El fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, sabe que sus días de descanso terminaron. Con el fin, mañana, de la feria judicial, el procurador que investiga el "narcoescándalo", el caso que sacudió a la cúpula policial provincial el año pasado, cuando se difundieron los vínculos que los efectivos de la división Drogas Peligrosas mantenían con los narcos, asegura a Tiempo Argentino que presentará un requerimiento de instrucción en el que posiblemente sume nuevos imputados al expediente. Respecto a la situación de la fuerza de seguridad, afirmó que "la policía no se quedó sin caja". Y que los uniformados involucrados en el expediente gozan de "protección política".
Entre los doce imputados del caso se destaca el ex jefe antinarcóticos provincial, el comisario Rafael Sosa, a quien la Cámara Federal de Córdoba le volvió a denegar la excarcelación, el 28 de enero. Distinta fue la suerte de otros dos acusados: el ex jefe de Inteligencia de la misma división, Gustavo "El Huevo" González, y el suboficial Mario Osorio, quienes fueron liberados a fines de diciembre. Senestrari las definió como "un par de excarcelaciones, de esas que normalmente generan escándalo y se resuelven en esas fechas para que el escándalo no sea mayor".
De acuerdo al fiscal, González poseía, entre otros elementos de prueba en su contra, un informe policial que se había confeccionado en base a una cita ilegal y clandestina entre dos narcotraficantes y Juan "El Francés" Viarnes, un hampón que se transformó por tres años y medio en agente encubierto de la dirección antidrogas local. Justamente, el narcoescándalo se desencadenó cuando Viarnes se presentó ante la justicia (y luego en los medios) como arrepentido y denunció que lo estaban extorsionando desde la dependencia policial a la que reportaba de forma "ilegal y clandestina", según definió Senestrari. Sosa, el ex jefe antidrogas, tenía una copia exacta del mismo informe que guardaba González. "Eso indica que junto a González tenían pleno conocimiento de la tarea clandestina que se realizaba con el agente encubierto (por Viarnes). Los dos negaron conocer a esta persona en sus declaraciones indagatorias", contó el fiscal.
Para Senestrari, la existencia de ese informe "indica la sospecha de que pasó algo que nunca tuvo reflejo judicial, lo que sería ilegal. Y si no, en aquella reunión se habló de una cantidad importantísima de droga y no se continuó una investigación, lo que también lo hace un hecho grave. Cualquiera de las conclusiones que uno saque, deja en claro que se trató de un procedimiento ilegal, clandestino, y que no estaba destinado a ser información reportada a la justicia".
UN MUERTO. El otro policía liberado, Mario Osorio, era uno de los agentes más allegados a Juan Alós, el oficial que apareció muerto el 7 de septiembre pasado dentro de su auto. La justicia aún investiga si se trató de un suicidio o el deceso estuvo vinculado al caso. "Además de allegado, Osorio es quien accedió, de un modo que también tiene que ser investigado, al procedimiento (judicial) en el que se encontró el cuerpo de Alós. Pese a la presencia del fiscal pudo llevarse una bolsa con ropa que estaba dentro del auto. Dentro de esa bolsa había un pendrive que contenía comunicaciones telefónicas que reflejaban la presencia de Viarnes en otra investigación", relató el fiscal. Viarnes había contado en su denuncia que los policías tenían y le exhibían para amenazarlo constancias de comunicaciones que lo comprometían en casos de narcotráfico. "Osorio se llevó una prueba de la propia escena del crimen y mostró su capacidad para hacerlo, causas por las que la ley establece que una persona debe quedarse en prisión preventiva", afirmó el fiscal. Además, a Osorio le encontraron diez chalecos antibalas en su casa y una picana eléctrica. No hay que hacer volar mucho la imaginación para darse cuenta qué uso podía tener eso. "Pero se dejó a este hombre en libertad, cosa que por supuesto fue apelada por la Fiscalía y ahora, con el fin de la feria, retomaremos", adelantó el procurador.
–¿Hubo otras excarcelaciones similares?
