El canciller advirtió que el gobierno evalúa apelar a la justicia internacional y aun a las Naciones Unidas por la retención del buque.
Héctor Timerman anunció ayer que la Argentina no negociará con los fondos buitre la liberación de la Fragata Libertad –detenida por orden judicial en Ghana el 2 de octubre– y que, por el contrario, evalúa apelar a la justicia internacional y "de ser necesario" a la Organización de las Naciones Unidas.
El canciller habló en la Casa Rosada de la postura argentina frente a la detención de la embarcación. "Argentina mantiene todas las opciones abiertas en el ámbito de la justicia internacional y, de ser necesario, concurrirá ante las Naciones Unidas. Negociar con los fondos buitre no es ni será una de esas opciones", aseguró. También le reclamó al gobierno de Ghana que "asuma su responsabilidad". "La República Argentina ha ratificado al gobierno de la República de Ghana que continuará exigiendo que asuma su responsabilidad en la detención de la Fragata Libertad ", dijo. "Dicha medida –añadió–, es un acto ilegal, ya que el buque de guerra goza de las inmunidades que la propia República de Ghana reconoce en las diversas convenciones internacionales de las que es signataria."
El canciller citó, como amparos legales a favor de la posición argentina, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar y la Convención para la Unificación de Ciertas Normas Relativas a la Inmunidad de los Buques de propiedad del Estado.
El gobierno ghanés deslindó las responsabilidades en el juez que ordenó la detención de la fragata a raíz de un planteo de los fondos buitre que le reclaman al Estado argentino el pago de deudas (que, en su momento, se negaron a renegociar). Para Timerman, ante un caso de este tipo, el gobierno africano debería actuar más allá del magistrado. "La acción del juez ghanés, violatoria del derecho internacional, compromete la responsabilidad internacional de Ghana, y sienta un precedente que vulnera los derechos de todos los países, cuyas naves militares navegan con el convencimiento y la seguridad que los países respetarán sus inmunidades. Cabe recordar que el Estado ghanés es responsable en el ámbito internacional del accionar de todos los poderes de ese Estado, incluido su Poder Judicial", argumentó.
Además, el canciller recordó la paradoja de que los fondos buitre solicitaron el embargo de la fragata en Ghana sobre la base de una orden judicial emitida en Gran Bretaña, pero jamás intentaron hacer la misma solicitud "con los bienes argentinos que cuentan con inmunidad en Gran Bretaña". En sintonía, subrayó: "Ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni el pueblo argentino aceptarán negociar la soberanía nacional atacada por un poder económico que opera desde guaridas fiscales, y cuyas principales víctimas son los pueblos de América Latina y África".
El caso de la fragata ya generó cuatro bajas en la Armada: la titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, Lourdes Puente Olivera; el almirante Carlos Alberto Paz al cargo de jefe del Estado Mayor General de la Armada; el secretario general de la fuerza, almirante Luis María González Day, y el director general de Organización y Doctrina, comodoro de marina VGM Alfredo Mario Blanco.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 20 de octubre de 2012)
