Nos sorprendió y nos dio bronca cuando fue noticia la aprobación por el Congreso de la Nación de la Ley Antiterrorista, enviado por el Ejecutivo nacional, hace un par de años atrás. Si hay algo que hemos tenido permanentemente como objetivo fundamental de nuestra lucha como organismo tradicional de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y en el mundo, ha sido la total y profunda oposición a las instrumentos pretendidamente jurídicos, tanto nacionales como internacionales, pero que son soportes de políticas y acciones que socavan la integridad personal y colectiva de los luchadores populares por un mundo mejor.
En más de una oportunidad hemos hecha pública esa oposición y tiene que ver con nuestra identidad y lo más consecuente de nuestros objetivos. Precisamente lo hicimos el 24 de marzo último, registrado en el documento único que dimos a conocer en la clásica movilización. Y también en el documento que el viernes pasado presentamos a la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados de la Nación, que estuvo en Mendoza para recabar informes de la situación de esos derechos en nuestra provincia. Estaba presidida por el diputado nacional Remo Carlotto, hijo de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y una de las personas emblemáticas, prácticamente en el mundo entero, en la lucha por la defensa de los DDHH.
La presentación del documento-informe de los organismos estuvo a cargo del compañero Fernando Rule, ex-preso político de la dictadura, y cuyo contenido es un listado de situaciones críticas producto de la violencia institucional, todavía en algunos estamentos, y de los atentados de la "mano de obra desocupada" que se vienen sucediendo, con bastante virulencia, en nuestro medio. Y son abarcativos de lo peor que puede expresar la condición humana.
Y no es de ahora, pues viene desde que se profundizó, por distintos medios, la exposición pública y masiva de lo que significó para los argentinos este tipo de leyes. Someramente nos internamos en el trabajo de Carlos Zamorano, abogado, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, nacional, quien en su trabajo "Estado y DDHH - Instrumentos jurídicos para la represión política", hace un listado de la legislación represiva, entre lo que señala aquello de la "Doctrina de la Seguridad Nacional", que fue el paraguas jurídico para darle entidad al terrorismo de Estado de los genocidas, lo que nos remite a bosquejar una similitud de la Ley Antiterrorista actual (actual, porque el concepto viene desde lejos), con lo de la Doctrina.
Lo expresa Zamorano: "Hoy no estamos en los tiempos de la "guerra contrainsurgente" ni de las órdenes secretas para aniquilar, ni rigurosamente de la teoría del frente interno, etc. Sin embargo seguimos sosteniendo que la tesis de la "seguridad nacional" reposa en el máximo objetivo de la inmutabilidad cultural, de la preservación e intangibilidad del statu quo, de mantener a ultranza la estructura económico-social atrasada y dependiente que nos caracteriza y que es el principal obstáculo para la real vigencia de los DDHH.
"Ello representaría que también "sin dictadura" hay sectores dominantes interesados en tal inmutabilidad, en una tremenda resistencia a los cambios necesarios. Por ello la pelea por los DDHH mantiene, esencialmente, sus parámetros de otrora. Se dice que es un concepto "moderno", pero en el lejano año de 1902 se dictaba la ley 4144 para castigar a los extranjeros indeseables, atribuyendo éstos afectar la "la seguridad nacional" (con sus huelgas especialmente)"
Para afirmar nuestra inquietud, que se agudiza ante el avance provocador del imperialismo -Siria, por ejemplo, pero toda América Latina en especial-, por fuera del documento nos permitimos expresar esa inquietud a la comisión visitante la que, esperamos, haya tomado nota de nuestra inquietud. Por si acaso, haremos un documento especial para hacerlo llegar a la comisión en el Congreso. Exigiremos que se derogue dicha ley. Los considerandos están a la vista cuando miramos hacia el norte y a sus aliados nativos.
(Fuente: LA QUINTA PATA)
