no sólo le mencionó a Laghi que mantuvo una “entrevista” con el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, sino que lo alertó sobre lo que había oído de boca misma del represor y máximo imputado por su muerte en el juicio que transita su fase definitoria, que quería ser un Cruzado de la Fe. “Señor nuncio, pensemos a tiempo todo esto para no tener que lamentar consecuencias dolorosas en un futuro muy próximo”, solicitó el monseñor riojano en aquella carta del 5 de julio de 1976.
Crónica de dos muertes
El otro documento aportado por el Vaticano es un informe en el que Angelelli detalló, día por día, lo que sucedió en torno del asesinato de los curitas de Chamical: que el 18 de julio de 1976 “dos individuos vestidos de civil” los fueron a buscar a la casa de dos religiosas, en Chamical, donde estaban cenando y los llevaron supuestamente a la ciudad capital; que el 19 de julio, las religiosas comunican la detención de los sacerdotes al Obispado, desde donde se hacen averiguaciones sin éxito; que al día siguiente “una cuadrilla de ferroviarios encuentra los cadáveres de ambos sacerdotes acribillados a balazos, maniatados y en estado lamentable”. Los papeles exhiben el sello de la Nunciatura Apostólica que certifican su recepción el 30 de julio.
“El hecho de la muerte de estos dos sacerdotes no está ajeno al contexto argentino y riojano que se vive”, advirtió Angelelli en el texto en el que citó dos artículos periodísticos publicados en el periódico El Sol “en contra de la diócesis” firmados por el Movimiento Seglar de Formación y Apostolado, los Cruzados. Según el monseñor, esos textos tenían relación con los asesinatos y también con la muerte de Pedernera, en Sañogasta: “El domingo 25 de julio varios individuos encapuchados asesinan en la puerta de su domicilio y frente a su familia a Wenceslao Pedernera”, resumió Angelelli, quien concluyó: “En este caso también deben tenerse en cuenta las notas del diario El Sol”.
“Fue un homicidio premeditado”
Díaz Martínez es uno de los representantes de las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y la Nación. En diálogo con Página/12 destacó que el juicio que concluirá en dos semanas “no dejó márgenes para dudar” de que el obispo riojano sufrió un atentado.
Guillermo Díaz Martínez representa, junto con Bernardo Lobo Bugeau, a las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación en la querella que los organismos sostienen en el juicio por la muerte del obispo Enrique Angelelli, sucedida en el marco de un dudoso accidente de tránsito hace 37 años en La Rioja. Para ellos, nada de accidente: fue un atentado por el que acusaron de homicidio agravado a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella. En su alegato, el primero y hasta ahora el único que se oyó, solicitaron para los represores prisión perpetua a cumplir en cárcel común y efectiva. “Angelelli se merece verdad, se merece justicia, y la condena a los responsables de su muerte es lo mínimo que le puede dar el Estado argentino no sólo por lo que significó su figura para La Rioja sino para toda América latina”, consideró en diálogo con este diario. “Siempre es preferible una Justicia lerda a una impunidad eterna”, concluyó. Para Díaz Martínez, el juicio que entró en su etapa definitoria, tras más de medio año de debate oral y cerca de cien testimonios, fue “contundente y no dejó márgenes para dudar acerca de que la muerte de Angelelli fue un homicidio fríamente premeditado”. Los alegatos continuarán el próximo viernes, la sentencia llegará el 4 de julio.
–¿En qué basaron su alegato?
