A. — Política de gobierno
1. — Para cumplir con este programa, el Frente propone la instauración de un gobierno que asegure la plena vigencia de los principios de la soberanía popular, tal como lo establece la Constitución, en especial en su art. 33, que dice: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. El Gobierno del Frente convocará a una Asamblea Constituyente para que ésta resuelva la reimplantación de las reformas adoptadas en 1949 y adecúe nuestra ley fundamental a las actuales necesidades del país, mediante el estricto respeto a los mecanismos que la misma Constitución prevée para su reforma, mecanismos que han sido desconocidos por todos los gobiernos sucedidos desde 1955, del mismo modo que la propia Constitución que el Frente se propone restablecer.
2. — El Gobierno del Frente asentará su fuerza en el apoyo que le brinde el pueblo, ya que la autoridad auténticamente democrática, sólo puede emanar de la voluntad libremente expresada del pueblo soberano.
3. — El Gobierno del Frente asegurará la libre expresión de todas las organizaciones políticas y corrientes de opinión, sin proscripción alguna de partidos, personas ni programas, previa derogación del actual Estatuto de Partidos por inconstitucional.
4. — El Gobierno del Frente garantizará el pleno ejercicio de la libertad de palabra, prensa, de reunión y de conciencia, la inviolabilidad de domicilio, los derechos de asociación y sindicalización, estableciendo para ello normas políticas y jurídicas que impidan que esos derechos sean limitados en la práctica.
B. — Política económica
Objetivo: Planificación democrática de la economía en todos los niveles, a partir de las empresas, aplicando el principio de autogestión, es decir, la participación de obreros, empleados y técnicos.
5. — Nacionalización de la banca extranjera y nacional (salvo las cooperativas de créditos, a las que se otorgarán categoría bancaria) con el objeto de poner a disposición del Estado y los productores el manejo nacional el crédito y de la moneda.
6. — Nacionalización del comercio exterior y eliminación de todas las empresas privadas que operan en plaza en la importación y exportación, con el objeto de que las ganancias de intermediación internacional se transfieran como beneficio al pueblo argentino, y estableciendo un criterio prioritario en las importaciones, eliminando aquellas de carácter suntuario o que se contrapongan al interés nacional.
7. — Nacionalización de las grandes estancias de la pampa húmeda, fuente de la riqueza nacional, consumida parasitariamente por las minorías oligárquicas y sobre la que asienta su poder político, y administración directa de las mismas por los organismos especializados del Estado.
8. — Declarar de utilidad pública y sujetos a nacionalización los latifundios de propiedad nacional o extranjera ubicados en las tierras situadas en las provincias interiores. El Gobierno del Frente realizará las obras de infraestructura y tecnología necesarias para desarrollar económicamente tales regiones extrayendo los fondos necesarios de la pampa húmeda litoraleña nacionalizada, cumpliendo así el mandato que viene del fondo de la historia argentina.
9. — Incorporación inmediata a la producción de las tierras abandonadas o mal cultivadas y asignación de tierras a los pequeños productores para hacerlas rendir económicamente. Establecimiento de planes cooperativos y de producción, encuadrados tecnológica, económica y financieramente por el Estado, a fin de superar la contradicción entre la pequeña explotación y la producción en gran escala que posibilite el aumento de la productividad y de la producción.
10. — Inmediata rebaja y congelación de los arrendamientos rurales y suspensión de todo desalojo.
11. — Nacionalización de las grandes industrias en poder de los monopolios y de todos aquellos sectores de la economía que permitan asegurar un verdadero desarrollo, autónomo en beneficio de la totalidad del país.
12. — Nacionalización de las fábricas terminales de la industria automotriz, reorientando la producción hacia la reducción de los innumerables modelos a un número limitado de utilitarios de transporte colectivo y de aplicación en el área industrial, agraria y demás actividades productivas, suprimiendo todos los modelos de lujo que constituyen un cáncer para la economía argentina. De este modo se derivaría hacia inversiones de carácter reproductivo y de interés nacional, la disponibilidad en el mercado interior de capitales provenientes de los sectores privilegiados de las clases medias y de las clases altas, que actualmente se despilfarran a través de las financieras en la adquisición de modelos de lujo.
13. — Nacionalización de los frigoríficos extranjeros, eliminando así otros de los sectores parasitarios que impiden el progreso de nuestra ganadería y derivan hacia el exterior sumas multimillonarias robadas al trabajo nacional. Esta nacionalización se practicará sin indemnización en aquellos frigoríficos que por su estructura arcaica hayan perdido rentabilidad.
