El debate económico tiene un universo de conceptos limitados que se reiteran sin importar los contextos históricos y políticos. En ese sentido el saber económico convencional ha sido exitoso en ordenar el análisis detrás de nociones como modelo o ajuste. Estas son expresiones emergentes de categorizar a la economía como una ciencia exacta, y por lo tanto con la exigencia de evaluar el equilibrio de las variables. De ese modo se han ido construyendo modelos interpretativos con una sucesión de ecuaciones matemáticas e identidades reveladoras del funcionamiento de la economía, y ante la presencia de un desvío, la necesidad del ajuste para restablecer el equilibrio. Existe entonces un orden natural determinado por el mercado. Es bastante parecido a un dogma religioso. Ese es el motivo de la obsesión por la utilización de la palabra ajuste. La fragilidad de esta corriente de pensamiento económico –dominante en el mundo académico y en el análisis cotidiano– es que el objeto de estudio no es materia inanimada ni deidades, sino sujetos sociales, con intereses diversos y contrapuestos. La pretensión de encapsular esa puja en el concepto estático de modelo y en el de ajuste tras la búsqueda de ese mítico equilibrio general de las variables empobrece la comprensión de los fenómenos económicos. Se enriquece en cambio cuando se abandonan esas nociones para abordar la economía como una ciencia social e incorpora la definición de economía política. Entonces la idea de modelo queda desplazada por la de proyecto político con objetivos económicos, y la de ajuste por la de intervención política ante determinados acontecimientos que ponen bajo tensión esas metas. En el transcurrir de esos eventos inesperados o previsibles según el devenir de las acciones, los gobiernos aplican herramientas de política económica cuya orientación debe ser juzgada por cuál es el objetivo económico que pretende alcanzar, en lugar de calificarlas en forma esquemática. Esto se aplica para el kirchnerismo, la convertibilidad de Menem, el alfonsinismo, el plan de la última dictadura militar o para cualquier otro período político pasado.
Esta forma de entender la economía deja al descubierto la desorientación discursiva de analistas conservadores que durante el primer trimestre del año no se cansaron de repetir sobre el despliegue del “ajuste ortodoxo” kirchnerista, y ahora empezaron a reiterar en tono de crítica que ya no es tan así. Una vez más no dejarán que la realidad los distraiga de sus certezas. Hasta el FMI ha reclamado que Argentina aplique un ajuste ortodoxo porque considera que no lo ha hecho. Si existiera capacidad de eludir etiquetas, incluso de quienes son críticos por derecha y por izquierda, se podría indagar con más claridad uno de los acontecimientos económicos más críticos del ciclo kirchnerista como fue la fuerte devaluación de fines de enero pasado. Y cuál fue la respuesta del equipo económico de Kicillof, economista que sin escalas pasó de ser el cuco marxista a ser un ejecutor de medidas ortodoxas en la evaluación del coro mediático. Se requiere un poco menos de estereotipo para la tribuna y un poco más de comprensión analítica.
Para ello es necesario incorporar la perspectiva histórica que muestra que la inestabilidad del sector externo (reducción de la balanza comercial, déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y fuga de capitales con perturbaciones en el mercado cambiario) ha tenido reiteradamente como desenlace profundos cimbronazos políticos. Para evitarlo, la medida económica más importante de CFK fue ordenar el equipo económico bajo la conducción de Axel Kicillof, cuando antes había cinco voceros sobre esa materia tan sensible, lo que sumaba aún más ruido al generado por economistas del establishment en la formación de las expectativas de los actores económicos. Ante el problema del frente externo, Kicillof intervino –el análisis superficial lo denomina ajuste– sobre la estructura de precios (tipo de cambio, precios, salarios y tarifas) cuidando los objetivos económicos (empleo, industrialización, inclusión social) del proyecto político del kirchnerismo –lo que muchos definen modelo–. Para ello utilizó herramientas de política económica consideradas ortodoxas, como la devaluación y la suba de la tasa de interés, porque lo que estaba bajo fuego cruzado era la estabilidad política que ponía en alarma esos objetivos económicos. Esos instrumentos de la política económica se definen en función de cuál es el objetivo que se quiere alcanzar, más que si su sentido es al alza o a la baja, y en cuáles son las medidas compensatorias a sus ineludibles costos.
