La semana que se fue sirvió para zanjar la polémica que se desató puertas adentro del kirchnerismo a partir de las propuestas sobre la edad de imputabilidad de los menores y el régimen penal juvenil. La discusión fue intensa y con argumentos de peso, y terminó con aquello de que dentro del Frente para la Victoria (FPV) no hay lugar para el debate.
El primer candidato a diputado del FPV en la provincia, Martín Insaurralde, planteó su visión sobre el tema y luego hubo una y mil réplicas sobre la cuestión. El gobernador Daniel Scioli respaldó al candidato pero se mostró reacio a bajar la edad de imputabilidad de los menores. La jefa del bloque de Diputados, Juliana Di Tullio, aclaró que el eje del debate es el régimen penal juvenil. Y hasta hubo lugar para los excesos, como el del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, que propició la tenencia de armas entre civiles, a contramano de un exitoso programa de desarme que impulsa el gobierno provincial.
Luego del zig-zag inicial, que amenazaba con coronar un giro a la derecha de dudoso impacto electoral, parece haber primado la prudencia y será difícil que llegue al Congreso algún proyecto del oficialismo que se limite a bajar la edad de imputabilidad de los menores. Los mismos que reclamaban apertura y debate analizaron esa discusión como una interna desatada al calor de la derrota y el fin de ciclo. Sin embargo, son varias las cuestiones en las que el kirchnerismo está lejos de tener una posición monolítica y da el debate abiertamente. Para muestra basta la polémica en torno de la interrupción del embarazo y la ley de glaciares.
En esa ola de correcciones que dejó las PASO, también hay que tomar nota de la designación de Jorge Taiana como primer candidato a legislador porteño. Es difícil pensar que su postulación mejore significativamente las chances del kirchernismo porteño. La Ciudad le es esquiva al Frente para la Victoria. Sin embargo, repara una salida apresurada del ex canciller y también una oferta nada generosa para ocupar un lugar poco expectante en la lista de candidatos a diputados. Taiana dejó su cargo de canciller tras una discusión con Cristina Fernández. Es un cuadro valioso y su nominación una señal interesante para la militancia porteña.
El último dato que no se puede pasar por alto es el cambio en la estrategia comunicacional de la presidenta, que la semana previa mantuvo dos contactos con periodistas a agenda abierta durante la Cumbre del G-20 en San Petersburgo, y concedió luego una entrevista a Hernán Brienza difundida ayer por la TV Pública y Radio Nacional.
Allí la presidenta le habló a la clase media, ese sector esquivo con el kirchnerismo, y les recordó a los integrantes de ese segmento social que si mayoritariamente hoy están mejor que en 2005 es producto de esa combinación de esfuerzo personal y políticas públicas que le permitieron desarrollarse. Advirtió entonces que algunos quieren retornar un pasado en el que la mano de obra era mucho más barata y el endeudamiento moneda corriente.
Esa Argentina de la que hablaba Cristina Fernández es aquella en la que nacieron los mismos menores que hoy vuelven a estar en el eje de la discusión por la inseguridad, pese a que según las estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, son responsables de apenas el cuatro por ciento de los delitos que se comenten en ese distrito. Son hijos de los desocupados de fines de los '90, de los expulsados del modelo, de los excluidos y ahora cargan con el estigma de una construcción mediática que pretende ubicarlos como los únicos responsables de la inseguridad. El kirchnerismo les ofreció un amplio menú de políticas reparadoras pero no alcanza y es allí donde debe profundizarse el trabajo antes que en la penalización.
Desde esa misma perspectiva en la que se instala un debate de campaña (no es intención de este cronista relativizar el problema de la seguridad que existe y es real sino dar cuenta de su encuadre en el debate político) sorprende el ninguneo de algunos medios al escándalo que se desató en Córdoba tras las denuncias de presuntos vínculos entre los jefes de la policía provincial y el narcotráfico que terminó con la renuncia de la cúpula policial y el ministro de Seguridad. No dejan de sorprender las similitudes con lo acontecido en Santa Fe. Se trata de dos provincias gobernadas por la oposición al gobierno nacional (José Manuel de la Sota gestiona directa o indirectamente Córdoba desde 1999, y Santa Fe está en manos del socialismo desde 2007) que cuestionan el accionar en materia de seguridad pero que han hecho poco y nada para renovar sus fuerzas policiales.
De hecho, son varias las denuncias que señalan a la cúpula de la policía cordobesa como heredera de las peores prácticas de la dictadura. El ahora renunciado Ramón Frías fue denunciado ante la justicia por las presiones contra el ex policía cordobés Julio Giménez, amenazado por Frías mientras investigaba el secuestro de su padre gremialista durante la última dictadura por parte de la tristemente célebre D2.