–Hubo, pero de otros casos que eran aceptables. Las (excarcelaciones) graves fueron las de estas personas que tenían mayor jerarquía, mucho mayor incidencia en el grupo y cercanía con los hechos. Se ha dado de baja un número importante de policías de altísimo rango y ninguno de esos policías estuvieron involucrados en esta causa (NdR: el gobernador José Manuel de la Sota pasó a retiro a 28 policías en el marco de una reestructuración de la fuerza). Está claro que (los policías imputados) tienen mucha influencia dentro de la institución, tienen mucha protección política, y se les sigue dando un peso muy grande. Pese a estar detenidos no han sido dados de baja. Sosa, por ejemplo, tiene prisión preventiva por uno de los hechos que se le imputó. Está procesado, muy cercano al juicio oral y público y no fue retirado. Si mañana salen en libertad podrían volver a sus cargos sin inconvenientes. Se trata de policías que casi están cumpliendo servicios dentro de la cárcel. Si salen puede borrar pruebas, inventar testimonios, amenazar testigos, tienen muchísimas posibilidades de causarle daño a la investigación.
–¿Quién cree que les brinda esa protección política?
–Del único lugar que puede venir es del gobierno de la provincia de Córdoba. Si están haciendo cambios en la policía, pasando a retiro a efectivos que no tienen una causa penal, a esta gente que está con prisión preventiva, ¿cómo es que no los han pasado a retiro? La presunción es que mañana, si salen en libertad, retoman sus cargos. Hace meses que están presos y no hay colaboración de las autoridades provinciales.
–¿Realizará un nuevo requerimiento tras el fin de la feria?
–Para fin de año yo pretendía presentar un nuevo requerimiento de instrucción con una cantidad importante de hechos nuevos y posiblemente nuevas personas imputadas. Con los feriados judiciales de último momento se me acortó el tiempo y no lo pudimos presentar. Sí llegamos a presentar un escrito con fundamentos bastantes amplios, pidiéndole al juez (de la causa, Ricardo Bustos Fierro,) que dicte el procesamiento y la prisión preventiva de las personas acusadas porque consideramos que ya está más que suficientemente probado el caso para avanzar en la próxima etapa que es la más cercana al juicio oral y público. El juez todavía no lo resolvió. Esperamos que en febrero tome alguna resolución. A esto se va a sumar al nuevo requerimiento de instrucción que tuvimos que diferir.
–Es decir que puede pedir nuevas detenciones.
–Es una posibilidad, porque todavía queda muchísima prueba por revisar y eso puede involucrar a otras personas. La Gendarmería ha trabajado durante todos estos meses copiando información de decenas de computadoras que hemos secuestrado y en cada una de esas cosas aparecen datos que indican que hay hechos nuevos y otras personas.
–¿En esos posibles pedidos de detención podría incluirse al ex ministro de Seguridad cordobés, Alejo Paredes, como trascendió?
–No voy a adelantar nada sobre eso hasta que tenga los datos concretos. Sí dejo en claro que si las pruebas involucran a alguien, será imputado. Y si es necesario que sea detenido, será detenido. Sea Paredes o quien sea. Pero lo vamos a revisar con las pruebas en la mano. No quiero adelantarme.
–¿Hay elementos que pueden involucrar a Paredes?
–Hay elementos para todo. Hay de todo un poco. Hay que diferir el análisis para poder diferenciar bien las responsabilidades políticas de las penales. Las responsabilidades políticas, (Paredes) las tenía todas y le costó el cargo. Con el jefe de Policía (Ramón Frías) sucede lo mismo. De ahí a ver que ellos, que es lo que uno tiene que conocer de mínima, sabían lo que ocurría y no hicieron nada, no denunciaron, no lo evitaron o peor, lo encubrieron… Si encuentro datos que indiquen eso, por supuesto que serán imputados.
–¿Cuánto puede influir en el devenir de la causa la reforma policial que es impulsada en la provincia? (NdR: esta entrevista fue realizada antes de los anuncios hechos ayer por de la Sota)
–No puede influir en nada, al menos en la causa judicial. Sí influye en las consecuencias políticas que todo esto tiene. La policía hoy es un tremendo dolor de cabeza para el gobierno de la provincia. Pero esta causa es un tema específico de la Dirección de Drogas que no tiene relación directa con el problema salarial y las extrañas medidas de fuerza que tuvieron consecuencias tan graves y que se repitieron en todo el país.