14. — Propiedad estatal inalienable e imprescriptible del subsuelo minero y petrolero. Activa participación del Estado en la explotación minera con apoyo a la industria de capital nacional. Exclusiva comercialización estatal de los combustibles. Defensa de YPF, YCF y Comisión Nacional de Energía Atómica. Instalación del complejo industrial alumínica en la zona misionera, donde efectivamente se encuentran esos yacimientos a fin de realizar una racional planificación en el cateo y explotación de minerales.
15. — Nacionalización de las grandes bodegas de Cuyo que controlan el mercado, y apoyo a los pequeños viñateros, contratistas y trabajadores rurales de la región para constituir cooperativas de producción y comercialización.
16. — Nacionalización de los ingenios y fundos azucareros y de los circuitos de comercialización mayorista del azúcar. Utilización de las ganancias de la industria y el comercio azucareros (tradicionalmente evadidos por la oligarquía azucarera del norte, especialmente tucumana, a pesar de provenir de una tributación nacional a través de la tarifa arancelaria) para financiar un plan general de desarrollo del noroeste argentino. Ese plan, reforzado por inversiones del Estado nacional, contemplará: tecnificación de los establecimientos azucareros; industrialización integral de los subproductos, hoy desaprovechados pese a representar un valor económicamente potencial superior a la del azúcar; diversificación agro industrial del noroeste; inmediata reapertura de los ingenios cerrados, en el marco del plan de desarrollo regional.
17. — Nacionalización de los grandes laboratorios farmacéuticos, a fin de asegurar una provisión de medicamentos racional y masiva, a bajo costo, evitando la fraudulenta especulación actual en ese ramo.
18. — Creación de la flota pesquera de altura con el objeto de explotar la riqueza ictícola en el mar territorial argentino.
Plan de construcciones navales en los astilleros del Estado destinado a alcanzar en el más breve plazo posible el 50 % del tonelaje embarcado movido por nuestro comercio internacional para los barcos de construcción y propiedad argentina.
Procesamiento de todos los marinos y funcionarios en retiro y en actividad que en los últimos 16 años hubieran contribuido a la liquidación económica de la Marina Mercante argentina.
19. — Derogación de la ley 111, que protege las patentes extranjeras y dificulta el progreso de la industria argentina. La Argentina será considerada territorio franco para emplear toda la tecnología en uso en los países avanzados, cuya civilización sólo fue posible gracias a la explotación de los países coloniales, sin pago alguno de derechos por uso de patentes.
C. — Política financiera
Objetivo: Aplicar una política de ahorro y capitalización nacionales que permita acelerar el proceso de industrialización del país, crear una sólida industria pesada y desarrollar aquellos sectores básicos como el acero, la petroquímica, los combustibles, la energía, etc., que asegure la independencia económica del país.
20. — Transformación de la política impositiva en instrumento de gobierno para el desarrollo económico, la justicia social y la eliminación del parasitismo. Suprimir las exacciones impositivas fiscales del Estado nacional sobre las provincias por la viciosa aplicación del régimen de coparticipación federal.
21. — Nacionalización de las empresas de seguros de capital extranjero.
D. Política social
a) Laboral
22. — Plena vigencia de la Ley de Asociaciones Profesionales, asegurando la democratización de los sindicatos mediante la organización de las bases desde los talleres, oficinas, fábricas y empresas.
23. — Inmediata instrumentación de un sistema de medidas orientadas a restablecer el salario real al nivel 1955, suprimiendo el parasitismo económico, hipertrofiado por los sucesivos gobiernos oligárquicos en desmedro del progreso económico, el pleno empleo y el nivel de vida popular.
24. — Defensa y perfección de las leyes laborales conquistadas por la clase obrera, asegurando la protección contra el despido arbitrario. Modificación y ampliación de la justicia laboral, estableciendo tribunales rápidos y gratuitos para los trabajadores. Efectiva vigencia de la autoridad administrativa laboral para el control del cumplimiento de la ley.
b) Vivienda
25. — Derogación de las leyes de desalojo en materia de viviendas y locales de comercio e industria, Nº 17.368, 17.607, 17.689 y 18.880. Inmediata rebaja y congelación de los alquileres urbanos y suspensión de todo desalojo. Compensación económica a los pequeños propietarios por bajos alquileres percibidos debido a estas medidas del Gobierno del Frente.
26. — Realización inmediata de un censo de las viviendas en las ciudades de mayor concentración urbana a fin de determinar la cantidad de viviendas desocupadas y proceder a su inmediata ocupación para familias necesitadas mediante una concreta determinación de su valor racionalmente establecido por el Estado. Nacionalización de las viviendas desocupadas y entrega inmediata a sin techo, incluso las unidades actualmente en venta pertenecientes a grandes empresas.
(sigue en la edición de mañana)
