Frente a los últimos sucesos, por todos conocidos, en torno a las trabas y dilaciones interpuestas a fin de evitar la definitiva puesta en marcha de la ley 26.522, y que dieron lugar a la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para tratar la constitucionalidad de los artículos que el Grupo Oligopólico Clarín se niega a cumplir, desde el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo -SiDUNCU- entendemos que ya no quedan razones valederas y sustentables que imposibiliten una rápida resolución del conflicto, al tiempo, que consideramos que esta situación tiene un sólo resultado legítimo: LA PLENA E INMEDIATA VIGENCIA DE LA LEY SE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (LSCA) EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
A 4 años que esta norma se sancionó por una importante mayoría de las Cámaras que integran el Poder Legislativo Nacional y de lo transcurrido desde ese momento, resulta difícil de entender que el máximo órgano de administración de Justicia del país aún se niegue a tomar una definición en torno a una norma que ha sido ejemplo de debate, trabajo y consenso popular, y es sin duda la iniciativa jurídica que mayor participación social puede ostentar en su recorrido, que incluye los iniciales aprortes generados en una muy joven democracia, la promoción y lucha expresada por diversas organizaciones, que se pueden sintetizar en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y las innumerables audiencias y foros que impulsados por sectores que estaban tanto a favor como en contra, se realizaron en todo el país.
Es indudable que la efectiva y plena vigencia de la LSCA repercutirá en una ampliación de las voces y pluralidad de los relatos en circulación, ya sea por la aparición de nuevos medios de comunicación, o por el fortalecimiento de otros ya existentes pero en un esquema de notoria debilidad frente a los modelos concentradores de la palabra. En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, este desafío se evidencia de una manera particular, ya que permitirá la puesta en marcha sin obstáculos del Polo Audiovisual, que implica contar con un canal de televisión, y reforzará las emisoras de FM con que cuenta nuestra institución.
Por esto, creemos que poco más queda por estudiar o analizar a los encargados de dirimir en la cuestión, y consideramos que la decisión que emane de la justicia será más que una simple resolución en torno a una ley: será un pronunciamiento del máximo órgano de dicho poder respecto de la profundización y consolidación del derecho a una información veraz y plural de los hombres y mujeres en Argentina.
