El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que “durante este mes de junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición de ingresar a ella” ha causado una previsible conmoción en Latinoamérica. Justificó la novedad diciendo que Colombia tiene derecho a “pensar en grande”, diciendo que “si logramos esa paz” –refiriéndose a las conversaciones en curso con las FARC en Cuba, con el aval de este país, Noruega y Venezuela– “nuestro ejército estará en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional”. Para ello nada mejor que asociarse a la OTAN, una organización sobre la cual pesan innumerables crímenes de todo tipo perpetrados en la propia Europa (bombardeo a la ex Yugoslavia), a Irak, a Libia y ahora en Siria, por su colaboración con los terroristas que han tomado a ese país por asalto.
Hasta ahora el único “aliado extra OTAN” latinoamericano había sido la Argentina, que obtuvo ese deshonroso status durante los nefastos años de Menem, luego de participar en la Primera Guerra del Golfo (1991-1992). El status de “aliado extra OTAN” fue creado en 1989 por el Congreso de los Estados Unidos como un mecanismo para robustecer y legitimar sus incesantes aventuras militares con un aura de “consenso multilateral” que en realidad no tienen. Esta incorporación de los aliados extrarregionales de la OTAN es hija de la transformación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos desde un ejército preparado para librar guerras en territorios acotados a una legión imperial que, con sus bases militares de distinto tipo (más de mil en todo el planeta), sus fuerzas regulares, sus unidades de “despliegue rápido” y el creciente ejército de “contratistas” (vulgo: mercenarios) necesita estar preparada para intervenir en pocas horas para defender los intereses estadounidenses en cualquier punto caliente del planeta. Con su decisión, Santos se pone al servicio de tan funesto proyecto.
A diferencia de la Argentina (que en 2012 afortunadamente perdió el status de “aliada extra OTAN”), el caso colombiano es muy especial porque desde hace décadas recibe un muy importante apoyo económico y militar de Estados Unidos, de lejos el mayor de los países del área. Cuando Santos declara su vocación de proyectarse sobre el “mundo entero”, lo que esto significa es su voluntad para convertirse en cómplice de Washington, para movilizar sus bien pertrechadas fuerzas más allá del territorio colombiano y para intervenir en los países que el imperio procura desestabilizar. Y no es un secreto para nadie que la primera en esa lista no es otra que Venezuela. La pretensión de la derecha colombiana ha sido convertirse, especialmente a partir de la presidencia del narcopolítico Alvaro Uribe Vélez, en la “Israel de América latina”, erigiéndose, con el respaldo de la OTAN, en el gendarme regional del área para agredir a vecinos que tengan la osadía de oponerse a los designios imperiales. Claro que ante el rechazo que suscitaron aquellas declaraciones, Santos tuvo que ordenar a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que aclarase que lo que se buscaba con la OTAN era “un acuerdo de cooperación para tres temas específicos: derechos humanos, justicia militar y educación a las tropas”. ¡Pobre Colombia, si acude a una organización criminal como la OTAN para ser instruida en esas materias!
Con su decisión, Santos también pone irresponsablemente en entredicho la marcha de las conversaciones de paz con las FARC en La Habana, asestando un duro golpe a las expectativas de los colombianos que desde hace décadas quieren poner fin al conflicto armado. ¿Cómo podrían confiar los guerrilleros colombianos en un gobierno que no cesa de acentuar su vocación injerencista y militarista, ahora potenciada por su pretendida alianza con una organización de tintes tan delictivos como la OTAN? Por otra parte, esta decisión no puede sino debilitar los procesos de integración y unificación supranacional en curso en América latina y el Caribe. ¿Qué hará ahora la Unasur y cómo podrá actuar el Consejo de Defensa Suramericano cuyo mandato es consolidar a nuestra región como una zona de paz, libre de la presencia de armas nucleares o de destrucción masiva y para lo cual se requiere construir una política de defensa común y fortalecer la cooperación regional en ese campo? El presidente Evo Morales ha solicitado una reunión de urgencia de la Unasur para tratar el tema, pero sin el decidido apoyo de Argentina y Brasil tal cosa difícilmente podrá prosperar.
Es indiscutible que detrás de esta decisión del presidente colombiano se encuentra la mano de Washington, que convirtió a la OTAN en un dispositivo bélico de alcance mundial, rebasando con creces el perímetro del Atlántico Norte. No menos evidente fue la directiva de Obama en el sentido de impulsar, poco después de lanzada la Alianza del Pacífico –una tentativa de resucitar el ALCA con otro nombre–, la provocadora reunión de Santos con el líder golpista venezolano Henrique Capriles. Similar maniobra se percibe ahora, dadas las graves implicaciones geopolíticas que tiene esa iniciativa al tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar en la región; debilitar a la Unasur y la Celac; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como concuerdan todos los especialistas, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros Estados miembro, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista que sólo podrá ser rechazada si se combinan la masiva movilización de los pueblos y la enérgica respuesta de los gobiernos genuinamente democráticos de la región, algo que apenas se ha insinuado en estas horas. Esa será una de las pruebas de fuego que unos y otros deberán enfrentar las próximas semanas.
(Diario Página 12, domingo 9 de junio de 2013)
