El Comando Sur de los Estados Unidos recomendó a la Junta Interamericana de Defensa, JID, que las Fuerzas Armadas del continente participen en un plan de seguridad del medio ambiente y seguridad energética y la Argentina se opuso. El contrapunto, que se produjo el martes pasado durante una reunión informal de la JID realizada en Washington, constituye un paso más en la escalada estadounidense por borronear los límites entre las funciones de defensa y de seguridad y continuará el miércoles durante la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. En la Argentina varios candidatos de partidos opositores, como Ricardo Alfonsín, Sergio Massa y Gabriela Michetti, propugnan la sanción de una ley de pena de muerte sin juicio previo para presuntos narcotraficantes, de cuya aplicación se encargarían las Fuerzas Armadas.
Dentro de su territorio, Estados Unidos mantiene la separación en los términos vigentes desde 1878 con la ley Posse Comitatus y en los últimos tiempos se ha inclinado por dotar a las fuerzas policiales de equipamiento bélico pesado que hasta ahora se consideraba de exclusivo uso castrense. En cambio, en América Latina propugna que las Fuerzas Armadas se aboquen a tareas de tipo policial, según la doctrina de las nuevas amenazas, que ya tiene más de una década de vigencia. El artículo 2 del Estatuto de la JID dice que el propósito del organismo es prestar a la OEA y a sus países miembros “asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa en el hemisferio”, pero no menciona las cuestiones de seguridad. Lo mismo ocurre con el Plan Estratégico de la JID. Por eso, en la reunión del miércoles 16, Estados Unidos intentará redefinir el alcance de los términos “asuntos militares y de defensa” y los conceptos de Defensa y Seguridad. También es previsible que la cuestión reaparezca entre el 21 y el 25 de octubre, durante la Conferencia Inter-Americana de Logística, que financiada por empresas privadas, se realizará también en Washington.
Un programa de gobierno
El programa de trabajo 2013-2014 de la JID, firmado por su director, el vicealmirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, constituye un capítulo de un programa de gobierno. Luego de temas militares y de defensa agrega que la JID se ocupará también “de disciplinas conexas relacionadas con el hemisferio”. También se propone incentivar la presencia en distintas actividades de la JID de la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, dos vías para eludir la separación de funciones. Otro objetivo del plan de trabajo es constituir a la JID como “organismo de asesoría técnica permanente de la Conferencia de Ministros de Defensa y establecer relaciones de cooperación con los organismos hemisféricos, regionales y subregionales de defensa y seguridad”. También se propone participar en la coordinación entre Fuerzas Armadas y de Seguridad “en el combate al narcotráfico” en Centroamérica y asistir a la Cuarta Conferencia de Ministros de Seguridad de las Américas. La JID incluso se propone instruir al Comité Interamericano contra el Terrorismo en la “protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, armonizar su plan de trabajo con el de la Comisión de Seguridad Hemisférica y convertir al Colegio Interamericano de Defensa en una institución educativa de excelencia que ofrezca cursos de posgrado no sólo en defensa sino también en seguridad. A ese plan de trabajo de la Junta Interamericana de Defensa, la delegación de Estados Unidos agregó una recomendación propia: que la JID acepte la propuesta presentada por el Comando Sur y trabaje en conjunto con sus autoridades en “el desarrollo de un Plan de Cooperación Regional sobre el Medio Ambiente y la Seguridad Energética”. La delegación argentina presentó una serie de objeciones a este plan:
- como parte del objetivo de ayuda humanitaria y auxilio en caso de desastres naturales, se invoca la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana y se propone un seguimiento de fenómenos que no se compadecen con el enunciado general, como las migraciones, el tráfico de personas y la delincuencia transnacional. Pero la Declaración de San Salvador se refiere a problemas de seguridad pública y no contempla temas de carácter militar o de defensa, los únicos que habilitan la actuación de la JID. Esa temática está excluida de las competencias de la JID, cuyo estatuto no la prevé.
- las nuevas amenazas contempladas en los enfoques multidimensionales no obligan a su neutralización por instrumentos militares. En la Argentina la respuesta sólo concierne a los ministerios de Seguridad y de Justicia.
- la propuesta coordinación de la JID con la Secretaría de Seguridad Multidimensional debe excluir el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de los estados, la lucha contra las drogas, las migraciones, la trata de personas y el terrorismo, que competen a otros organismos de la OEA, como la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Tampoco es admisible que la JID participe en foros, conferencias y organismos que tratan esos temas, que no forman parte de las facultades de la Junta Interamericana de Defensa.
- la JID tiene la misión de apoyar a la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia de Ministros de Defensa (que siempre está a cargo del país anfitrión) y de almacenar su memoria histórica, pero no está en aptitud para convertirse en su Secretaría Técnica Permanente, ya que la Conferencia es un foro de diálogo político entre los ministros y la JID un órgano de asesoramiento técnico-militar de la OEA.
- también se debe aclarar que esas funciones de apoyo sólo se desempeñarán a requerimiento de la Secretaría Pro Témpore.
- la Argentina tampoco acepta el propuesto “alineamiento de las estrategias de defensa y seguridad” que la JID debería apoyar.
- al referirse a los instrumentos que componen el Sistema Interamericano de Defensa, el plan de la JID le asigna funciones de cooperación con otros organismos interamericanos, cuando sólo fue autorizada a hacerlo en el proceso de revisión del Sistema, que impulsa la Argentina y del que la JID debería tomar nota.
- la JID se arroga como “tareas implícitas” tareas que exceden sus funciones y misión. Menciona entre ellas la solicitud a los estados de determinadas informaciones que no competen a la JID, como por ejemplo datos sobre tecnología e industrias.
