Las recientes, y masivas, manifestaciones en España en defensa de la salud pública indican cómo el neoliberalismo pretende avanzar en aquel país sobre aquellos costados del Estado de Bienestar en la materia. Desmantelar los servicios de salud es una agresión directa al pueblo, que pone de manifiesto lo deshumanizante que es la visión mercantilista de la derecha; también es un área de negocios de gran volumen de dinero.
En la Argentina de fines de los ochenta hubo una deliberada injerencia en el sistema de obras sociales manejadas por los dirigentes sindicales (no siempre puede decirse "por los trabajadores") que surgió de las incapacidades del radicalismo por encontrar una forma legítima de granjearse adherentes entre los asalariados. Así, algunos dirigentes radicales, a falta de una fuerza gremial propia, hicieron alianzas con algunos reconocidos jerarcas gremiales. Siempre se vinculó el entramado que formaron el dirigente radical Enrique Nosiglia y el secretario general de Gastronómicos Luis Barrionuevo como un emblema de esas relaciones.
En los noventa, por ejemplo, el también radical Jorge Gándara había armado una gerenciadora de negocios de salud que le permitió tener muchos negocios. Uno era el Instituto Social Bancario: al frente del gremio estaba Juan José Zanola, peronista, el radical Gándara tenía los contratos de tercerización y pusieron al frente al liberal de la Ucedé Víctor Alderete. Sí, el mismo que poco tiempo después fue a la obra social más grande de la Argentina, la de los jubilados y pensionados, el PAMI, y que terminó en uno de los escándalos penosos de los noventa.
La ideología neoliberal y las prácticas de corrupción sistematizadas se dieron la mano como para que las banderas partidarias de radicales y peronistas dejaran de lado todo lo bueno que estos dos movimientos políticos habían dado. Por mencionar solamente, la creación de las obras sociales y luego la visión de la salud integral, de prevención y de atención generalizada encabezada por Ramón Carrillo.
Para los radicales, una parada honrosa fue la ley Oñativia, de 1964, diseñada por el ministro de salud homónimo durante el gobierno del también médico Arturo Illia. La ley fijaba precios para los remedios y además imponía que las recetas debían prescribirse según medicamentos genéricos. En la primera línea de interesados en derribar a Illia estuvieron precisamente los grandes laboratorios medicinales.
El caso de la consultora de Gándara, como parte de un entramado complejo, no quedó en los negociados de los bancarios o del PAMI. Armó un esquema de medios a través de la oficina de su mujer, Alejandra Rafuls, que le permitió desembarcar en el grupo de Daniel Hadad. La vergüenza del PAMI no dejó a Rafuls fuera de carrera sino que por el contrario, su nombre aparece en las oficinas de muchos actuales funcionarios que contratan sus servicios como quien contrata a un guardaespaldas. Desde ya, no es el único caso, sino que es una práctica extendida. A veces, en el periodismo hay que resaltar los casos concretos para que pueda tomarse dimensión de cómo el derrumbe de la salud pública no es algo que pueda repararse de un día al otro ni cosa por el estilo.
Lo que sucede es que hoy tiene una gran vigencia el debate de un sistema integral. En un reciente artículo publicado en el número 7 de Voces en el Fénix –la revista del Grupo Fénix a cuyo frente está Abraham Gak–, el médico sanitarista Francisco Leone recuerda que en 1973, con la llegada del peronismo al gobierno, el Congreso discutió y aprobó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, "que instaló el debate sobre la organización integrada de los subsectores con la conducción del Estado con fuerte orientación hacia el subsector público". La realidad es que la idea de la salud en manos del Estado no siempre se llevó bien con las obras sociales sindicales. Dice Leone que entre 1973 y el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón en marzo de 1976, "los binomios sindicalistas-trabajadores y corporaciones-gerenciadores ejercían una intensa oposición a la ley, lo que significaría su ulterior fracaso a partir de la no adhesión de las provincias a la misma". Para ver que esto iba mucho más allá de la coyuntura de esos años, el historiador Diego Armus publica en el mismo número un artículo donde hace referencia a las tensiones dentro del primer peronismo: "Incluso dentro del subsector público, la atención de la salud avanzó de la mano de la segmentación de la oferta, en gran medida por la competencia del Ministerio de Salud Pública –una agencia del Estado– y la Fundación Eva Perón, una agencia paraestatal. Así, a los primeros años de políticas sanitarias peronistas signados por presupuestos holgados y un sostenido esfuerzo de equipamiento hospitalario bajo el liderazgo del equipo de técnicos del ministerio, le siguen, ya a comienzos de la década de los cincuenta, una clara reducción de recursos y la cruda realidad de que el Ministerio de Salud ya no podía asumirse como el único o incluso el más privilegiado actor oficial o semioficial del proyecto peronista en materia de salud."
