El año pasado Domingo Cavallo, ex funcionario de la última dictadura cívico-militar y ex ministro de economía de los presidentes Carlos Menem y Fernando De La Rúa, declaró que “estamos peor que en el 2001”.
Hasta ahí sería sólo la opinión de uno de los intelectuales orgánicos más representativos del neoliberalismo mundial, la de uno de los tipos más dañinos de la historia argentina. La cuestión no queda justamente ahí cuando se sigue escuchando a laburantes en la calle decir lo mismo, como si no hubiese memoria de las terribles consecuencias sociales que atravesamos en aquel tristísimo año.
Hace un poco menos de trece años, el 11 de julio de 2001, el mismo Cavallo anunció uno de los ajustes más cruentos de los que se tenga memoria, conocido bajo el eufemismo de “déficit cero”.
El recorte básicamente consistía en asegurar el pago de la deuda externa y con el presupuesto sobrante afrontar los gastos e inversiones del Estado, entre ellos la salud, la educación, la seguridad y el pago de salarios, jubilaciones y pensiones, en una especie de cruzada de bandidos transnacionales que estrangulaban a los pobres para alimentar a los ricos.
El editorial central del diario La Nación del 12 de julio referido al ajuste fue titulado: “Es un problema matemático y no ideológico” y en las mismas páginas se ilustró sobre los damnificados y los beneficiarios de la poda fiscal.
Entre los que perdían estaban los proveedores del Estado que no tendrían ninguna seguridad jurídica de cobrar sus acreencias y los trabajadores públicos, jubilados y pensionados a quienes se les reduciría los haberes.
Entre los ganadores en la lista se encontraban los legisladores, los jueces, los empleados del Congreso, los funcionarios y empleados del Ministerio Público, los tenedores de títulos públicos y los bancos. También, –sí, esto lo escribió La Nación-, quienes accedieran al nuevo régimen de jubilaciones de capitalización por una supuesta reducción del “riesgo país”.
Ese era el camino: incumplir las obligaciones básicas con el pueblo y responder a pie juntillas los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito.
Seis meses más tarde, el país sumido en la pobreza y la desocupación estalló por los aires.
Barranca abajo
Juan M. Graña es doctor en economía, recientemente ha publicado el libro “Salarios, calidad de empleo y distribución” que tiene por objetivo “poner en discusión las condiciones estructurales en las cuales se desenvuelve el mercado laboral argentino desde la década de 1970”.
De acuerdo con Graña, en 1974, luego del largo proceso de industrialización iniciado en 1930, nuestro país tenía los porcentajes más elevados de participación salarial de la historia, tasas de desocupación muy baja, pobreza casi inexistente, marcados aumentos salariales, una sociedad con promisorios índices de igualdad social y una clase trabajadora organizada.
La dictadura abandonó en 1976 el proceso de industrialización por sustitución de importaciones mediante la aplicación del recetario neoliberal: apertura comercial, sobrevaluación cambiaria, reforma financiera y endeudamiento externo, lo que derivó en el inicio de un largo proceso de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, que no pudo ser revertido por el gobierno de Raúl Alfonsín.
Esta primera etapa neoliberal implicó el cierre de 20 mil industrias y la pérdida de cerca de 200 mil puestos de trabajo. El salario real cayó como nunca antes en la historia argentina, sólo en un año se redujo al 40%, lo que afectó lógicamente a la población más desfavorecida, llevando a que la pobreza se quintuplicara.
Menem y De la Rúa profundizaron el proceso de deterioro. La convertibilidad terminó de liquidar gran parte de la producción y el empleo industrial que a tientas había quedado en pie, a tal punto que 1 de cada 3 empleados industriales perdieron su trabajo entre 1989 y 2002. Mientras creció el endeudamiento externo y se privatizaron las empresas del Estado, las remuneraciones llegaron a un poder adquisitivo 68% menor que en 1974.
Los trabajadores hoy
En estos días de legítimos reclamos de los trabajadores por el reparto de la renta y de discusiones paritarias encendidas, siempre es oportuno recordar que la situación laboral actual, aún con importantes dificultades y mal que le pese a los Cavallos, es diametralmente opuesta a la del 2001.
En los últimos años, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner:
• Se redujo la tasa de empleo no registrado de 50% a 34,6%
• Creció un 90% la cobertura de la negociación colectiva que hoy alcanza a 5,5 millones de trabajadores.
• El salario real de los trabajadores registrados es el más alto de los últimos 24 años.
• El salario mínimo creció un 1338% con respecto al valor que rigió durante la década de los ´90.
