• Con fecha 9 de Noviembre de 2010 la CSJN se expidió desestimando el reclamo interpuesto por la multinacional Minera Alumbrera Ltd. en 2007 contra la pretensión de la Aduana argentina de eliminar la exención al pago de tributos a la exportación de sus productos. Este fallo es histórico, marca una tendencia, y revierte la “estabilidad fiscal” otorgada por el menemismo con la reforma de la ley de minería (ley 24196) y el otorgamiento de la concesión prebendaría a la trasnacional minera por 30 años. Si bien no se agota el reclamo nacional contra la entrega del patrimonio. Aun quedan pendientes puntos sustanciales de aquel acto antipatriótico, como la autorización para explotar a cielo abierto contaminando las aguas catamarqueñas y la vida de los habitantes de Andalgalá, o los 16 años de exacción de oro, plata, cobre y otros minerales valiosos mediante el pago de una regalía miserable a la Provincia y a la Nación. Este contrato leonino, que incluye a la Universidad de Tucumán como socia menor a pesar de ser la titular del yacimiento, para lavar la cara de esta inicua acción saqueadora, no ha dejado nada más que desolación y muerte. La riqueza se la llevan los de afuera. Como diría Atahualpa, “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.
Un poco de historia
• El Yacimiento Minero Agua de Dionisio (YMAD), en Catamarca, fue descubierto por Abel Peirano, un farmacéutico radicado en Santa María, quien registró la propiedad a nombre de la Universidad de Tucumán. Su deseo expresado como legado, fue manifiesto. “Debe ser explotado para beneficio total del pueblo argentino. Quien ose entregarlo a grupos reducidos tendrá que dar cuenta al pueblo entero de nuestro país” dijo al constituirse en 1958 la sociedad estatal YMAD, con participación de la provincia de Catamarca, la UNT y la Nación.
• Pero la riqueza potencial era muy grande y la tentación y ambición llevó en varias oportunidades a poner en marcha intentos de privatización. Sobre todo en los gobiernos militares y liberales en la provincia y el país, a uno de los cuales le salió al cruce una ocupación pacífica de la mina por una delegación de la Izquierda Nacional, encabezada por el Cro. Abelardo Ramos, Cabral, Fossati, Fernandez Baraibar y otros, en el año 1972 que culminó con la cárcel y la expulsión de la provincia de los “okupas”. Se pudo frenar la conspiración del silencio para avalar la entrega del Gobernador de turno, Coronel Pernasetti, pero sólo por unos años. Ante el poder de la espada no era suficiente enarbolar el derecho constitucional sancionado en 1949 sobre el derecho inalienable e imprescriptible de la Nación sobre el subsuelo.
La privatización Menemista. La connivencia del poder de Catamarca
• Lo que no pudo el poder militar lo logró, al decir del compatriota boliviano Augusto Céspedes, “el cañonazo de un millón de dólares”, que elimina toda resistencia. Finalmente, mediante la reforma constitucional de 1994, la sanción de la Ley 24196, y el decreto Ley otorgando la concesión para la explotación minera del Yacimiento a Minera Alumbrera Ltd., una multinacional de capitales suizos- Xstrata Cooper-, y canadienses, -Goldcorp y Yamana- se alzó con el contrato.
• Llevaban bajo el brazo, como beneficio, la operatoria a cielo abierto, la contaminación ambiental para los nativos, la exención por 30 años de impuestos, las exportaciones de minerales sin control nacional, una línea de ferrocarriles privada y un puerto en San Lorenzo, en la Terminal 6, a su arbitrio y manejo, para la salida del “concentrado de minerales”. El contenido y el valor exportable no eran fijados por la autoridad nacional, sino por árbitros ingleses o franceses, especialistas no solamente en oro, plata y cobre, sino en devastar territorios coloniales ocupados y dejar tierra arrasada sin que siquiera se les sonrojen las mejillas.
• Todo a cambio de la promesa, incumplida, de mejorar la ocupación de mano de obra argentina, “aumentar el PBI provincial” (dichos del Gobernador Castillo en su mensaje…), el pago de una mísera regalía y una asociación en “ganancias potenciales”, surgidas éstas de registros contables llevados por el Concesionario, con auditores internacionales por ellos contratados para consagrarlos. Faltó solo la tasa de ganancia garantida, como en los contratos firmados para establecer los ferrocarriles ingleses a fines de 1800, denunciado por Scalabrini Ortiz, para completar el escándalo apátrida y cubrir de escarnio y vergüenza a los gobernantes entreguistas. El voto contrario a los candidatos del Frente Cívico en Andalgalá en las últimas elecciones, define la opinión popular sobre los “beneficios” que quedan para los argentinos, de la explotación minera concesionada.
Los cambios del Gobierno Nacional y Popular
• Desde la instalación del gobierno de Nestor Kirchner se produjeron algunas modificaciones en el régimen aduanero sancionado por la concesión menemista y otorgado por 30 años. La tendencia es clara en defensa de la soberanía nacional en todos sus aspectos. El control de los minerales, su composición, calidad y valor, es ahora certificado por el INTI en territorio argentino y no por árbitros extranjeros, y el control físico local se realiza por la constitución de una sede aduanera permanente en el puerto, con balanzas habilitadas y seguimiento nacional. Finalmente en el año 2007, por nota 2023 y 2040 de la Aduana, se gravan las operaciones con el 5 % haciendo caer una parte importante de la exención tributaria. La empresa multinacional apela la medida resguardándose en la “estabilidad fiscal” otorgada por la concesión e inicia controversia judicial. En Primera instancia, el Juzgado Federal hace lugar al amparo y la Cámara de Apelaciones revoca el fallo en 2008. Por último, en Noviembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia se expide avalando las resoluciones aduaneras nacionales y dando buen fin a una pieza de la disputa.
• Unos pocos números para dar magnitud y claridad. Si tenemos en cuenta las últimas exportaciones del “concentrado de minerales” en solo dos años -2009 y 2010- ascendieron, según declaración de los despachos, a la módica suma de 1000 millones y 1400 millones de dólares anuales, respectivamente. Solamente la recaudación para el fisco nacional por derechos aduaneros en este período suma la friolera de 120 millones de dólares, sustraídos de los jugosos bolsillos de los explotadores, sin contabilizar los montos de las exportaciones de bullón dorado y plateado, el mineral más puro que va por vía aérea, legal o ilegal. Y éste es solo un rubro de una provincia olvidada y escarnecida. ¡Cuánta historia, cuánta vida sin futuro, cuantos pueblos humillados por el saqueo desmedido de las corporaciones imperialistas, cuántos niños y jóvenes argentinos sin educación ni salud, o entregados al comercio de la droga, por la insaciable entrega y corrupción de unos pocos!.
• Esto es solo un inicio. Y lo aplaudimos. Pero la historia continúa y no debemos parar en la defensa del patrimonio nacional del subsuelo y la explotación minera no contaminante. No estamos en contra de la minería, ya que no habría industria moderna sin minerales. Ni Nación sin industria. Estamos en contra de los bandidos que toman a nuestro país como territorio a devastar para sus insaciables intereses lucrativos. Se están dando pasos adelante en la situación soberana frente a las corporaciones mineras trasnacionales. ¡Vayamos por más! Revisemos las concesiones y lograremos que el pueblo de Andalgalá y el pueblo de la Patria tenga definitivamente confianza en sus gobernantes, en sus leyes y en la merecida Justicia nuestra de todos los días.
(Febrero 2011)
