No es a menudo que surge esta idea de fuerte raigambre en todas las épocas, recordable en las grandes jornadas libertarias del siglo XIX en Latinoamérica y Europa, que es parte de un llamado urgente y a la vez de una inevitable vocación de activismo. Un puñado de grandes empresas (Cargill, Noble Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Aceitera General Deheza, Nidera y Toepfer) que exporta más del 90 por ciento del grano, aceite y harina de soja argentinos, histórica base de la riqueza y la producción del país, ha organizado un cepo financiero sobre el Gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país, como la devaluación, más allá de que, en el momento de jaque final, el propio Gobierno haya dejado correr esa presión asfixiante del mercado exportador para poder retomar la iniciativa a partir de una devaluación no deseada. Es grave. No es un simple episodio más de la historia económica nacional. Las grandes organizaciones agropecuarias tienen todas fuertes vínculos internacionales, financieros, comunicacionales y siempre están dotadas para producir el espejismo de que sus intereses coinciden con los de una gran parte de las desconcertadas clases medias argentinas.
Lo cierto es que han conseguido forzar e imponer una depreciación del peso no querida por el Gobierno ni conveniente para las mayorías populares, y tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores. Hay que reconocerlo y, en un momento particularmente dramático, reponer nuestras fuerzas y dignidad para la lucha, pues esto exigirá grandes esfuerzos para que la devaluación no recaiga en los amplios estratos de las clases populares, históricamente las más perjudicadas con este tipo de medidas. La defensa de los “precios cuidados” es en ese sentido una tarea primordial. Suele verse exageración o grandilocuencia cuando se denuncia que esta situación incita a la desestabilización política, pero lo cierto es que aunque esto pueda no estar en la táctica inmediata de los grandes grupos amparados en las nuevas tecnologías de la globalización, en una sociedad castigada y temerosa, el resultado de sus acciones puede ser imprevisible. Estos sectores provienen de los primeros tiempos de la organización nacional argentina, momentos en que se configuraron como una oligarquía dócil a la división internacional del trabajo, aunque en su seno no dejó de haber impulsos proteccionistas y una apuesta a ciertos modos de intervencionismo estatal en el mercado de granos y carnes, justamente en la época del conservadurismo previa a la irrupción del peronismo y en el contexto de la gran crisis.
Viejos y nuevos grupos, siempre pocos, ahora de mayor espesor y concentración de su economía y específica relación con las políticas vinculadas a las potencias mundiales de esta etapa histórica de la modernidad, asedian al gobierno popular encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tomó medidas de gran significación para democratizar la sociedad avanzando en la inclusión, la ampliación de derechos y la redistribución de la renta nacional a favor de las mayorías nacionales, tanto de las clases medias como de los sectores más carenciados. Ese asedio es posible porque están pendientes de cerrar los amplios márgenes de maniobra que aún conservan estos grupos monopólicos. Ahora, con nuevas tecnologías de siembra y amparados en grandes fábricas de semillas transgénicas –cuyo uso y regulación debe ser parte de un amplio debate– han reorganizado socialmente el campo de la producción agropecuaria, con trazados tan novedosos que los viejos productores y arrendatarios (de antiguo cuño genuinamente productivo) han decidido asociarse a los horizontes construidos con la expansión de la frontera productiva de la soja, cambiando el perfil de las relaciones económicas y de clases sociales. El modo de propiedad, que para muchos significó hace un siglo protestar contra los latifundios, hoy se expresa en una privatización facciosa de la renta agraria, basada en la hipótesis magna del rechazo ciego a las necesarias intervenciones estatales, como poder público democrático representante de la nación y su equilibrio de intereses a favor de la población más desfavorecida e históricamente castigada por ajustes y teorías sobre las restricciones salariales, como variables compensatorias que tributan al imperio del capitalismo globalizado. Estos actores, concentrados fundamentalmente en la Pampa Húmeda, se apropiaron de manera excluyente de la denominación “campo”, mientras la mayoría de los campesinos del país situados en otras regiones resisten, porque los amenaza y perjudica, el modelo agrario que aquellos instalaron y cuya intensificación predican.
