Difícil resulta a esta altura conocer cómo será el desenlace en términos judiciales del fallo Griesa, ahora suspendido. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York permite abrir el abanico de hipótesis a futuro con calma, sin la presión a que obligaba el fallo original del juez Griesa. Vale la pena avanzar en fórmulas, algunas conjeturas a futuro para orientar al lector sobre los posibles caminos a recorrer. Nos interesa en este análisis conjetural discurrir acerca de los efectos en la trama económico-social de nuestra sociedad, porque en ella va nuestro presente y futuro.
Un fallo final obligando a la Argentina a pagarles a los bonistas reclamantes la totalidad de sus acreencias supondría un costo tan elevado que tal solución carece de viabilidad. Ello es así porque hay una cláusula de la reestructuración que obliga a nuestro país a pagar toda la deuda como si no hubiera habido quita, reducción de intereses y prórroga de pagos si alguien consigue mejores condiciones que las pactadas en los años 2005 y 2010. En este caso la salida resultaría en un corte del crédito internacional financiero (que ahora no se usa) pero probablemente no afectaría el de carácter comercial y los flujos del intercambio de bienes. Habría que considerar una firme posición negativa a reconocer el monto total de los 1300 millones de dólares reclamados. Y rechazar toda propuesta que signifique regresar al año 2001 ni a un despiadado ajuste. Entretanto, proseguir regularmente con los pagos actuales salteando cualquier medida de embargo parece ser la salida menos costosa para la sociedad en su conjunto y los bonistas buitres cobrarían los seguros que ya tienen para situaciones como la descripta (es factible que a eso, en realidad, apunten).
La otra opción es que los bonistas buitres –por resolución judicial– puedan entrar en una negociación con el gobierno encuadrada en los términos de la reestructuración del 2005 y del 2010, pero nunca con mayor compromiso de nuestras finanzas. Aquí la solución es la ideal y ya ha sido propuesta en la apelación.
Como se ve, en ninguna de las dos opciones aparece seriamente comprometida la economía real. Se repetiría, así, lo que nos pasó entre 2002 y 2005, cuando estuvimos en cesación de pagos, se entró en plena reactivación productiva y bajaron el desempleo y la pobreza. El crédito internacional estuvo cortado, pero ello no dificultó nuestro fenomenal crecimiento.
Debemos entonces, a nuestro juicio, descartar toda versión alarmista. Nadie nos puede obligar a pagar a estafadores el monto originario del valor de los bonos ni lo vamos a hacer –sólo lo han propuesto el diario La Nación por razones obvias y el Dr. Binner (sic) que no debe haber recibido asesoramiento solvente–.
Si hacen falta controles cambiarios, habrá que acentuar los que ya existen y si se necesitan recursos fiscales adicionales para remediar alguna dificultad financiera, hay suficiente margen de nuestra política tributaria para avanzar sobre los que tienen elevadas ganancias o disfrutan de irritantes exenciones impositivas, como las rentas financieras.
(Diario Tiempo Argentino, 29 de noviembre de 2012)