Volviendo a Cristina, la presidenta también repasó su relación con el poder económico y los condicionamientos de la democracia argentina que dejó atrás las presiones del partido militar pero sigue sufriendo los embates de los sectores más concentrados. Esas definiciones presidenciales sobre las corridas cambiarias y otro tipo de presiones llegaron en la semana que también ofreció una nueva versión del diálogo social, en este caso con mejoras para los monotributistas.
Los empresarios que volvieron a compartir mesa con la presidenta se llevaron un par de mensajes. Públicamente los conminó a que le plantearan en la cara los problemas que luego ventilaban en los medios pero no se atrevían a presentar en la mesa del diálogo social. Según relataron luego algunos de los hombres de negocio, la presidenta les dijo que quiere terminar su mandato tranquila.
Por las dudas, el oficialismo activó en el Parlamento el debate sobre el Presupuesto 2014. Si el resultado de las elecciones de octubre termina siendo peor que el de las PASO –algo poco probable en términos de cantidad de legisladores que reunirá cada fuerza–, el kirchnerismo quiere tener la seguridad de contar con la ley de leyes para el año próximo. También se especula con la posibilidad de que se impulse el debate de la prolongación de la emergencia económica, lo que le daría a Cristina Fernández las herramientas necesarias para llevar adelante con cierta soltura los dos últimos años de su gestión, aun con un Congreso adverso.
También en términos parlamentarios, Sergio Massa anunció con bombos y platillos la presentación de varios proyectos destinados a conjurar la inflación. El Frente Renovador dio a conocer las iniciativas y anunció su inminente envío al Congreso. Pero este último paso no se concretó porque en el medio, el diputado Francisco de Narváez denunció que el proyecto de marras, en realidad una propuesta para reordenar el Indec antes que una iniciativa seria para resolver la suba de precios, era una copia de otro que el Colorado había presentado años atrás.
En rigor de verdad, la propuesta del massismo es una sucesión de copias de cuatro proyectos. Además de la iniciativa del Colorado, los hombres del intendente de Tigre tomaron como propios pasajes o ideas de iniciativas elaboradas por Patricia Bullrich, Miguel Ángel Guibergia y Alberto Triaca.
Ese traspié de Massa se dio en el marco de una campaña signada por el silencio. El intendente de Tigre esquiva las definiciones, mantiene el bajo perfil y se niega a dar un debate que había comprometido antes de las primarias. Apenas recurre al Twitter para dejar sus comentarios y opiniones.
Pero las definiciones que Massa calla, las aportan sus aliados. El viernes, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, se entusiasmó con la posibilidad de una fórmula entre el trigrense y el desplazado del círculo rojo Mauricio Macri. La propuesta no debe haberle caído bien al alcalde porteño, sobre todo teniendo en cuenta que partió de su primo. Pero no se debe soslayar que Jorge Macri fue el principal impulsor del acuerdo –varias veces desmentido por los massistas– entre el Frente Renovador y el PRO.
A la oposición más cerril le gusta describir los últimos diez años de gobierno kirchnerista como la década desperdiciada. Por eso a veces hace falta un cimbronazo despojado de las disputas políticas internas para tener una mejor perspectiva de la realidad.
Y ese impacto llegó esta semana desde Chile. Miles de chilenos se movilizaron cuarenta años después del golpe que terminó con el gobierno socialista de Salvador Allende para reclamar por Memoria, Verdad y Justicia.
Es inexorable la comparación de esa realidad esquiva para las víctimas y los militantes de las organizaciones de Derechos Humanos, con el presente de juicios reparadores y represores tras las rejas que puede mostrar la Argentina de la última década.
Aun con esa herida que se volverá a abrir el miércoles en La Plata cuando se recuerden los siete años sin Jorge Julio López, la lucha de las Madres y las Abuelas encontró una política receptiva a sus reclamos y definiciones impensadas diez años atrás.
A uno y otro lado de la Cordillera, las dictaduras se implantaron para romper procesos políticos vinculados a los intereses populares e instalar por la fuerza el más cerril liberalismo que en la Argentina tuvo su correlato democrático con el menemismo y la Alianza.
Es inevitable entonces la comparación porque no es casual que el modelo chileno sea presentado como uno de los ejemplos a seguir. Como una alternativa a ese amplio proyecto político al que ayer su propia conductora tuvo dificultades para definir, pero tiene para ofrecer una transformación medular que no admite retrocesos. Sobre todo, por los pibes que alguna vez fueron los únicos privilegiados y hoy todavía pagan las consecuencias del desastre.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 15 de setiembre de 2013)
