El monopolio mediático tiene razón cuando dice que el 7/D no va a pasar nada; como corresponde legalmente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) deberá esperar hasta las dos primeras horas del día hábil siguiente -el lunes 10 de diciembre a las 9 hs-, para comenzar de oficio, con el proceso de adecuación -que claramente determina el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)-, de la única corporación de medios (el Grupo Clarín), que hasta el momento no ha presentado un plan de adecuación.
Y todo indica que no lo va a hacer. Su historia de los últimos 35 años, justamente desde que la Dictadura Cívico Militar que encabezaron José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, le cedió (no se sabe a título de qué porque no existen recibos de pago) parte del paquete accionario de la firma Papel Prensa (PP) propiedad de la familia Graiver, este grupo empresario se movió por un andarivel distinto al resto de los ciudadanos de a pié, basado en el poder que le otorgaba el manejo de la agenda periodística de la Argentina a través del alineamiento editorial que le posibilitaba la fabricación y distribución monopólica del papel para diarios, y la información que le brindaba la empresa Impripost -de su propiedad compartida en un 50 % con la firma Techint (http://goo.gl/B2Td9), con la impresión de los resúmenes de las tarjetas de crédito de todos los bancos.
El pasado 30 de agosto, en la sede de la propia empresa, frente a altos funcionarios de la misma, y con la presencia de editores de diarios de distintas provincias que integran la Comisión Federal Asesora (CFA), de periodistas de diversos medios capitalinos, y ante las cámaras del programa “Bajada de Línea” que conduce el periodista Víctor Hugo Morales por canal 9 (http://www.youtube.com/watch?v=4ez2Z1KlRkE), el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, efectuó una grave denuncia: “José Pirilo, que estuvo sentado en este directorio porque representaba y era el dueño de La Razón, denunció en la Justicia Federal que el Sr. (Héctor) Magnetto extorsionaba a los jueces federales, haciéndose enviar un resumen de gastos de los jueces y fiscales que excedían sus ingresos mensuales”.
Denuncia pública
“Después, -continúa el secretario de Comercio Interior-, afirmaba que (Magnetto) se hacía mandar a un anónimo, citaba al fiscal o juez en cuestión le decía mire el anónimo que recibí, pero yo entiendo que una persona honorable como Ud. no puede estar haciendo esto, el juez o el fiscal decía ´de ninguna manera` , y el hombre (Magnetto) decía, claro, a estos anónimos no se le puede hacer caso”.
Gastos administrativos
Como el motivo de la reunión en la sede capitalina de PP, entre sus gerentes y asesores contables, y la CFA, era para discutir un aumento del precio del papel, que la firma había elevado a dicha comisión para su aprobación, y ésta no lo avaló dado el elevado nivel de gastos que presentaba la empresa productora de papel, muy por encima de la media que tienen firmas de similar envergadura, Moreno, al fundamentar ese excesivo nivel de gastos, se ocupó, entre otros, de mencionar las estructuras que presuntamente eran financiadas por PP.
Inteligencia
Al respecto, Moreno aseguró que: “la unidad de inteligencia que tenia (Papel Prensa), se dedicaba a investigar los ingresos de los jueces y fiscales federales y clink caja los guardaba, estaría incluidos (sus gastos) en el precio de venta del papel la unidad de inteligencia de PP. Esto lo tiene que investigar la justicia. La denuncia que estoy contando aquí, -afirmó Moreno-, la dijo ante el juez ¨ (José) Pirilo, y la firmó, después se murió, sorprendentemente”.
Además de la “Unidad de Inteligencia en el 7° piso, de este edificio” (SIC); el secretario de Estado denunció el sueldo del gerente general de $ 133.000; sueldos de los niveles gerenciales de $ 80.000; alquiler por más de 30 años de varios pisos en el edificio de la calle Bartolomé Mitre al 700, pudiendo utilizar espacios que posee en la planta de San Pedro, así como otros de carácter financiero mal utilizados por PP.
El que calla otorga
La exposición/denuncia del secretario, no mereció ninguna desmentida pública en ese momento por parte de los funcionarios de PP presentes, ni posterior, salvo la que este editor recibió del Sr. Eduardo Lomanto, en representación del diario La Nación, mediante una nota sin membrete y sin remitente, sólo con su firma y sello –que mucho se parecía a un apriete-, en la que niega que funcione o haya funcionado “una central de inteligencia del 7° piso del edificio de la calle Bartolomé Mitre 739, CABA, cuando no existen oficinas en dicho nivel, -pues el edificio tiene sólo 6 pisos-”.
Llama poderosamente la atención que una denuncia de tal envergadura y tamaño de escándalo hubiese provocado en un país como por ejemplo Inglaterra, como sí ocurrió allí con el caso de espionaje descubierto en el imperio mediático de Rupert Murdoch, que obligó a éste a cerrar el dominical News of the World , que cuenta con una tirada de 2,8 millones de ejemplares, la mayor del Reino Unido (http://www.lanacion.com.ar/1387619-murdoch), aquí en la Argentina, los dos principales medios gráficos y a la vez los dos principales accionistas de PP, no hayan salido públicamente a desmentir al secretario de Comercio Interior.
Tour “All inclusive”
Aunque sí esta semana salieron a desmentir la denuncia del Poder Ejecutivo contra el juez de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, Francisco Horacio de las Carreras, -que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos, de la Ley de SCA-, tras detectar que el Grupo Clarín le obsequió el viaje a Miami.
El tour “all inclusive” del magistrado, fue pagado por una “Fundación muy Noble”, tal el eufemismo que utilizan algunos editores de diarios alineados con el monopolio, cuando se refieren a una supuesta organización filontrópica que paga sus gastos de avión, alojamiento y comidas, cuando viajan desde o hacia el interior, para asistir a las Asambleas de Adepa, entidad que el Grupo Clarín hegemoniza desde septiembre de 2003, cuando fue desplazado de la Comisión Directiva y de la Junta de Directores el entonces subdirector de La Nación, Claudio Escribano.
Zozobra
Después del 10 de diciembre, y a pesar de la adecuación a la Ley de SCA, Clarín seguirá editando su diario, y con la cantidad de señales que quede operando, seguirá siendo el grupo de mayor peso mediático en la región metropolitana, pero se estarán escuchando y viendo, cientos de nuevas voces, entonces la balanza ya no estará tan inclinada.
Para el monopolio, la preocupación no es sólo ésta; la mayor amenaza se la provocan dos causas que avanzan en la Justicia: la denuncia por lavado y evasión que lleva adelante el juez Federal Sergio Torres, y que el periodista Jorge Lanata publicara en junio de 2008 en el diario Crítica (http://goo.gl/wNaVQ), y la de traspaso de las acciones de PP, caratulada como delito de Lesa Humanidad, que hace más de dos años se la sacan de encima los jueces en cuyos juzgados se radica, y que finalmente la Cámara de Casación Penal el 14/08/2012 ordenó a la Sala III que sin más trámite defina el Juez que finalmente la tramita (http://goo.gl/I9Dmj). Pasaron más de dos meses y dicha Sala aún no se expidió. La Corte de Justicia de la Nación debería observar estos comportamientos en bien del prestigio local e internacional que el máximo Tribunal se ganó durante estos años sosteniendo la actual doctrina respecto a los juicios por Delitos de Lesa Humanidad.
(Jorge Déboli: Editor Periodístico; Secretario de la Comisión Federal Asesora -papel para diarios-; integrante de la mesa coordinadora de la Coalición por una Comunicación Democrática)