Pasó lo principal de las asonadas policiales en el país. En algunos casos, como Mendoza, la presión para obtener mejoras no incluyó acuartelamientos ni abandono de funciones, si bien se recostó sobre lo que se hacía en otras provincias. En algunas jurisdicciones, como Catamarca, llegó incluso al intento de entrada violenta a la Casa de Gobierno.
Es ocasión para afrontar lo que la democracia no ha hecho en 30 años: una reforma integral de las policías, como instituciones que no han sido puestas bajo la lupa, como sí lo fueran las Fuerzas Armadas en su momento.
Es cierto que, bajo la conducción militar, las policías fueron mayoritariamente cómplices de la dictadura, y practicaron a menudo la tortura, la desaparición y el asesinato. Si bien algunos de sus miembros han sido alcanzados por los juicios a quienes violaron derechos humanos, no ocurrió -en la mayoría de los casos- que las cúpulas fueran descabezadas y el personal remozado como se ha intentado con las tres armas; desde ese punto de vista, las policías han pasado un tanto disimuladas en el rol lamentable que muchas jugaron cuando la última dictadura (y, por cierto, también las anteriores).
Pero también es cierto que las policías están conformadas mayoritariamente por pobres. La clase media no manda sus hijos a escuelas de policía; los policías provienen del mismo sector social sobre el cual suelen ejercer represión social y política. Hay un problema con el ingreso a la institución: se requiere una exigencia de mayor escolarización previa (se lo ha intentado en Mendoza), y la formación tiene que ser exigente y prolongada. Si así fuera, se justificaría plenamente lo que es necesario: un salario que no ponga a los policías en la zona más baja de los trabajadores públicos. Salario que ha sido insuficiente, que los expone a los negocios que a veces proponen algunas jefaturas, las cuales además pueden castigarlos si no quieren participar.
En esa tesitura está lo que cualquier sociología institucional demuestra: es leve la zona que separa al delito de las policías, en cualquier parte del mundo. Por ello, es absolutamente de lamentar pero no es del todo una sorpresa, que las cúpulas policiales en Córdoba y Santa Fe estén ligadas al narcotráfico. Lo cual significa que algunas otras instancias de esas policías también lo están, aunque esto no abarque a las instituciones completas.
Se hace imprescindible, entonces, que la vigilancia civil y política sobre las policías sea mucho mayor. La habilitación de Consejos de Orientación o algo similar, formados por miembros de la política y la sociedad civil, se hace imprescindible: debieran ser parte misma de la institución, tener rango y total libertad para recorrer instalaciones, investigar, vigilar y decidir sobre aspectos estratégicos de la vida policial. La "autonomía policial" es sin dudas un problema para la población pero también para la policía, que por ahora no logra suficiente legitimación ante la población civil.
Los miembros de la policía necesitan y merecen una modalidad institucionalizada de negociación de salarios y condiciones de trabajo. Una ley nacional se requiere al respecto. Hay quienes proponen la sindicalización: vale la pena el debate, si bien a mí me parece que se requiere alguna modalidad específica que asegure la mejora periódica, pero impida cualquier presión de una institución armada sobre el poder político y la sociedad.
Porque eso fue a lo que hemos asistido: una presión inadmisible para la democracia, ejercida a partir de reivindicaciones que en algún caso pueden ser justas, pero que fueron obtenidas de manera forzosa. La democracia no puede reemplazar a las FF.AA. como quienes la impedían en otras épocas, por la policía como la que ahora impone reglas del juego. El sistema social no puede quedar como rehén de acciones de fuerza, por más que, al menos parcialmente, hayan sido desencadenadas por motivos razonables.
En las provincias donde hubo liberación de zonas para saqueos, tendrá que haber las sanciones necesarias. El caso de un policía que tenía en su casa objetos saqueados, en Entre Ríos, deja claro que no sólo se abrió espacio a los saqueos, sino que en algunos casos se los instigó y organizó. Eso es por completo inadmisible.
Como inadmisible fue el fogoneo abierto que algunos medios de comunicación hicieron al miedo y la zozobra, multiplicándolos al infinito; o es el insólito "apoyo" que cierto gremialismo opositor ha dado a la sublevación, pretendiendo multiplicar la extorsión hacia un pedido generalizado de aumentos indiscriminados a todos los empleados públicos como fruto indirecto de la acción policial.
El camino hacia Navidad no deja de tener acechanzas, cuando hay quienes invitan por redes sociales a saqueos y acciones violentas alrededor del día 20. Los argentinos tenemos ocasión, en democracia, de manifestar y demandar en paz, sin necesidad de apelar al desorden. Quienes prefieren el chantaje y la violencia contra un sistema institucional que es democrático y está en pleno ejercicio legítimo y legal, es evidente que se ubican tan fuera del campo de la ley, como de la convivencia social colectiva y de sus reglas compartidas.-
