Es un secreto a voces que gente de la sociedad, eclesiásticos, empresarios y de la justicia tenían contacto con el Comando", afirmó ayer el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong al declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario, en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El militar retirado, condenado en 2009 a reclusión perpetua en otro juicio por delitos de lesa humanidad, amplió su declaración indagatoria en el juicio por la causa Guerrieri II que se lleva adelante en Rosario.
Allí se refirió a los vínculos de civiles con el Comando del II Cuerpo de Ejército, cuyo primer jefe durante la dictadura fue el general Ramón Genaro Díaz Bessone, remplazado en 1977 por Leopoldo Galtieri.
Los dichos de Amelong fueron en la línea de la declaración testimonial que un rato antes había brindado ante el tribunal el periodista y escritor rosarino Carlos Del Frade, propuesto por la fiscalía.
En su declaración, Del Frade sostuvo que "los militares son los títeres del poder económico". "La mujer de Agustín Feced (fallecido jefe de la policía rosarina durante la dictadura) dijo que Alberto Gollán (propietario de Televisión Litoral de Rosario) y el presidente de Acindar se reunían con Feced dos veces a la semana para analizar la marcha" del proceso, indicó Del Frade.
En tanto, Amelong se refirió también al asesinato de su padre el ingeniero Raúl Amelong, que ocupaba un cargo ejecutivo en la empresa Acindar, hecho ocurrido en junio de 1975 presuntamente a manos de un grupo guerrillero. "Yo nunca tuve deseos de venganza con quienes mataron a mi padre, porque mi padre dijo que los perdonaba, así que yo no soy quien para vengarlo", dijo durante la audiencia ante el TOF1.
Luego explicó que en 1975 era subteniente en el Ejército: "Le había dicho al jefe que yo me iba de baja por la falta de operaciones de la fuerza, porque nos mataban a un amigo y no se hacía nada. Después de la muerte de mi padre, gente me dice que el Ejército estaba haciendo muchas cosas y que me quede porque esto iba a cambiar", agregó. Consultado por el tribunal qué significaba que "esto iba a cambiar", el imputado explicó que "el Ejército iba a tener mayor participación de la que teníamos en contra de la subversión".
También en la audiencia de ayer en el juicio por la causa Guerrieri II, que investiga el circuito represivo que estuvo bajo el mando del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario y operó en cinco centros clandestinos, declaró el periodista local José Andrés López. El testigo, que militaba en el Partido Comunista, contó que conoció al desaparecido Rubén Messiez, quien formaba parte de la misma fuerza política. En el juicio hay 12 imputados entre militares retirados y personal civil de inteligencia que actuaron en el Batallón 121 de Rosario.
Impulso a la reforma del código procesal penal
En un nuevo gesto destinado a avanzar en la democratización del sistema judicial, integrantes de Justicia Legítima se reunieron ayer con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, para impulsar el tratamiento del proyecto de ley que busca reformar el Código Procesal Penal. Desde la organización de magistrados, fiscales y defensores públicos, se busca reinstalar el debate sobre una iniciativa que ingresó al Congreso tres años atrás y pretende establecer una clara división de los roles que los jueces y los procuradores deben ocupar en una investigación.
“La reforma plantea la necesidad de tener un nuevo Código Procesal Penal que salga del sistema inquisitorial, como lo han hecho la mayoría de los países, para ir a un sistema acusatorio”, afirmó Alak. Desde Justicia Legítima explicaron que en el actual proceso "inquisitivo”, los jueces de instrucción investigan y juzgan sus propios resultados.
“Quien juzga no debe ser quien investiga, esta función debe estar dividida. Resulta necesario el establecimiento del sistema acusatorio que divide la función de investigar de la función de juzgar, poniendo a cargo del Ministerio Público Fiscal la investigación”, manifestó la organización en un comunicado.
“La reforma es una deuda de la democracia”, aseguró Alak a la prensa tras el encuentro y recordó que en el país también se está trabajando en la conformación de un nuevo Código en lo Civil y Comercial. Justamente ayer se conoció que la cartera que dirige Alak asesorará a los diputados y senadores que deberán analizar la reforma del Código Civil, y que el lunes mantendrán una primera reunión con ese fin.
La titular de Justicia Legítima, la magistrada María Laura Garrigós de Rébori, quien encabezó a la delegación que se acercó al ministerio, expresó que la reforma del Código Procesal "va a hacer los procesos más transparentes y rápidos, consagrando la oralidad y dejando la investigación en mano de los fiscales”. En diálogo con Tiempo Argentino, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous –quien también fue parte de la reunión– agregó que el nuevo sistema “mejorará la acusación y las garantías del acusado”.
La iniciativa para reformar el Código Procesal Penal ingresó al Congreso en el 2010 y tiene estado parlamentario. Por tal motivo, integrantes de Justicia Legítima participarán en los próximos días de una audiencia en la Cámara baja. El objetivo: que la propuesta sea aprobada con celeridad en el recinto.
"Desde Justicia Legítima consideramos que el debate en recintos como la Cámara de Diputados, donde podemos nutrirnos de diferentes opiniones, es fundamental.
Queremos una justicia más transparente, más plural, menos corporativa y sólo a través del diálogo, la construcción y la apertura de los sistemas de justicia es posible", afirmó la organización en un comunicado.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 28 de setiembre de 2013)
