(viene de la edición de ayer)
Las historias del tesorero
Según la historia oficial de la SIP, 1950 fue el año “más importante para la organización”. Fue precisamente en ese año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal y como la conocemos ahora, sin la participación de las pocas publicaciones progresistas que inicialmente habían sido incluidas en la Sociedad. A partir de ese año, se hacen claros los objetivos que la CIA conferirá al funcionamiento de la SIP en América Latina.
Pese a las garantías ofrecidas en Quito, los representantes de los órganos de prensa progresistas no fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso Interamericano de Prensa. A algunos se les negó la visa de entrada a Estados Unidos bajo la acusación de ser comunistas. Cuando se quejaron ante los organizadores, Wallace les ignoró, indicándoles que la visa había sido negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse ante el gobierno.
Hubo incluso quienes llegaron hasta el aeropuerto de Idlewild, sólo para ser detenidos y devueltos por las autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del FBI. Tal fue el caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien representaba al periódico Noticias de Hoy, pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera vez consecutiva, y por esta misma condición viajaba con pasaporte especial.
En una narración sobre este suceso, titulada “Crónica de una New York entrevista”, Rodríguez cuenta cómo fue retenido en Ellis Island, tildado de peligroso por su ideología, considerado “inadmisible” en Estados Unidos, ignorado por la comisión organizadora del congreso y depositado por el FBI en una aerolínea venezolana que lo devolvería a Cuba. En esa crónica, Rodríguez describía con detalles las razones por las cuales a los gestores de la nueva SIP no les interesaba su presencia:
¿Por qué se me excluyó del Congreso?
Se sabía muy bien que yo iba a New York a denunciar todos los casos de violación de la libertad de prensa en América. Los organizadores norteamericanos obrando al dictado de Washington, querían condenar sólo a un grupo, cargando la mano a aquellos gobiernos que no tienen el beneplácito del State Departament. Para mí Videla es igual a Perón, y la Junta Militar Venezolana no es menos culpable que Prío.
En segundo término se temía —y hacían bien en temerlo— que yo utilizara la tribuna del Congreso para protestar contra la vergonzosa intromisión del embajador de Estados Unidos en México, Mr. Thurton, en la libertad de prensa mexicana, a la que pretendió dictar una política de sometimiento a los intereses de Washington.
Estos hechos han sido denunciados por el ilustre periodista don Martín Luis Guzmán y por más de sesenta escritores mexicanos.
Por último no se quería que yo pusiera de nuevo en debate la tesis mantenida en Quito: la “libertad de prensa” en Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes empresas. Estas son las conclusiones a que arribó desde 1947 una comisión de expertos nombrada por la Universidad de Chicago, y pagada por el ultraconservador Henry R. Luce, de la revista Time, y por la Enciclopedia Británica. Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom Wallace —que presidió el Congreso de New York— me contestó airado que quienes tal cosa decían eran “un manojo de tontos”. De esa manera calificaba nada menos que a Robert Hutchins, canciller de la Universidad de Chicago; a Archibald Mc. Leish, subsecretario de Estado; al profesor de Economía en Columbia, John M. Clark; al profesor Arthur M. Schlesinger, de Harvard, y a otros conocidos intelectuales yanquis. Pero, como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los investigadores universitarios son “tontos”; sin embargo, aunque sabemos que en el Senado de Estados Unidos hay una buena dosis de tontos, no son tantos como para formar mayoría. Y fue la mayoría la que en el informe de la Small Plants Comité, corroboró las ideas de que son verdaderos monopolios los que rigen la prensa americana.
Para impedir que se plantearan estas cosas se me retuvo en Ellis Island. Pero además, los organizadores yanquis tenían un propósito adicional. Pensaban dar —y dieron— un golpe de estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo ilegal. Establecieron —arbitrariamente— el voto por publicaciones dando una artificial mayoría norteamericana. Arrebataron a Cuba la sede permanente de la Sociedad para radicarla en New York. Han destruido, en resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa como entidad independiente, transformándola en un simple aparato político al servicio de los objetivos internacionales de Estados Unidos. Para hacer esto les estorbaba la presencia de algunos delegados. Yo les resultaba especialmente indeseable. (Rodríguez, 1950).
