Todo llega.
Luego de tres años desde que el Estado Nacional denunció penalmente a los dueños y directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, la Junta Militar y sus instigadores civiles, por la apropiación ilegal de empresa Papel Prensa el 2 de noviembre de 1976, configurando el delito imprescriptible de lesa humanidad, hacia el final del jueves 6 de junio –el mismo día que este diario publicó en exclusiva una entrevista a Lidia Papaleo– el juez federal Julián Ercolini aceptó como parte querellante a la viuda de David Graiver. Lidia fue secuestrada por un grupo de tareas del Ejército el 14 de marzo de 1977, y padeció cárcel y torturas durante seis años en manos de Ramón Camps y su troupe de nazis de la picana. Además de no recibir un solo peso de la primera cuota irrisoria de 7000 dólares por el traspaso que tuvo que firmar, según declaró, "presionada" en las oficinas de La Nación, bajo amenaza de muerte por parte de Héctor Magnetto, que le soltó: "Firme o le costará la vida de su hija y la suya."
La Argentina es tan generosa que este empresario actúa como ejecutor de los intereses de las corporaciones. Él y Bartolomé Mitre fueron socios de la dictadura genocida y hoy pretenden representar desde sus páginas al "periodismo independiente". Acorralados, montan campañas de desgaste y desprestigio contra la democracia a través de sus programas de bricolaje. Fueron y son oficialistas del terror. Y no habrá forma de que se quiten la sangre con la que amasaron fortunas con Papel Prensa.
En Tiempo Argentino no publicamos cotillón. Damos testimonio y nos basamos en documentos considerados por la justicia.
En su escrito, Ercolini pone el acento en las notas que el autor de esta crónica realizó junto a Cynthia Ottaviano el 6 y el 26 de septiembre de 2010. Más precisamente en los artículos sobre las reuniones del general de brigada Bartolomé Gallino, con los directivos de los tres diarios en momentos en que Lidia Papaleo era brutalmente torturada en Puesto Vasco. Golpes y vejaciones que le produjeron un tumor cerebral.
Los cuatro documentos clave del Ejército que se publicaron en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. El 7 de abril de 1977, con la firma del "oficial superior preventor Oscar Gallino". El militar estaba a cargo de la "investigación": un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver. El acta refrenda que Gallino recibió "a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa".
El hombre con quien Magnetto y Mitre bebieron café, Gallino, fue subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno de la zona 4 de Campo de Mayo. Entre sus galardones de dudoso honor, se contaba la ejecución de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
En otro documento del 9 de abril de 1977, dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que recibió a "el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del 'Grupo Fundador' de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario".
Y tal como se dejó escrito en la burocracia de aquel Ejército criminal, el motivo de las reuniones con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos era "producir sendos informes" para después ordenar: "Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977."
Es decir: Gallino se "informaba" a través de estos recientes adherentes al republicanismo que apoyaron todos los golpes de Estado desde 1955 hasta aquí y luego "interrogaba" a los Graiver y a Lidia Papaleo, por entonces detenida-desaparecida.
Así de claro.
Valorando el complejo expediente, el juez Ercolini citó a Lidia Papaleo (una vez más) para el próximo jueves 13 de junio y la instó a "unificar la personería", o sea la querella, con Rafael Ianover, ex mano derecha de "Dudi" Graiver y ex integrante del directorio de Papel Prensa, que fuera secuestrado el 12 de abril de 1977. El 28 de agosto de 2010 entrevistamos a Ianover y esa nota también forma parte del aporte documental que este diario aportó a la causa.
El juez tiene elementos suficientes para llamar a indagatoria a Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
¿Lo hará?
LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL. En su resolución de siete carillas, el fiscal Carlos Stornelli realizó un análisis pormenorizado de la documentación de la causa. Si bien hacia el final de su escrito pide excusarse por su relación personal de "más de 30 años" con el ex ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston, familiar de su mujer –quien no está imputado en el expediente que investiga la apropiación de Papel Prensa–, aclara: "Más allá de las imputaciones concretas que en autos se han delineado a través de las distintas presentaciones formuladas por la Secretaría de Derechos Humanos en su rol de parte querellante, son numerosas las referencias que constan en autos respecto de un especial interés del gobierno de entonces, manifestado en sus más altas cúpulas, en que así los hechos se sucedieran. Es decir, a juzgar de numerosos testimonios reunidos hasta el momento y las propias afirmaciones de la parte querellante, más allá de las voluntades particulares de quienes integraban el gobierno de facto y de quienes pudieran resultar imputados en esta causa, puede deducirse que esto se trataba de una cuestión de particular interés para la Junta de Gobierno entonces conformada."
En un párrafo anterior, Stornelli sopesó lo que cree sucederá: "(…) del detenido análisis del plexo probatorio hasta el momento reunido, no puede soslayarse que con el devenir de la instrucción y especialmente de las resultas de las diligencias propuestas por esta parte, pueden sobrevenir en el proceso razones que aconsejarían la excusación del suscripto".
¿A qué se refiere concretamente el fiscal?
Es que ciertos amigos de Reston, su compañero de asados domingueros, podrían resultar procesados en el expediente, y él, Stornelli, prefiere proponer medidas de prueba antes que acusarlos directamente como funcionario que está en ese lugar para representar los intereses del Estado en nombre de todos los argentinos. Es un argumento entendible, claro. Razonable viniendo de una justicia que le esquiva la jeringa a los poderes fácticos que se llevaron puesto a Roberto Marquevich, en 2004, luego de haber encarcelado a Ernestina Herrera de Noble por el presunto trámite irregular en la adopción de sus hijos y herederos adoptivos Felipe y Marcela Noble Herrera.
Al margen de estas diligencias propias de la conciencia humana, el representante del Ministerio Público también puso en valor la nota que publicó este diario con la firma de Cynthia Ottaviano el pasado 12 de junio de 2010 sobre "los documentos desclasificados de los EE UU sobre Papel Prensa", hasta entonces, "archivos secretos e inéditos".
Todo ese material ya fue aportado por este medio al expediente. Al igual que la entrevista que le realizamos a Isidoro Graiver, otra víctima de la dictadura genocida, que nos dijo que el traspaso de las acciones a favor de Clarín, La Nación y La Razón había sido "a todas luces un afano, un afano".
Por medio de Isidoro fuimos a buscar los archivos en donde se ve cómo los tres diarios presionaron a los Graiver desde sus tapas con campañas de acoso, antes de la firma del traspaso a fines de 1976. En eso no han cambiado.
Por esos caminos de la conciencia terrenal, Isidoro se plegó a los intereses de Magnetto y estaría viviendo en Londres con sus hijos. En el medio hubo, dicen los que lo conocen, más de 2 millones y medio de razones que lo llevaron a tomar semejante decisión extrasensorial. Y es que a veces, la conciencia de los hombres toma senderos insospechados.
Pese a quien le pese, la verdad triunfará. Por aquello de: "Justicia, justicia perseguirás."
Para Stornelli no existió la dictadura
Puede parecer raro, pero 30 años después del período más oscuro de la historia nacional, para el fiscal Carlos Stornelli no existió la dictadura militar.
Stornelli se excusó de continuar como fiscal de la causa que investiga la apropiación por parte de Clarín y La Nación de las acciones de Papel Prensa por la relación que mantiene con el último ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston, que es familiar de su mujer.
En la argumentación con la que defiende esa decisión, Stornelli sostiene que Reston fue "funcionario militar en el marco del gobierno de ese entonces". El "gobierno de ese entonces" fue la más sangrienta dictadura cívico-militar de que tenga memoria la historia argentina, responsable de la desaparición de 30 mil ciudadanos y ejecutora de un Plan Sistemático para el robo de bebés.
En otro párrafo, el fiscal se refiere a la dictadura como gobierno de facto, pero en su extenso escrito nunca la llama por su nombre: "dictadura".
(Diario Tiempo Argentino, sábado 9 de junio de 2013)
