Son los puntos destacados del comunicado emitido por Xumek, organización vinculada con Derechos Humanos de Mendoza. Aseguran que el rechazo al Protocolo profundiza la desigualdad social entre las mujeres.
Desde Xumek, Xumek, organización para la promoción y protección de Derechos Humanos, repudiaron la actitud del Senado de la provincia luego de rechazo y archivo del proyecto de adhesión a la Guía de Aborto No Punible que establece el Ministerio de Salud de la Nación.
Según un comunicado, la decisión "reviste una gravedad institucional alarmante, ya que vulnera el acceso igualitario al sistema de salud a niñas y mujeres. Esto debido a que aquellas que cursen embarazos producto de una violación, o que pongan en riesgo su salud o su vida, no tendrán la posibilidad de interrumpir voluntariamente la gestación bajo un procedimiento claro y en cualquier centro médico".
Precisamente, la semana pasada Xumek publicó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza. Allí, un capítulo estaba deddica exclusivamente a esta temática, y se relataba la grave situación por la que padecen las mujeres que quedan embarazadas como producto de una violación. Según el informe, en la provincia, por año, se atienden más de 2.600 casos de mujeres que llegan con problemas luego de haber tenido un aborto, en la mayoría de los casos inducido y sin ningún tipo de medida de higiene, lo que provoca serias infecciones y la muerte.
Además, se dejaba fuera de esa estadística a quienes, por cuestiones de poder adquisitvo, podían realizar la interrupción de un embarazo pagando la intervención en centros médicos o a ginecólogos que lo hacen de manera clandestina.
"Por ello, son las mujeres de menos recursos las que ponen en riesgo su vida al no contar con una guía clara de actuación para la práctica voluntaria de un Aborto No punible amparado en el artículo 86 del Código Penal", aseguraron. Y señalaron que con esta decisión el Senado mendocino se tiró en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
"Repudiamos los dichos del Senador Guillermo Amstutz y de otros legisladores, que banalizaron las desapariciones de personas ocurridas durante la última dictadura militar, comparando dichos crímenes de lesa humanidad con los abortos que se producen en nuestro país anualmente. Al mismo tiempo minimizaron, en una comparación perversa, las muertes de mujeres que se producen cada año por complicaciones de abortos clandestinos", se lee.
Las declaraciones de Amstutz fueron tomadas como una burla por parte de los militantes que apoyaban el Protocolo y que se habían agolpado en la Legislatura.
Por último, se exige al Gobierno de Mendoza que elabore los protocolos hospitalarios que clarifiquen el procedimiento a seguir en los casos de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el gobernador Francisco Pérez ya dejó en claro que no avalará esta medida.
(Fuente: El Sol Online, 16 de diciembre de 2012)
