En estos días se reavivó en Chile el debate sobre la lucha armada a partir de declaraciones realizadas por Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista chileno (PCCh), como sucedió en nuestro país con las declaraciones de Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Teillier reconoció que durante los 80 su partido ordenó distintas operaciones armadas; entre ellas, la del cajón del Maipo el 7 de septiembre de 1986 que casi termina con la vida de Augusto César Pinochet y que popularmente se la conoce como la "cuesta creerlo". En plena dictadura, el PCCh decidió conformar una estructura político militar, el "Frente Patriótico Manuel Rodríguez" (FPMR), que también llevó a cabo el operativo conocido como "Carrizal Bajo" para ingresar armas por vía marítima y enfrentar a la dictadura.
Carlotto reivindicó la militancia política de los desaparecidos, víctimas de la persecución de una dictadura que buscó similares objetivos que la de Pinochet: disciplinar a la clase trabajadora, desarticular sus organizaciones y alejarla del debate político. Como dijo Silvia Lizaso, testigo en el juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA, cuya familia fue diezmada por esa persecución, "apenas sucedido el golpe, supimos que no sólo irían contra la militancia armada, sino que avanzarían sobre la barrial, la estudiantil, en las fábricas".
Medios de comunicación y dirigentes políticos criticaron a ambos. De Carlotto dijeron que reivindicó la lucha armada –lo que no es cierto– y de Teillier que sus manifestaciones fueron inoportunas, a horas de la consagración de Michelle Bachelet como candidata presidencial, e injustificables. El candidato oficialista, Laurence Golborne de la pinochetista UDI, dijo que no existían motivos para terminar con la vida de una persona y otros de la misma agrupación, que había alzado las armas "contra los chilenos". Todas las críticas huelen a una equiparación entre el accionar de organizaciones armadas y la represión de las dictaduras. La UDI incluso solicitó a los jueces que citaran a Teillier en el marco de las distintas causas penales, resabio de esas épocas.
Bajo dictaduras, la militancia en nuestro país implicóriesgo de sufrir cárcel y tortura, métodos de represión sistemáticos desde 1930. Con la Doctrina de la Seguridad Nacional y de las enseñanzas contrainsurgentes francesas, el riesgo aumentó considerablemente a partir de los 60. Con el golpe de 1976 pasó a ser norma para todo opositor político al régimen, junto a la desaparición y los centros de exterminio. En nuestro país la vía armada fue respuesta a la necesidad de lucha contra las dictaduras que de modo ininterrumpido se sucedieron en nuestro país en los 60 y hasta 1973, con la proscripción política como anhelo sempiterno. En ese contexto, se justifica la utilización de la violencia como modo de resistencia a la opresión, tanto en términos éticos como jurídicos. Queda para el análisis la pertinencia de oponerse a fuerzas de seguridad y militares regulares y bien pertrechadas en clara disparidad de armas, exponiendoa los militantes a la clandestinidad y al abismo inmolador más que a una contienda bélica. En Chile, la opción por la vía armada fue respuesta a una dictadura que pretendió eternizarse en el poder. Algunos detractores –como los de la UDI– fueron directamente cómplices de la dictadura y hoy pretenden diluir su propia responsabilidad política y criminal. Otros –como algunos en la Argentina que tergiversaron los dichos de Carlotto– se esfuerzan por denigrar la militancia política y la entrega de una generación que, aún con sus desaciertos, fue ejemplo de entrega y compromiso.
(Diario Tiempo Argentino, viernes 12 de abril de 2013)