Fueron varias las iniciativas para reducir el impacto negativo de la devaluación y la suba de tasas que se alejan del deseo por derecha e izquierda de colgarle el cartelito de ortodoxo a Kicillof. El gasto público, o sea la política fiscal, mantuvo su necesario signo expansivo para no debilitar aún más la demanda agregada. La reducción de subsidios no se traducirá en una baja del gasto, sino en una menor tasa de crecimiento de ese rubro. El economista Marcos Leonetti, del Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino (Cecreda), escribió que “el gobierno nacional continuó, según sus propias definiciones, con las prioridades puestas en la inversión social e infraestructura”. Menciona como ejemplo el lanzamiento del plan Progresar, que tiene un presupuesto para 2014 de 11.200 millones de pesos; el Pro.Cre.Ar en plena ejecución de 90.000 viviendas y 17 nuevas adjudicaciones de predios para la continuidad del plan; los créditos subsidiados a pymes; la quintuplicación de los montos nominales de los aportes no reintegrables a parques industriales; la autorización del Banco Central para que parte de los créditos subsidiados que deben otorgar las entidades sean destinados al descuento de cheques (en el primer bimestre sumaron 4051 millones de pesos a una tasa del 17,5 por ciento anual); el Programa Precios Cuidados como parte de una política de ingresos que tuvo impacto positivo en frenar la inercia de aumentos desmedidos de precios; el resistido por las empresas régimen aplicativo de la Resolución 29 de la Secretaría de Comercio, la cual establece que las firmas deben informar en forma mensual al Estado los precios de los productos. Además no hubo un congelamiento de salarios; por el contrario, las principales paritarias se han negociado con aumentos (en promedio del 30 por ciento) en línea con la inflación prevista para este año, si se mantiene la tendencia a la desaceleración de las subas de precios como se está verificando en estos meses. Hubo un aumento en las jubilaciones en marzo, habrá otro en septiembre y la Asignación Universal por Hijo como el Salario Mínimo Vital y Móvil tendrá su tradicional actualización anual próximamente. Y en los peores meses de los costos de la devaluación y alza de tasa de interés no ha habido un deterioro importante del empleo.
La tasa de interés es elevada pero tanto como la inflación esperada, y la administración de su nivel (bajó un punto porcentual desde su máximo) como la liquidez del mercado (la reducción de la base monetaria es de apenas 15 mil millones de pesos en el acumulado de este año, con una base total que suma 362 mil millones de pesos) es una estrategia vinculada con recuperar el control del mercado de cambio (el blue se destiñó y la brecha se ubicó por debajo del 30 por ciento), recomponer el stock de reservas del Banco Central (se revirtió la tendencia negativa) y a desalentar la corrida contra el peso disminuyendo la expectativa de devaluación futura.
Evaluar la política monetaria y fiscal de estos meses como ortodoxa, como también la negociación para cerrar conflictos externos (Ciadi, FMI, Repsol, Club de París), es un acto reflejo de economistas ansiosos por aplicar ellos el ajuste tradicional, como el que está sugiriendo el Fondo Monetario. Reiteran así el mismo traspié conceptual cuando trastabillaron al considerar ortodoxo el superávit fiscal del gobierno de Néstor Kirchner. Ese excedente de recursos obtenido por una medida de progresividad tributaria (las retenciones a las exportaciones agrarias) era la herramienta para alimentar una política expansiva, además de ampliar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica en un territorio hostil del establishment local e internacional. En esta etapa del ciclo económico, la intervención política en variables clave (dólar y tasas) con medidas compensatorias tuvo ese mismo sentido para preservar el espacio político del gobierno de CFK en la defensa de sus objetivos económicos.
(Diario Página 12, domingo 27 de abril de 2014)