Es necesario recrear la imaginación histórica de una cadena de acontecimientos que tienen que contar nuevamente con gran apoyo popular. Quienes se sintieron alguna vez llamados por un conjunto de decisiones gubernamentales, cuyos grados de imperfección o de error están y deben estar en discusión, pero que tuvieron clara vocación de autonomía y soberanía nacional y social, y asimismo de justicia emancipatoria en todos los ámbitos de la vida económica, pública y cotidiana, deben nuevamente realizar un examen de su vocación política. Nos esperanza que el resultado de ese examen, hecho por hombres y mujeres que apoyan al Gobierno, o que lo apoyaron y se sienten desencantados, o que se guían por trazados políticos que pueden ser secundarios si las cuestiones en juego son mayores (por eso, socialistas, autonomistas, liberales, nacionalistas, radicales, peronistas, izquierdistas, republicanos, son destinatarios de esta interpelación), los haga ser quienes piensen las grandes disyuntivas sociales, sin la neblinosa cortina de cenizas que imparten los magnos catecismos de la piqueta del demoledor o la pala del enterrador. Una gran restauración del viejo país oligárquico está pronta a mostrar sus dientes de hierro, lo que serían sus herramientas de ajuste, que pretenden que, en una transición aleccionadora se empleen como prólogo, por un gobierno que supo tener consecuencia en políticas opuestas a esa lógica antipopular. Vienen con su populismo de turno, sus escribidores de estación, sus periodistas de cosecha unánime, aunque quizá sin sus juntas reguladoras del comercio exterior, como sus antepasados, sin embargo, supieron constituir.
Un nuevo estilo movilizatorio, una confluencia de fuerzas grupales e individuales, nuevas ideas para la defensa de lo valioso que significa esta experiencia, que no es una falsía, aunque pueda estar rodeada de grandes descuidos, es lo que se reclama. Este proceso transformador, conducido por Néstor y Cristina Kirchner, ha sido una recreación de las militancias y el fervor público nacional, ancladas en una larga memoria popular que no tiene propietarios, con ritualismos tal vez que no por repetitivos dejaron de acompañar los procesos populares. El proyecto que se ensayó esta vez, amplio, democrático y plural, posee una necesaria juventud que ningún momento histórico debe rechazar, aunque sí emplazar dentro de vastas alianzas sociales, hoy mermadas. Ahora debemos sentirnos a las puertas de una nueva movilización, preparada con responsabilidad y pasos precisos que ramifiquen el llamado. Los temas cruciales que laten en las bocas y corazones podrán convertirse en nuevos cánticos, deberán tornarse motivo de interés masivo por medidas y cambios institucionales trascendentes y necesarios desde hace tiempo, para avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior. Nuestro país ha visto cíclicamente amenazados, boicoteados y truncados proyectos de desarrollo nacional autónomo por la restricción externa, es decir, por la insuficiencia de divisas. Estas son el recurso clave para la continuidad y profundización de dinámicas progresivas. Por lo tanto resulta indispensable sustraer la disposición sobre éstas del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental. Será necesario avanzar en la creación de las instituciones que lo hagan posible, lo que implicará una disputa de intereses que no ahorrará conflictos, razón por la que se impone generar un movimiento de opinión y la movilización social (como ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales) que acompañe la consecución de ese objetivo auténticamente democrático. La soberanía en la disposición de las divisas requerirá avanzar en otras áreas para reforzar o establecer el control estatal y social (por ejemplo, a los puertos privados), mayores regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero, especialmente a la banca de propiedad extranjera, entre tantas. Estos objetivos no pueden ser otra cosa que las banderas de un patriotismo constitucional y social, que vea las acechanzas y dificultades y no se atemorice cuando deba salir al espacio público para señalarlas y conjurarlas.
En este momento de agudo peligro para las esperanzas y el futuro de millones de compatriotas, sentimos la necesidad de este llamado que recoge los ecos de muchas de las luchas encarnadas por variadas tradiciones políticas del país. Escuchemos todos, escuchémonos a tiempo.
(Diario Página 12, domingo 9 de febrero de 2014)
