Telam / El ex premier de Turcas y Caicos, Michael Misick, fue extraditado desde Brasil a la isla dependiente del Reino Unido, en el marco de un caso que, más allá de la investigación judicial, inició un proceso político que contradice la defensa del derecho de autodeterminación que Londres repite en las Islas Malvinas.
El ex gobernante de la nación ubicada al norte de Haití y República Dominicana, en el Caribe, fue acusado en marzo de 2009 de corrupción por el Parlamento británico, lo que fue utilizado por el gobierno liderado entonces por el primer ministro Gordon Brown para eliminar las instituciones que le brindaban cierta autonomía al denominado Territorio de Ultramar.
Aunque la investigación estaba todavía en curso, en agosto de ese año Londres suspendió la Constitución de las islas y de un plumazo traspasó todas las funciones ejecutivas y legislativas a un gobernador designado directamente por la Cancillería británica.
De esta forma, sin realizar un referendo o una consulta a la población de Turcas y Caicos, el Reino Unido reasumió el control del territorio de forma directa, con el mismo modus operandi con en el que manejaba sus colonias en la época imperial.
Nadie le preguntó a este pueblo, que a diferencia de los habitantes de Malvinas sí son una población diferente a la metrópoli conquistadora (la mayoría es de origen afrocaribeño), que decidan sobre su sistema de gobierno.
Los 46.400 habitantes, una cifra casi 18 veces superior que la del archipiélago en el Atlántico Sur, vieron como su derecho de autodeterminación fue violado por el mismo gobierno que lo esgrime para no negociar la Cuestión Malvinas con Argentina, contradiciendo más de 40 resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).
Ante las presiones internas y externas, Misick ya había renunciado y el cargo de premier había recaído en Galmo Williams, del mismo Partido Nacional Progresista, que calificó la maniobra como un “golpe”.
“Nuestro país está siendo invadido y re-colonizado”, indicó y criticó “el desmantelamiento de un gobierno debidamente electo y una asamblea legislativa por una dictadura de un solo hombre”.
El Reino Unido siguió ejerciendo control directo de la isla caribeña por tres años y antes de permitir nuevas elecciones, impuso una nueva Constitución que entre otros puntos le otorgó más poderes a la figura del gobernador designado por Londres, que convive con el premier elegido por el pueblo.
En los comicios de 2012 se impuso Rufus Ewing, también del Partido Nacional Progresista, que entre sus primeras acciones de gobierno pidió restablecer la democracia en la isla, lo que todavía no ocurrió.
Por eso, en marzo pasado, en una reunión de la organización Comunidad del Caribe (Caricom), el premier de Turcas y Caicos solicitó apoyo “para eliminar las influencias coloniales del pasado, mientras luchamos por nuestros derechos en nuestro camino hacia el verdadero autogobierno y la autodeterminación”.
Mientras tanto, el ex premier Misick, que siempre negó los cargos de corrupción en su contra, fue arrestado en diciembre del 2012 por Interpol en Rio de Janeiro.
Tras una larga batalla judicial perdió los intentos de evitar su extradición a Turcas y Caicos donde llegó hoy para ser juzgado, de acuerdo a la información confirmada por el gobierno británico.
Pero más allá de su culpabilidad o inocencia, los hechos políticos que se desencadenaron tras su renuncia exponen el doble estándar que tiene el Reino Unido para defender el derecho de autodeterminación.
Ya lo saben los chagosianos, un pueblo que en la década del 60 fue expulsado por el imperio británico de su hogar, la isla Diego García, en el Océano Índico, para permitir que Estados Unidos arme allí una base militar, todavía en funcionamiento.
