La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamó a la empresa propietaria del diario La Nación que se ponga al día con la deuda impositiva de $162 millones contraída a partir de un beneficio fiscal que la compañía usufructúa de manera indebida desde hace casi una década.
Se trata de una ventaja conseguida a partir de una medida cautelar interpuesta en la Justicia en 2003, ratificada por la Suprema Corte en 2009 pero sobre la cual todavía no se expidió en forma definitiva, aunque en 2010, la Procuración General de la Nación sostuvo que ese recurso extraordinario fue incorrecto.
Según el matutino porteño Tiempo Argentino, la apropiación ilegítima comenzó cuando La Nación dejó de cumplir con el requisito de no aumentar su precio de tapa, condición con la cual había accedido al programa dispuesto en 2001 por el gobierno de Fernando De la Rúa mediante el Decreto 730, en el marco de los denominados 'Acuerdos de Competitividad'.
Estos acuerdos permitían a las empresas incluir a las contribuciones patronales como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Durante la gestión del ex presidente Eduardo Duhalde, a través del Decreto 746 se prorrogó esta ventaja hasta julio de 2003, y sólo para los medios de comunicación, aunque se explicitaba la posibilidad de volver a extenderlo 'a fin de encontrar una solución alternativa'.
Trascurrido el lapso vigente en ese decreto, La Nación -aún habiendo incumplido la condición de no subir su precio de tapa- interpuso una medida cautelar, con el respaldo de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (Aedba), para lograr que el crédito fiscal de excepción siguiera en pie.
Apelaciones
En octubre de 2003, el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Osvaldo Guglielmino, admitió el amparo presentado por La Nación; pero cinco años después, en noviembre de 2008, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal revirtió ese primer fallo.
Sin embargo, la empresa apeló esa medida de segunda instancia y recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que en junio de 2009 volvió a darle vigencia a la cautelar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En tanto, en 2010 la Procuración General de la Nación sostuvo que fue incorrecto el recurso extraordinario otorgado al diario.
AFIP
Ante esta situación de indefinición, la AFIP solicitó inhibir los bienes del grupo privado, para asegurar un posible futuro cobro de la deuda, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los cálculos del ente recaudador, representa el 58% del patrimonio de la compañía.
La AFIP destacó que, frente a una situación similar, el Grupo Clarín sí reconoció el reclamo fiscal y accedió a incorporarse a la moratoria abierta en 2009 y saldar su deuda con el fisco.
También lo hicieron otros medios que habían incurrido en esta irregularidad, lo cual permitió que 66% de todo lo adeudado por este concepto fuera recuperado para las arcas públicas.
(Fuente: Télam)
