La foto trucada de Moreno en un ataúd, con un tiro en la frente. A esos niveles llega el odio hoy. El “orgasmo” simulado de la presidenta, en una publicación realmente insólita por su mal gusto y atrevimiento.
Todo se puede hacer, en nombre de que el Gobierno –según quienes esto promueven– sería autoritario. Los que odian y envilecen la vida cívica nacional, creen hacerlo teniendo derecho. Ellos creen que es una especie de respuesta ante lo que entienden que sería atentatorio por parte de quienes, con todos los requisitos institucionales y legales del caso, gobiernan hoy la Nación.
Muchos de los que así piensan rechazan también a las Madres de Plaza de Mayo. Debieran, sin embargo, advertir su ejemplo ético.
No solo asesinaron a sus hijos a sangre fría; los secuestraron, los apresaron clandestinamente, los torturaron hasta lo indecible, tiraron sus cuerpos a sitios donde no se los puede visitar, donde no se los puede llorar. Todo eso se les hizo. Sin embargo, ni las madres ni otros parientes de los asesinados han actuado haciendo justicia por mano propia. La brutalidad ajena no da derecho a la brutalidad propia. Se han realizado juicios, se ha hecho justicia por la vía correspondiente, pero no se ha atropellado los derechos de quienes actuaron en los extremos más impensados de la barbarie y el terrorismo de Estado. Nadie mató a los matadores, ni asesinó a los asesinos.
El Gobierno nacional garantiza actualmente la libertad de expresión; quien quiera se manifiesta en su contra, por escrito, por radio o televisión, y también en la calle, así como hay muchos que se han expresado y se expresan diariamente a su favor. Que cada quien se manifieste libremente es una garantía democrática que el Gobierno simplemente acata, pero que no todos los gobiernos han acatado. Por el contrario, durante la dictadura tales garantías se redujeron a su mínima expresión, y hubo más de 100 periodistas asesinados en la Argentina, además de absoluta censura antes y después de cualquier emisión de mensajes en los medios masivos.
Pero igualmente hay quienes, por convicción o por efecto de campañas que se han desatado, creen que hoy el Gobierno atropella sus derechos. En tal caso, tienen la libertad de manifestarse, y así lo han hecho.
Pero no tienen derecho, en cambio, a pedir que la presidenta se vaya. Esta ha sido elegida por las vías legales, y si alguien piensa en reemplazarla, deberá apelar a modos legales de hacerlo, no al golpismo ni a la desestabilización. No hay en ninguna parte derecho a atropellar la voluntad colectiva ni el voto mayoritario. Menos aún –creyendo que el Gobierno sería odioso– a llamar públicamente a que la presidenta se muera, un extremo de absoluta pérdida de límites, a la que algunos se han acostumbrado aprovechando el anonimato cobarde de un mal uso de las redes sociales. En 1952 tuvimos el “Viva el cáncer”, ahora el “Néstor, volvé y llevátela”, como ejemplos extremos del exabrupto y la provocación.
Hay todo el derecho a reclamar y disentir. Pero hay que mostrar cualidades morales que hagan creíbles a quienes lo hacen, que legitimen su protesta. El odio desenfrenado, el pedido de muerte, los símbolos nazis en las manifestaciones, están por cierto fuera del espacio de lo democrático y de cualquier modalidad civilizada de convivencia.
La mayoría de quienes se han manifestado contra el Gobierno casi seguramente es ajena a esos excesos inadmisibles. Pero sin dudas que hay quienes a propósito agitan el paño, pretendiendo usar la ingenuidad de otros con finalidad de producir cualquier forma de agitación violenta, a fines de lanzar una espiral de desórdenes que produzca un quiebre institucional, cuyas consecuencias –de producirse– serían enormes, trágicas y prolongadas para todos los habitantes de la Nación.