- las conclusiones de la JID no mencionan el cumplimiento del mandato de la Conferencia de Ministros de Defensa y de la Asamblea General de la OEA, que dispusieron la revisión de todos los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa. Esto incluye en forma central a la propia JID.
El conflicto está definido en términos claros. Mientras la Argentina reclama que el sistema político, representado por los ministros de Defensa y la Asamblea General, conduzca la revisión de la Junta Interamericana, la JID, con sede en Wa-shington y financiamiento estadounidense, resiste la revisión de su rol y pretende avanzar con nuevas imposiciones sobre los órganos representativos de la voluntad popular.
Durante la reunión informal del miércoles pasado no sólo la Argentina impugnó la pretensión estadounidense de que el Comando Sur recomiende a la JID la forma de cooperar en la seguridad energética y del medio ambiente como nuevo tópico de relaciones entre las Fuerzas Armadas de la región, sobre los modelos que aplican las Naciones Unidas y la OTAN. Canadá sostuvo que la creación de un comando operacional requería mayor discusión y puso en duda que la JID tuviera capacidad para el tema. Estados Unidos negó que propusiera un rol operativo para la JID. Además de coincidir en estos puntos con Canadá, México recordó que cada país tiene organismos especializados en la seguridad energética y del medio ambiente, tema en que los militares tienen, en el mejor de los casos, competencia subsidiaria, y sugirió que los países que estén de acuerdo con la propuesta pueden realizarla en forma bilateral con el Comando Sur. Esta es la lógica que desde hace años encuadra los avances estadounidenses sobre la región: una propuesta general que la OEA no acepta y que se impone después en la relación bilateral con distintos países, empezando por los más débiles, ya sea ante las amenazas descriptas, o ante el Pentágono y su Comando Sur, verdadero artífice y efector de la política de su país hacia Sudamérica. La Argentina reiteró algunos planteos que había formulado en la reunión ordinaria de la JID del mes pasado. En esa ocasión, sostuvo que como otros países sudamericanos prioriza la cooperación en estas materias en el marco subregional de la UNASUR y que es inconveniente involucrar a la JID en temas ajenos a la defensa.
El derribo de las fronteras
La separación tajante entre Defensa Nacional y Seguridad Interior es uno de los acuerdos básicos de la democracia argentina y cristalizó en tres leyes y un decreto sancionados bajo cuatro diferentes gobiernos. La ley de defensa nacional fue promulgada en 1988 por el presidente Raúl Alfonsín, la de Seguridad Interior en 1992 por el presidente Carlos Menem, la de Inteligencia Nacional en 1991 por el presidente Fernando de la Rúa, y el decreto reglamentario de la ley de Defensa por el presidente Néstor Kirchner en 2006. El artículo 4 de la ley de Defensa estableció que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior”. Pero pasaron 18 años hasta su reglamentación. Horacio Jaunarena, quien fue ministro de los ex presidentes Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y del ex senador a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde, confesó en un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi que nunca la reglamentó porque no estaba de acuerdo con el texto y el espíritu de la ley. Los considerandos del decreto reglamentario que la ministra Nilda Garré firmó junto a Kirchner descartan en forma expresa la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa, “usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas”. De lo contrario se pondría “en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”. Ya bajo la presidencia de CFK se presentaron tres proyectos en el Congreso desandando ese camino. El primero, de 2010, lleva la firma de Francisco De Narváez y otros diputados del Peornismo Opositor (Expediente de la Cámara de Diputados 6657-D-2010, Trámite parlamentario 130, 09/09/2010, Defensa Nacional contra amenazas aéreas). El segundo, de 2011, fue presentado por la diputada de PRO Gabriela Michetti, a quien acompañan el propio De Narváez y varios diputados de los partidos de ambos (Expediente de la Cámara de Diputados 1791-D-2011, Trámite parlamentario 0028, 13/04/2011, Creación del Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte). El tercero, de este año, pertenece al diputado radical Ricardo Alfonsín y a otros legisladores de su partido (Expediente 4817-D-2013, Trámite parlamentario 073, 18/06/2013, Ley de lucha integral contra el narcotráfico). Todos ellos coinciden en encomendar a la Fuerza Aérea el derribo de aeronaves que no respondan a intimaciones transmitidas por radio, señales visuales y disparos de emergencia con munición trazadora (De Narváez); el derribo deberá ser autorizado por el presidente de la Nación o por la autoridad delegada por él en el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Alfonsín) y “en ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero” (Michetti). El proyecto de Michetti es el más explícito: han desaparecido las hipótesis de conflicto “en el subcontinente” (sic) y hoy los enemigos del estado “son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc.”. Estas amenazas “son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional”. A ellos se les sumó esta semana el candidato a diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, quien el viernes dijo que era urgente sancionar una ley que permitiera “voltear a los aviones de los narcos que entran al país”. El oficialismo se opone en forma explícita a semejante reforma. De hecho, en el Operativo Fortín Norte, el Ejército no recibió del ministerio de Defensa normas de empeñamiento, sólo pautas de comportamiento, que excluyen la entrada en combate, y la semana pasada en Río Gallegos, el ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó que se limitaran a ocupar la parte del terreno de propiedad de la Armada que no había sido intrusada, sin siquiera portar armas de fuego. Los proyectos de Massa, Michetti, Alfonsín y De Narváez habilitarían a las Fuerzas Armadas a aplicar la pena de muerte, sin juicio previo, basada en la mera sospecha, incluso a quienes se estuvieran alejando del territorio nacional. Por suerte es dudoso que progresen en el Congreso, dada la cómoda mayoría del oficialismo.
(Diario Página 12, domingo 13 de octubre de 2013)