–Existen dos grandes tipos de pruebas relevantes para la causa. Unas tienen que ver con el hecho del 4 de agosto, con el atentado automovilístico en el que falleció Angelelli. Otras, con el contexto sociopolítico en el que fue cometido ese atentado. En el primer grupo, el testimonio del ex padre Arturo Pinto fue fundamental. El, que fue testigo presencial de los hechos, relató la mecánica del atentado, que iba con monseñor Angelelli en la camioneta desde Chamical, que a las 15 de ese 4 de agosto se les pone atrás el famoso Peugeot blanco que, de repente y de forma intempestiva y brusca, le cierra el paso y hace que la camioneta salga de la ruta y vuelque, que luego Angelelli es sacado de la camioneta y para asegurar su muerte le hacen dar la cabeza contra el asfalto, lo que se acreditó luego desde el punto de vista pericial científico. Pinto dijo que no tiene dudas de que el atentado, la muerte de Angelelli, fue la última orden de Menéndez, por las amenazas que sabía que sufría el monseñor. Contó también la charla que Angelelli les dio a él, a otros sacerdotes y a unas monjas la noche anterior, en la que dibujó un espiral y se ubicó en el centro diciéndoles que era a él a quien buscaban, que lo querían matar. Pinto remarcó que previo a dejar Chamical ya se sentían amenazados. También contamos con el testimonio de Peregrino Fernández, un ex policía federal que testimonió desde España que vio en el escritorio de Albano Harguindeguy, quien era ministro de Interior de la dictadura, un informe sobre el asesinato de los curitas de Chamical (Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en julio de 1976) que Angelelli había realizado y que llevaba el día del atentado en el auto. También contamos con testimonios de policías que participaron del sumario de instrucción del mal llamado accidente, donde figura cuántos militares había en la zona.
–¿Y respecto de los elementos que acreditan el contexto?
–Desde ese punto de vista, hay pruebas innumerables, desde testigos hasta documentación, que describen cómo la diócesis de monseñor Angelelli fue objeto y blanco de las persecuciones de la dictadura cívico-militar. Se acreditó la participación de Menéndez y Estrella en trabajos de Inteligencia que se hicieron sobre los sacerdotes y laicos vinculados con la diócesis de Angelelli; contamos con los testimonios de personas que, entonces privadas de su libertad, eran interrogadas por ese tema. Se sumaron innumerables pruebas de las amenazas que recibió Angelelli, incluso la entrevista que mantuvo él con Menéndez, probada en una carta que el padre le escribió a monseñor Vicente Zaspe (N. d. R.: localizada por las autoridades eclesiásticas hace muy poco tiempo y sumada a este juicio como prueba inédita), esa carta en la que Angelelli da cuenta de esa entrevista tantas veces negada por Menéndez, pero mencionada por un montón de testigos. Esa carta es prueba irrefutable, también, del terror de Angelelli tras las respuestas que Menéndez le dio entonces: que quería ser un “cruzado de la fe”, le dijo entonces, justificando la represión, contra el tercermundismo. El mismo día de nuestro alegato se incorporaron todas las cartas que Angelelli escribió al Vaticano y a la Nunciatura denunciando la represión, la persecución, las muertes.
–¿Quién aportó esos documentos? ¿Eran nuevos?
–Los entregó el papa Francisco y resultan una prueba importantísima. Como Secretaría solicitamos información al Vaticano antes de empezar el juicio. No pedimos especificidades, sino el aporte de toda la documentación que allí figurara de él, aunque nosotros ya sabíamos, por diferentes líneas, que algo había. El obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, agilizó todo para que se logre la entrega de ese material que finalmente llegó el mismo día en que terminaban las audiencias testimoniales. Se trata de las cartas que había mandado Angelelli a Pío Laghi, a cargo de la Nunciatura entonces, y al Vaticano, denunciando todo lo que estaba sucediendo en la provincia, incluida la muerte de los curas de Chamical. Pío Laghi sostuvo en entrevistas posteriores que nunca supo nada de lo que había ocurrido en Argentina. Estas cartas demuestran que supo y no hizo nada.
–Esas cartas podrían sumar más evidencia a la complicidad de la Iglesia Católica en los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad en la última dictadura. ¿El juicio sirvió también para sumar datos sobre la complicidad civil?
–Nosotros solicitamos como punto final de nuestros alegatos lo que llamamos las consecuencias de este juicio, en donde solicitamos que se investigue a los sectores civiles de La Rioja, aquellos conocidos como “los cruzados de la fe” y otros más que no sólo antes del golpe difamaron a Angelelli y a toda su pastoral ubicándolos como blanco a eliminar, sino que continuaron haciéndolo durante la dictadura a la que fueron funcionales. Fueron quienes, en lugar de denunciar la represión, delataban a compañeros. La tarea de ellos fue fundamental para visibilizar al monseñor como un enemigo de la dictadura. También solicitamos que se investigara a quien por esa época fue el director del diario El Sol, un periodista, José Furey, que actualmente es asesor de Carlos Menem en el Senado y lo fue de su hermano Eduardo.
