Los reiterados cortes de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ciudades del país dejan entrever los problemas en el sector de distribución de media y baja tensión, que salen a la superficie en los momentos de altas temperaturas. Durante los años recientes, el crecimiento económico amplió significativamente la demanda de electricidad por dos vías. Una de ellas es la mayor actividad industrial y comercial, dado que el PIB se duplicó en los últimos diez años, y en 2013 evidencia un crecimiento cercano al 5 por ciento. La otra vía es el aumento en el poder de compra de los hogares que generó, entre sus amplios efectos, un incremento en la dotación de equipos de aire acondicionado, caracterizados por su alto consumo energético.
El segmento de generación no constituye el foco principal del problema, atento que durante los últimos años se ha incrementado la potencia total disponible en el sistema. Los datos de Cammesa lo confirman: el pico de consumo de potencia eléctrica del 17/12/2013 superó los máximos históricos para un día hábil, correspondiendo a 23.433 MW a las 14:20. La capacidad de generación efectiva de electricidad para el tercer trimestre de 2013 se ubicaba en los 26.253 MW, bastante por encima del pico máximo mencionado. Tampoco se genera un cuello de botella en la red de transporte en alta tensión.
Los problemas se concentran en el tramo de distribución, en el cual ha quedado en evidencia que, especialmente en el AMBA, las inversiones realizadas durante los últimos años no han estado a tono con el importante incremento de la demanda, una rémora de las privatizaciones de los '90 y que no ha sido debidamente resuelta.
Vale aclarar que el grueso de los subsidios se concentran en el segmento de generación, lo que permite a las firmas de ese tramo mantener su rentabilidad. Así, estas empresas reciben una buena parte de sus ingresos a través de transferencias de Cammesa, compañía mixta que administra el mercado mayorista eléctrico. Cammesa también subsidia parte de la energía primaria (gas natural y gasoil) que se utiliza para generar electricidad.
Otra es la situación entre las empresas distribuidoras, especialmente las del AMBA, aunque el problema afecta a todo el país, en mayor o menor medida. Este conjunto de empresas, conformado por las privatizadas, pero también por empresas provinciales y cooperativas, enfrentan problemas para financiar las inversiones requeridas. De hecho, las expansiones más recientes en las empresas de jurisdicción nacional (Edenor y Edesur) han estado financiadas por fondos fiduciarios establecidos por el Estado. Los recursos de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional están acotados, ya que sus ingresos se basan en un margen sobre la tarifa final, que en gran parte está congelada desde fines de los '90, y les ha generado enormes deudas con Cammesa.
La sintonía fina resulta en este tema absolutamente indispensable. Con las generadoras de energía eléctrica construidas en los últimos años y las que están en desarrollo, pareciera que el panorama a futuro está relativamente despejado. En el caso de las distribuidoras se requiere una acción más intensiva, generando un sistema de subsidios que exija a las empresas las inversiones necesarias, y por otro lado, ir implementando la reducción de los subsidios a los consumidores de altos ingresos y analizar en profundidad los cuadros tarifarios. Son bien recibidas las noticias sobre una posible estatización; habría que pensar en desarmar el modelo privatizador, volviendo a una empresa pública nacional, gestionada por el Estado, los trabajadores y usuarios, que trabaje coordinadamente con las empresas municipales y cooperativas, para darle más capilaridad y versatilidad al sistema.
RECIENTE ACUERDO DE PRECIOS. Esta semana se firmó un acuerdo de precios entre el gobierno nacional, supermercadistas y grandes proveedores para una canasta básica de 200 productos, que abarca desde artículos de almacén, carnes, lácteos, frutas y verduras, y bebidas, hasta productos de limpieza y perfumería.
Se expresó que no es un congelamiento de precios, sino un acuerdo que tendrá vigencia en 2014, con una revisión trimestral, en la que se estudiarán los costos de las empresas. El acuerdo es más amplio que los anteriores que se centraron en la comercialización, ya que se planea avanzar en la cadena de valor, es decir, no sólo se pactará con las bocas de expendio sino también con los proveedores de los supermercados, y se intentará involucrar a los productores y consumidores, según declararon funcionarios del gobierno. Axel Kicillof comentó que "se realizará un monitoreo permanente, habrá mesas de diálogos periódicas y un sistema de alerta temprana cuando surja algún problema de costos o logística que eleve el precio de algún producto", a la vez que el jefe de Gabinete señaló que van a "trabajar en el control fiscal y popular" de precios; medidas indispensables para la adecuada gestión del programa. Es un plan para aplicar sintonía fina, lo cual requiere la revisión continua del acuerdo con los empresarios, como así también un fuerte control de cumplimiento de los precios acordados.
LA OCDE APLICA MÁS DOSIS DE AJUSTE. La situación social en España atraviesa uno de sus momentos más duros. Un dato por demás preocupante tiene que ver con el desempleo de larga duración. Los desempleados que han estado sin trabajo por 12 meses o más pasaron del 19,1% del total de desempleados en 2007 al 50,7% en 2013. Este avance indica que la problemática de la fuerza laboral desde hace tiempo ha comenzado a adquirir un viso estructural, como consecuencia de los ajustes impartidos desde la troika.
En este marco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un informe donde se resaltan los avances de la reforma laboral del año 2012. Allí se menciona que "la reforma ha contribuido a una significativa moderación salarial", en un contexto de "prolongadas condiciones cíclicas adversas y reducciones salariales aplicadas en el sector público" y que "aunque esta moderación salarial (que lleva cuatro trimestres de descensos consecutivos) está afectando los niveles de vida de los trabajadores, ya empiezan a verse los resultados en lo que respecta a la evolución del empleo y los puestos de trabajo no destruidos". Luego se sostiene, sin ningún tipo de pudor, que "debe vigilarse la desigualdad salarial para garantizar que los costos y los beneficios de la reforma son compartidos de manera equitativa".
No menos llamativas resultan las declaraciones que invocan a los espíritus del "derrame", como las del director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, quien expresó que "las rebajas salariales son necesarias para promover el crecimiento de los márgenes de las empresas", que "seguro después estarán dispuestas a aumentar los salarios".
Finalmente, se produjo la esperada reducción de las compras mensuales de bonos hipotecarios y del Tesoro de Estados Unidos por parte de la FED, un recorte de U$S 10 mil millones que llevará las compras mensuales a los U$S 75 mil millones, decisión adoptada a la luz de los indicios de continuidad en la mejora de los indicadores laborales. Es una medida gradual y ya descontada por los mercados, aunque constituye una señal que vaticina una etapa de menor expansión de la liquidez global, lo cual podría afectar a las economías emergentes por la vía de una menor cotización de las materias primas y de una desvalorización de las monedas locales. Un nuevo capítulo de la saga por la cual los países centrales descargan en el resto del mundo los costos de la resolución de la crisis.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 22 de diciembre de 2013)