SIGLO XXI. Desde ya, no alcanza con cifrar las esperanzas en fortalecer los laboratorios públicos para la generación de productos medicinales a bajos precios. Sin embargo, eso no es poco. Una ley votada en el Congreso Nacional en agosto de 2011, la 26.688, que declaró de interés público la producción pública de medicamentos tuvo un relativamente lento proceso de reglamentación que todavía no está terminado. Los tiempos de la política no siempre son rápidos, pero seguramente en este caso contará con la resistencia de los grandes laboratorios que en la Argentina –como en la mayoría de los países– tiene a la salud pública como un gran cliente. Los grandes laboratorios prefieren curarse en salud –por usar una metáfora generosa– y evitar una competencia que con la incorporación de conocimiento y buenos presupuestos puede convertirse en un competidor y también en un testigo molesto y fehaciente de los altísimos márgenes de ganancia. En grandes números se estima que cuatro de cada diez pesos de los presupuestos de salud van a medicamentos, de modo que bajar los costos tendría un efecto multiplicador en los presupuestos públicos.
Pero también las grandes obras sociales sindicales son clientes de los laboratorios. Y muchas de ellas, además de atender a los afiliados, tienen como clientes a sectores medios que pagan una cuota mensual y eligen a esas "prepagas" sin diferenciar si su origen es una empresa privada o una obra social sindical.
El gran problema es que la Argentina no pudo integrar un sistema único y que cada subsector tiene altísimos costos que podrían ser reducidos. Y no sólo eso, sino que si el sistema público y de obras sociales tuviera la posibilidad de no estar atado al ritmo de los grandes laboratorios (así como los proveedores de aparatología medicinal) se podría escuchar más seriamente a los sanitaristas que piensan y diseñan la salud por fuera de esos grandes intereses de mercado. La provincialización y municipalización de la salud no dejó nada bueno. Es cierto que en la última década las inversiones en hospitales han sido fuertísimas, pero las deudas con las obras sociales sindicales, así como quiénes ejercen el control y la auditoría de ciertas áreas sensibles es motivo de fuerte controversia.
Sin el propósito de generar más enfermedades a los lectores pacientes de este artículo, en esta coyuntura hay dos temas que no pueden ser soslayados. El primero es la dispersión de las cúpulas sindicales y la protección que significa para algunos dirigentes tener obras sociales fuertes mientras que otros no cuentan con ellas o son deficitarias.
El segundo tema es que los descuentos del área de salud en el salario de los trabajadores es un componente importante y que cualquier mejora en la reducción de costos globales en salud va a beneficiar el salario real. Pero, además, hay dos sectores que sufren el problema sanitario por fuera del mundo de las obras sociales. Los más desprotegidos, una gran parte de la población que va al hospital público y para tener turnos en los estudios debe tener mucha paciencia, a veces más que las propias posibilidades de su cuerpo de esperar el día del estudio.
De manera más directa: hay quienes aceleran su muerte porque los tiempos administrativos de los hospitales no son los tiempos de los médicos que requieren los estudios. El otro sector social es el de la clase media que debe soportar unas prepagas que les chupan entre el 5 y el 20% de acuerdo a los casos. Una última cuestión: a la hora de cirugías o tratamientos con prótesis u otros requerimientos, el paciente se encuentra con que tiene que desembolsar dineros extras, a veces muchos dineros. Claro, para atender esas situaciones hay programas especiales en las obras sociales, pero que también son motivo de mucha atención para las áreas de auditoría.
(Diario Tiempo Argentino, martes 19 de febrero de 2013)
