La crisis política que estalló en Santa Fe por la investigación sobre el denunciado involucramiento de la cúpula policial en el encubrimiento de actividades de narcotráfico, revela la fragilidad de la gestión local frente a una cuestión crucial para la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Más allá de la marcha de la indagación judicial, de las cuestiones procesales y de la libertad provisional concedida al ex jefe de Policía, lo que queda claro es que en ese distrito opera una amplia y descontrolada red de distribución de la droga signada por la impunidad.
Como los hechos impactan de lleno a una provincia gobernada desde 2007 por una coalición que se autodefine "progresista" e incluso "socialista", y en tanto tiene además a un ex gobernador, Hermes Binner, como anunciado candidato presidencial, la imbricación política de la causa es inevitable. Esa virtualidad es la que aprovecha el oficialismo local para invocar el argumento favorito de otras figuras opositoras, como el porteño Mauricio Macri: serían víctimas inocentes de una presunta voluntad del gobierno nacional de desprestigiar a sus rivales.
Tras esa brumosa interpretación se intentan diluir las responsabilidades propias frente a lo que no son hechos puntuales sino parte de un amplio fenómeno de degradación de la política de seguridad que, poTr acción y omisión, aplicó la gestión provincial. Se arguye, por caso, que no fueron alertados de las investigaciones de la Policía de Seguridad Aeronáutica, pero, si así fuere, ¿es posible alegar ignorancia, tras años de gestión, sobre una red de distribución de estupefacientes de la magnitud que venían denunciando los familiares de sus víctimas?
Lo que queda a la vista es un modelo de gestión incapaz de asumir la resolución de los conflictos complejos con energía y audacia. Obviamente el narcotráfico es una fuerza delictiva poderosa, con una capacidad corruptora que puede impregnar la vida de un país entero y el involucramiento de las fuerzas de seguridad fortalece ese poder y lo torna más deletéreo. Justamente por eso, enfrentarlo exige una voluntad política inquebrantable, acorde con lo que está en juego y frente a situaciones de riesgo no resultan las actitudes contemplativas, la ilusión de que la situación no estalle y que el clamor de las víctimas sociales no llegue a los diarios.
La pusilanimidad política y la concepción de que es mejor eludir los conflictos que enfrentarlos, es incompatible con el necesario ejercicio efectivo de la autoridad delegada por el pueblo al momento de elegir a sus representantes.
En los últimos años, la Argentina ha avanzado sustancialmente en vencer, uno tras otro, los obstáculos que impedían avanzar en la conquista de la democratización económica, política y social. Cada uno de esos avances se fundó en la acumulación de consenso activo y movilizado, y ello mereció la condena de la corporación mediática y la resistencia de gran parte de la oposición, que ve en cada medida gubernamental una decisión autoritaria, por incuestionables que sean sus fundamentos. Es que, en el fondo, se trata de restaurar un Estado subordinado, con un gobierno deslegitimado, quebrado en su voluntad política y atrapado por las reglas del establishment, la primera de las cuales señala que los gobiernos no deben meterse con los negocios privados.
El ejercicio de la política y de la gestión con un sentido progresista exige una alta capacidad de intervención, y dentro de ella, las políticas de seguridad como una construcción social que requiere de la participación de toda la sociedad, de la justicia y de los distintos poderes estatales. Pero si falla en los controles de la probidad y responsabilidad de quienes ejercen a diario y en las calles la represión del delito, habrá dinamitado su propia base, allí donde las vidas tienen el valor que el Estado es capaz de garantizarles.
El gobierno santafesino dice sentirse atacado por el Frente por la Victoria por razones puramente políticas, y hasta hay quien denuncia supuestas intenciones de intervenir la provincia. Pero lo que está en juego es menos el prestigio de un candidato o de una fuerza política que la necesidad imperiosa de que el poder político local, dotado de plena legitimidad por obra de la voluntad popular, reaccione con energía y eficacia para evitar la paulatina colonización por el narcotráfico de vastas zonas institucionales.
Erigirse en víctima de la situación remite, en cambio –y peligrosamente–, a la connivencia, si no con el delito, sí con sus devastadoras consecuencias sociales.
(Oscar González integra la Confederación Socialista Argentina y esta nota fue publicada en Diario Tiempo Argentino del 10 de noviembre de 2012)
