De los tres poderes de gobierno que hay en la Nación y en cada provincia argentina, el Poder Judicial es el menos democrático. No solamente porque sus miembros no son elegidos por el voto popular sino también porque es el poder que más ha convivido con las dictaduras cívico militares que han asolado nuestro país hasta 1983.
Por ello muchos integrantes de ese poder agrupados en “Justicia legítima”, han reaccionado contra algunas actitudes autoritarias y antidemocráticas de un importante sector de las autorida¬des judiciales.
Es incomprensible que jueces y abogados se opongan a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que son las personas encargadas por el artículo 114 de la Constitu¬ción Nacional de seleccionar a los jueces y administrar el Poder Judicial. Si el pueblo de la Nación Argentina es el que elige al Presidente y a los miembros del Poder Legislativo, es también el que puede elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esta forma de elección no está prohibida por el Art. 114 de la Constitución Nacional y nace del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” (Artículo 33 de la Constitución Nacional).
Es esencial que este incipiente intento de democratizar al Poder Judicial se profun¬dice hacia el interior de una importante institución de la República que conoce poco el diálogo con la socie¬dad argentina, el cual es indispensable para poder colaborar en la tarea de mejorar las condiciones de la vida en democracia.
La ley N° 26855 sancionada por el Congreso de la Nación reglamenta el Consejo de la Magistratura y de ninguna manera ha violentado el contenido de la Constitución, cumpliendo así con su artículo 28. Y por cierto que el art. 114 de la Constitución Nacional no podía decir en el año 1994 que los jueces, abogados y académicos estaban entre los que elegía el pueblo, porque en ese momento no había aún una ley que reglamentara esa norma superior y estableciera la forma de elección de sus miembros.
El problema ideológico más grave que tienen hoy muchos magistrados, es que con¬funden Política con Corrupción. Esta concepción es la consecuencia del oscurantismo en el que ha vivido el Poder Judicial buena parte de su historia. Salvo honrosas excepciones, los magistrados no se han opuesto a disposiciones anticonstitucionales y criminales de las dictaduras pasadas y ahora se oponen, en nombre de la República, a leyes del Congreso constitucional que no hacen más que ampliar derechos (léase ley de medios audiovisuales y ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura).
Es de destacar también la ilegitimidad de la actual situación, donde el Poder Judi¬cial dedidirá, sin apelación posible, sobre lo que afecta al Poder Judicial. De tal modo, se arroga la posibili¬dad de denegar decisiones democráticas emanadas del Congreso y opera como juez y parte sobre aquello que lo afecta. Es decir, la corporación judicial se reserva la decisión sobre un asunto en el cual es parte interesa¬da, para lo cual debiera haber mecanismos institucionales que evitaran una situación tan absurda y paradóji¬ca.
Contra los prejuicios destructivos de alguna oposición política y/o mediática se le¬vantan hechos que desde 2003 fundaron una Corte Suprema de Justicia que es ejemplo de independencia. A pesar de esto se acusa al Gobierno Nacional de pretender arrasar al Poder Judicial. La fuerza para seguir ade¬lante está en la convicción y la necesidad de no volver a un pasado que nos hizo tanto mal. Debemos confiar en que la capacidad y sensibilidad política del pueblo argentino sepa distinguir entre los ataques movilizados por el odio y una política nacional que sigue avanzando en logros de mayor bienestar social.
