En el siglo XVIII, se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, comunes a todos.
Como sostiene Ortega y Gasset, todo derecho afecto a condiciones especiales quedaba condenado como privilegio.
En su libro la Rebelión de las masas, nos decía que en el siglo XIX, la masa veía esos derechos como un ideal a alcanzar.
No ejercitaba los derechos, no los sentía propios ni los sentía, porque bajo las legislaciones democráticas el pueblo aún seguía como bajo el antiguo régimen. “el pueblo sabía ya que era soberano; pero no lo creía”.
Ya en 1946, Ortega sostenía que “los derechos niveladores de la generosa inspiración democrática se han convertido, de aspiraciones e ideales, en apetitos y supuestos inconscientes.
…el sentido de aquellos derechos no era otro que sacar las almas humanas de su interna servidumbre y proclamar dentro de ellas una cierta condición de señorío y dignidad. Y se pregunta ¿no era esto lo que se quería? ¿Qué el hombre medio se sintiese amo, dueño, señor de sí mismo y de su vida? Ya está logrado. ¿Por qué se quejan los liberales, los demócratas, los progresistas de hace treinta años? ¿O es como los niños, que quieren una cosa, pero no sus consecuencias? Se quiere que el hombre medio sea señor. Entonces no se extrañe que actúe por sí y ante sí, que reclame todos los placeres, que imponga decidido su voluntad, que se niegue a toda servidumbre, que no siga dócil a nadie, que cuide su persona y sus ocios, que perfile su indumentaria: son algunos atributos perennes que acompañan a la conciencia de señorío. Hoy los hallamos residiendo en el hombre medio, en la masa”.
Tres siglos después, efectivizar los derechos del hombre para todos, sigue escandalizando a los aún privilegiados por los regímenes democráticos que no terminan de salir del antiguo régimen en nuestro país.
Por esa razón hay que modificar muchas legislaciones y esa tarea le corresponde a los representantes del pueblo, que por esa razón, lo debe escuchar.
Que la masa o el pueblo apetezca, quiera y pueda consumir teatro, cine, libros, televisión, electrodomésticos, hacer turismo durante su ocio, tener vivienda, salud y educación es sólo ejercer los derechos democráticos, los derechos humanos, declarados hace tres siglos.
No es populismo, se parece bastante a ejercer la democracia.
Por primera vez, después de 30 años continuos de democracia, el pueblo sabe que tiene derechos y que día a día se amplían política y jurídicamente.
Ahora el pueblo también siente que tiene derecho y libertad de expresión, derecho al acceso a la información.
Dejó de ser un ideal, un anhelo o un deseo y pasó a ser una volición.
Debe por lo tanto comenzar a entenderse que no constituye una mercancía sino un derecho humano y por lo tanto social y colectivo.
Las universidades se dedican a transformar la información en conocimiento desde hace mucho tiempo, desde que sabemos que la verdad se construye históricamente, y que no es una palabra abstracta revelada eternamente.
Sin embargo algunos creen que la verdad sigue siendo propiedad de unos pocos y que esos pocos son quienes tienen derecho a trasmitirla, a difundirla mediante diversos mecanismos de acallamiento de los que quieren decir la propia y difundirla desde el lugar que ocupan en la vida y en la sociedad, con o sin una posición económica dominante.
Sean minorías, sean pueblos originarios, sean cooperativas, universidades, jóvenes, adultos periodistas o no, abogados o no, ya que letrados somos todos ahora, las organizaciones sociales ya saben y sienten que tienen derecho.
La Universidad Nacional de Lanús se presentó ante la Corte Suprema como amicus curiae para defender ese derecho humano ante el avasallamiento no sólo de la palabra entendida como mercancía sino por la voluntad de una empresa en pretender que los consumidores se anteponen a los ciudadanos, que sólo pueden tener medios de comunicación y derechos de expresión quienes poseen grandes capitales.
Originariamente ser liberal era ser republicano y demócrata, pero en nuestro país el liberal es quien busca impedir la intervención del estado no sólo en la economía sino en la definición de las políticas de redistribución y equidad social, política, cultural, educativa jurídica y también informativa.
Fueron quienes apoyaron los golpes de Estado para implementar las políticas de concentración en el acceso a todos los bienes y derechos.
En algunos países se distingue al liberal del liberista.
El liberal defiende la democracia, el liberista es el que defiende la no intromisión del Estado en la economía y en la redistribución de la riqueza nacional.
El liberal argentino es un liberista que no escatimó nunca en derrocar las democracias para defender sus intereses.
Son los mismos intereses de los liberales-liberistas los que ahora pretenden que el Estado no intervenga en la regulación de los intereses y derechos sociales volviendo a la ley de la selva donde prima el derecho del más fuerte en materia del derecho a la expresión y a la comunicación.
El Estado tiene el deber de regular dichos intereses para lograr la equidad en el acceso a la justicia y al poder judicial también, para lograr el acceso igualitario al derecho a la información y al poder de información.
Las universidades que debemos formar profesionales y ciudadanos que defiendan la democracia y el respeto a los derechos humanos, también debemos hacer lo mismo que enseñamos, o sea defender los derechos no sólo en el aula sino comprometiéndonos en nuestro quehacer cotidiano.
Aristóteles decía que tratar igual a los desiguales se llama injusticia.
En nuestro compromiso con la justicia social nos acompañaron a la Corte Suprema dos juristas docentes del Centro de Derechos Humanos de la UNLa y defensores de los derechos humanos tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte Interamericana , Víctor Abramovich y Leonardo Franco.
Todos sabemos que fue otra forma de construir conocimiento, que es nuestra tarea primordial.
Apoyamos entonces la “rebelión de las masas” que ya conocen sus derechos, para que los intereses privados dejen de frenar e impedir la democracia alcanzada después de tanto dolor.
