ARGENTINA / Sin votos, con capacidad de daño / Escribe: Alberto Dearriba






Los objetivos reales que persiguen Barrionuevo y Moyano, los fogoneros del paro general del jueves.

Los dirigentes sindicales Hugo Moyano y Luis Barrionuevo demostraron que conservan una considerable capacidad de daño.

Con los gremios del transporte bajo control, la izquierda dispuesta a armar piquetes para apoyar una medida de la burocracia sindical a la cual denostan y la Federación Agraria sumada a la particular alianza, el duo constató que puede lastimar al gobierno.


El primer paro general que padeció el Frente para la Victoria fue bajo el gobierno de Néstor Kirchner, en protesta por el asesinato del profesor Carlos Fuentealba a manos de la policía de Neuquén.

El segundo se produjo el 20 de noviembre de 2012, a un año de la reasunción de Cristina Fernández, en el marco de la ruptura de Moyano con el gobierno.

El tercero fue el del jueves pasado, en momentos en que comenzó a disputarse la sucesión presidencial de 2015.

Tres huelgas generales –una de las cuales no planteaba un reclamo al gobierno nacional sino al neuquino– no parecen mucho en casi once años, frente a los 13 paros nacionales que soportó Raúl Alfonsín en menos de seis años, los ocho contra Carlos Menem en más de diez años y los nueve que le hicieron a Fernando de la Rúa en sólo dos años de su fallida gestión.

Es cierto que hasta 2012, Moyano fue un aliado del kirchnerismo que obturaba cualquier posibilidad de huelga general.

Pero algo debe haber tenido que ver el crecimiento del salario y el empleo en esos nueve años de paz sindical.

En realidad, resulta una obviedad insistir en que se trató de un paro político, porque todo paro general tiene un inevitable condimento político.

El capitalismo siempre entrega contradicciones que perjudican a los asalariados como para encontrar fundamentos a una medida de fuerza que apunte contra algún aspecto de la política económica oficial.

Pero una vez más se produjo un paro contra el Estado antes que contra los patrones, con los cuales los sindicatos vienen pactando aumentos salariales en las paritarias, incluso superiores a las elevadas tasas de inflación desatadas tras la devaluación.


Si bien el salto de los precios genera un obvio descontento en los sectores de ingresos fijos, las paritarias "sin techo" corrigen de algún modo esa pérdida de poder adquisitivo.

Los incrementos salariales que consiguen los gremios en las negociaciones colectivas desmienten además una de las consignas del paro general, que era precisamente "paritarias sin techo".

Por otra parte, aún antes del paro corrían rumores de que el gobierno volvería a levantar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, por lo cual hubiera cabido un compás de espera por este reclamo.

En cuanto a la demanda de mayor seguridad, es obvio que ni este gobierno ni otro posee una solución mágica de un día para el otro, por lo que queda claro que este reclamo apuntó a sumar una consigna que despertara adhesión en la sociedad preocupada por el delito y también por los brotes justicieros de las últimas semanas.

Si el traslado de la estatua de Colón generara resistencia social, también se hubiera incorporado ese reclamo.

¿Cuál es entonces el objetivo real que persiguieron los dos principales fogoneros del paro general?

Cuando Moyano se distanció del gobierno, venía reclamando un poder político que Cristina Fernández le retaceó siempre.

Kirchner había logrado contener al impetuoso dirigente sobre la base de muñeca y concesiones realizadas a regañadientes.

Con Cristina todo fue diferente.

"Que uno se lleva bien con el marido no quiere decir que también deba llevarse necesariamente bien con la esposa", decía por entonces el diputado Héctor Recalde, convertido inmerecidamente en mortadela del sandwich.

El dirigente camionero había llegado a plantear que en el futuro hubiera en la Argentina un "presidente obrero".

Cristina le contestó que siempre había trabajado.

Pero en el particular lenguaje gremial, eso quiere decir en realidad un dirigente sindical.

Moyano pretendía en principio mayor participación de los suyos en los espacios institucionales.

No lo convencían las escasas bancas legislativas, ni los cargos ejecutivos que se le cedían.

Y la presidenta lo desafiaba a que conformara una fuerza política y compitiera.

Barrionuevo procura también cobertura política, habida cuenta de que en el paro del jueves no logró siquiera una gran adhesión de su sindicato.

Una banca de senador o diputado le volvería a dar una tranquilidad que hoy no tiene.

Pero ninguno de los dos parece en condiciones de poner la cara frente al electorado.

Moyano resbaló cuando intentó un armado político.

Enfrentado sin retorno con el kirchnerismo, el dúo sólo se plantea esmerilar el último tramo del gobierno de Cristina para beneficiar a sus oponentes, y demostrarle al eventual sucesor que mantienen intacta la capacidad de daño.

A falta de inserción territorial y de ascendencia en la sociedad, exhiben su poder de fuego para negociar espacios político-institucionales con los postulantes a la sucesión.


En su carácter de candidato a la sucesión, Sergio Massa aparece en principio como un beneficiario del desgaste que le produce la protesta al gobierno, pero a la vez recibe una clara advertencia sobre los espacios que debe preservar en su armado al sindicalismo, si quiere mantener las buenas relaciones.

Sabe que no puede romper lanzas con la dirigencia sindical opositora al kirchnerismo, pero tampoco aparecer demasiado cerca de dos figuras que suelen ser rechazadas por los sectores medios que lo apoyan.

La presencia de un dirigente desprestigiado como Barrionuevo en el armado del Frente Renovador, le genera contradicciones.

Prefiere contenerlo antes que tenerlo como adversario, pero sin demasiada visibilidad.

Los radicales, los socialistas y el Pro tienen menos contradicciones que Massa.

Sólo se mantendrán lo suficientemente alejados de la dirigencia sindical, aunque puedan mostrarse comprensivos con sus reclamos.

Saben que en el improbable caso de que llegaran a la Rosada en 2015, deberían lidiar con ellos.

Lo más probable es que el paro del jueves pasado no será el último que soporte Cristina Fernández antes de entregar la banda presidencial en 2015.

Pero la cantidad de futuras medidas de fuerza que se puedan decretar dependerá también de las posibilidades económicas del gobierno para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

En principio, las empresas de transportes que no recibirán el subsidio gubernamental correspondiente al jueves pasado, seguramente tomarán nota, al menos, de que los paros no son gratis.

Por su parte, Moyano sabe que estas medidas de fuerza extremas son un dulce para los sectores opositores, en tanto le compliquen la vida al gobierno.

Pero no desconoce que su efectividad puede disminuir si se abusa de ellas.

Se trata de la principal herramienta con la que cuentan los trabajadores para defender sus ingresos.

Y está protegida por la Constitución Nacional, tal como lo ha reivindicado el gobierno.

Sin embargo, puede tornarse un boomerang si los trabajadores toman conciencia que sus empleos no pueden ser jugados en el tute de la alternancia presidencial.

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