I – Introducción
El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más significativos. Por primera vez en la historia de la región, un país formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como derecho humano.
Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente. Se trata de un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho “otra comunicación es posible”, descentralizada y plural, conquistada de forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes. En la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática. Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la transforma en una referencia obligatoria.
II – El escenario que debe cambiar
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
III- La Ley que impulsó “otra comunicación es posible”
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
(sigue en la edición de mañana)