En efecto, antes de la conferencia del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un voto dentro de la Sociedad , independientemente de la cantidad de órganos de prensa afiliados. El cambio de estatutos permitió tumbar el esquema “un país, un voto” y sustituirlo por “cada publicación, un voto”.
En un intento por maquillar este golpe, la historia oficial de la SIP señala que hasta ese año, las conferencias de la organización se celebraban bajo los auspicios del gobierno del país anfitrión, con lo cual “las delegaciones se limitaban a sentarse y a votar por países, y los miembros no siempre eran periodistas”. De acuerdo al lenguaje oficial, fue entonces para evitar estos “patrocinios” y hacerse “independiente” que se tomó la decisión de modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con la mayoría[2]. Es de suponer que estos 424 votos componen “el pequeño grupo de editores y directores de periódicos” estadounidenses que se habían sumado a la SIP en 1946, de acuerdo con los historiadores oficiales de la patronal.
Es por ello que Vera, en una entrevista ofrecida recientemente insiste en que, desde 1950 hasta nuestros días, hay una libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de los recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia imperial: “Por eso digo que hay una mentira organizada y hay una verdad dispersa. Hay una mentira organizada, porque hay una estrategia imperialista y no hay una verdad organizada porque no tenemos todavía una estrategia antiimperialista. Eso funciona milimétricamente”.
Voces dignas contra la SIP
El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que representaba a los periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la organización, integrada por los grandes medios impresos conservadores de la región —marcadamente proestadounidenses— y guiada por intereses imperialistas y empresariales, pero no periodísticos.
Este malestar incubado en América Latina se puso de manifiesto en la conferencia siguiente, celebrada en 1951 en Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la SIP y suscribieron el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los propietarios de los medios se habían abrogado la función de determinar donde había o no libertad de prensa, cuando los que tienen derecho a ello, además de la sociedad, son los periodistas.
Tras manifestarse en contra de este secuestro, el Acta de Montevideo indicaba que era preciso el nacimiento de una organización que agrupara verdaderamente a las asociaciones de periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran siendo usurpadas por los dueños de los grandes medios[3].
En su libro “Breve historia de la SIP”[4], el periodista Gregorio Selser registra entre las voces que se alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva reclamó que el cambio de estatutos aprobado en Nueva York violaba las normas más fundamentales de la organización, “dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista”.
Otero Silva denunció además como tendencioso un informe de la SIP en el cual “mientras se le dedicaba 80 ó 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas”.
En ese mismo informe, continuaba Otero Silva, aparecía el tirano nicaragüense Anastasio Somoza “como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento” y se colocaban como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos. Mientras tanto, “daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar”, afirmaba indignado el escritor venezolano.
En este libro de Selser, citado por el periodista José Steinsleger, aparece otro testimonio de denuncia contra la SIP , proveniente de sus propias filas. De acuerdo con Selser, en 1958 uno de los ex presidentes de la SIP , el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-1959), director de El Universal, renunció a la organización cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, en Estados Unidos. Con esta acción, para Lanz Duret, “ la SIP iría a depender, a todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana”.
Más recientemente, en el año 2000, una posición similar tuvo que ser adoptada por el diario uruguayo La República y la revista Posdata, los cuales hicieron pública su renuncia a la organización empresarial, al enterarse que el antiguo director de prensa de la dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo Arbilla, había sido nombrado presidente de la SIP.
La carta de renuncia a la SIP , firmada por el director de La República , Federico Fasano Mertens, y fechada el 24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus principales objetivos declarados “defender la libertad de prensa”, constituía un insulto a la conciencia democrática de los pueblos americanos. “Su designación al frente del organismo que pretende velar por la libertad de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo antes dicho, el diario La República tiene el alto honor de renunciar, formal y públicamente, como miembro de esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente”, concluía la misiva.
(continua en la edición de mañana)