–Algunos vincularon la sublevación policial al narcoescándalo, ¿coincide con esa apreciación? –No, pienso que la causa del narcoescándalo, en todo caso, pudo influir generando un mayor nerviosismo en la fuerza. Pero nada más.
–Se la vinculó con los negocios ilegales que "se cortaron”.
–Esa versión la escuché. Que "con esta causa se les cae el gran negocio". Pero no, como están las cosas, si ese es un gran negocio va a seguir funcionando. Hoy sigue funcionando. Más que nunca. Desde que empezó este caso, en la justicia federal no hubo más casos complejos de drogas. Uno podría decir, si vamos a hacer lecturas, que el negocio aumentó porque no tocaron más a nadie.
–Es decir que para usted sucedió lo contrario: no se erradicaron los negocios.
–Creo que en toda institución es posible que haya corrupción. Se dice que en todas las policías del mundo siempre está la posibilidad de que haya un lado sucio que recauda dinero ilegal. Pero si esto es así no es sólo en (la división de) Drogas (de la fuerza provincial): hay otras oficinas de la policía de Córdoba que tienen el mismo acceso a dinero, negocio y corrupción. Puede ser que una parte de la caja haya sufrido algún inconveniente, pero eso no significa que si tienen una fuente ilegal (de dinero) no la sigan teniendo porque hay otras dependencias que tienen las mismas posibilidades. No es que la policía se quedó sin caja por este caso. Yo digo que me parece relativo. Si la política de una institución es hacer caja con las direcciones de investigación, imagínese (lo que pueden hacer) Automotores, Delitos Económicos, Trata de Personas, Robos y Hurtos, todas esas dependencias. No creo que haya una caja que se rompió y que haya sido la causa de los revuelos. Pudo haber influido pero no creo que haya sido la causa directa.
El caso que conmociona a Córdoba
* "El Francés": El 18 de julio de 2013, fue detenido por estafa Juan "El Francés" Viarnes, un hampón que trabajó de forma ilegal como agente encubierto para la división Drogas Peligrosas de Córdoba. Le encontraron US$ 340 mil falsos en su casa.
* No sabe, no contesta: Quien era el jefe antidrogas, Rafael Sosa, dijo no conocer a Viarnes. "El Francés" consideró que le habían "soltado la mano" y se presentó ante la justicia en carácter de arrepentido. Contó con lujo de detalles los vínculos de los policías cordobeses con Imputaciones: En los primeros días de agosto, luego de que los narcos. la justicia recibiera la "data" de Viarnes, el fiscal Enrique Senestrari tomó vista del expediente. Comenzó la investigación que al día de hoy tiene 12 imputados. Salvo Viarnes, el resto de los acusados son policías.
Repercusiones: El 5 de septiembre, el programa de televisión ADN * –emitido por la Universidad Nacional de Córdoba– difundió una nota con Viarnes y el caso se hizo público. La justicia debió apurar sus procedimientos.
Un muerto: Dos días después, el policía Juan Alós, integrante de * la división Drogas Peligrosas, apareció muerto en su auto. Su fallecimiento aún es investigado por la justicia.
Cae un "antinarco": El 11, se produjeron las primeras * detenciones: el jefe antidrogas, el comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; y el sargento Fabián Peralta Dattoli. También fue detenido el suboficial Mario Osorio, cercano a Alós.
* Crisis delasotista: Como consecuencia del escándalo, el 13, renunciaron a sus cargos el ministro de seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de la policía provincial, Ramón Frias.
Más detenciones:Entre octubre y noviembre, hay nuevas * detenciones, como la del jefe de inteligencia de antinarcóticos, Gustavo González
Excarcelaciones y lavado: A fines de diciembre fueron * excarcelados González y Osorio. En enero, la Cámara rechazó liberar a Sosa, procesado y con prisión preventiva por su desempeño durante el secuestro de Herminio Bionda, socio del dueño del boliche Palmira, Antonio Lo Cascio. Según "El Francés", en ese boliche se lavaban "narcodólares".
(Diario Tiempo Argentino, domingo 2 de febrero de 2014)
